Estudiantes universitarios en un aula. Sevilla
Las universidades privadas de Andalucía tendrán que dedicar al menos el 3% de su presupuesto a becas y ayudas
La norma limita la contratación de profesores sustitutos, que no podrán estar más de dos años en un puesto.
Más información: La nueva ley andaluza de Universidades: se deberá acreditar un B2 y blindará las matrículas bonificadas
La nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) obliga a las universidades privadas de la comunidad a destinar al menos el 3 por ciento de su presupuesto anual para becas y ayudas al estudio.
Esta es una de las novedades que introduce la norma, que este miércoles ha aprobado el Consejo de Gobierno y el Ejecutivo andaluz quiere que llegue al Parlamento de Andalucía antes de final de año, según fuentes de la consejería competente.
La LUPA, además, establece un límite a los profesores sustitutos interinos. Solo podrán estar dos años, como máximo, cubriendo un puesto de trabajo. Hasta ahora no existía límite a esa vinculación laboral, señalan desde la Junta.
Hay más novedades. Una, esencial, señalan fuentes de la Consejería de Universidades, puesto que "blinda", señalan, el sistema público de la comunidad. Se trata de la imposición de que Andalucía dedique el 1 por ciento del PIB de la comunidad al sistema público.
Además, la nueva ley de universidades que sale este miércoles del Consejo de Gobierno, establece garantías para la transparencia de los centros públicos de la comunidad. ¿Cómo? Con la figura obligatoria de un interventor, así como un Consejo de la Transparencia en cada centro superior.
Idiomas
En cuanto a los alumnos, también hay cambios. El más importante es que, desde el curso que acaba en 2030, es decir, dentro de 5 años, deberán acreditar un B2 de un idioma extranjero. Hasta ahora, cabe recordar, los estudiantes podían recibir su título con un B1.
Además, la norma reconoce el derecho a la desconexión digital del alumnado así como la bonificación de matrículas como se venía haciendo en Andalucía desde 2018.
Los docentes, además, recuperan la figura del profesor ayudante y se permite trabajar como docente en la universidad y, a la vez, participar de proyectos estratégicos o transferencia de conocimiento en hospitales, juzgados o empresas.
La LUPA también entra en la gobernanza de las universidades, puesto que impone el sufragio universal a la hora de la elección del rector de cada centro. La Universidad de Sevilla, por ejemplo, aplica este modelo de elección de cargos por primera vez en 20 años. Desde ahora, como todos los demás centros, será la norma.
En el articulado también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores. Este reconocimiento por ley también se hace extensible a los remanentes no afectados, que son las transferencias de la Junta realizadas a las universidades públicas que no se han ejecutado.
Ese fondo, previa autorización de la Junta, deberá destinarse a inversiones y a financiar proyectos estratégicos en el ámbito de la investigación y la transferencia de conocimiento.
También en este capítulo, la norma asegura que el mantenimiento del patrimonio histórico podrá tenerse en cuenta en los planes de inversiones e infraestructuras de las universidades públicas como criterio de financiación.
En el ámbito de la gestión universitaria, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios, definiéndolos y estableciendo la necesidad de dotarlos de los recursos necesarios de carácter docente, de personal técnico y de administración, de infraestructuras y de servicios a la comunidad universitaria.
Coordinación
En materia de coordinación, se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades.
La ley universitaria "aumenta los requisitos" para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía con el objetivo de "reforzar la calidad y excelencia" del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público.
Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior.
Asimismo, la futura legislación propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación.
También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.
