El exdirector de la Faffe Fernando Villén y el exalcalde de Lebrija Antonio Torres en el banquillo de los acusados.

El exdirector de la Faffe Fernando Villén y el exalcalde de Lebrija Antonio Torres en el banquillo de los acusados. EFE

Andalucía

Lo que queda del caso Faffe 9 años después: 84 enchufes en la picota y 21 excargos de la Junta andaluza investigados

Sobre el que fuera su director, Fernando Villén, pesan dos condenas. Una por el gasto de 32.000 € en prostíbulos y la otra por contratar ilegalmente al exalcalde de Lebrija.

Más información: Condenan "el enchufe" del exalcalde socialista de Lebrija en la fundación de los parados: cobró 360.000€ sin trabajar

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Han pasado nueve años desde que la primera jueza instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, comenzara a investigar, entre otras macrocausas, supuestas irregularidades en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Aquellas primeras diligencias se han saldado con dos condenas para el que fuera su director general, Fernando Villén, pero aún queda tela de cortar.

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6, el mismo que regentó Alaya, sigue investigando 84 enchufes de familiares y conocidos del entorno del PSOE andaluz y a los 21 cargos de la entidad y empresarios proveedores que supuestamente lo permitieron.

Una de esas condenas de seis años de cárcel que pesa sobre Villén y su mano derecha es por la creación de una caja b y gastar hasta 32.000 euros de fondos públicos en prostíbulos.

La otra, de tres años y seis meses de prisión que se conoció el pasado miércoles, por contratar de manera arbitraria al que fuera alcalde de Lebrija, Antonio Torres, durante ocho años por un sueldo global de 360.000 euros sin acudir a trabajar.

Lo hizo de manera "ilegal e irregular por su sola voluntad, amistad y afinidad política", según reza en la sentencia. Por estos hechos, condena al ex primer edil a dos años y tres meses de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta y para el empleo o cargo público. Aunque no es comparable su puesto con el de los otros 84, la Audiencia ya ha condenado este primer caso de enchufismo.

Esta entidad fue creada en 2003 durante los gobiernos de Manuel Chaves para la formación de desempleados andaluces hasta que, en 2011, su sucesor al frente de la Junta, José Antonio Griñán, la disolvió e integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Llegó a tener alrededor de 1.200 empleados durante sus ocho años de existencia. Ahora el juez quiere saber si hubo más enchufes, además del del exalcalde de Lebrija. Para ello, el pasado mes de febrero amplió seis meses más la investigación en los que ha ido citando a todas estas personas en calidad de imputados.

Por esta causa, en concreto, el que fuera director de la Faffe se acogió a su derecho a no declarar. Sin embargo, el juez sostiene que hay indicios de que se llevaron a cabo "licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad, principalmente durante 2008, 2009 y 2010".

El juez sostiene que estas personas habrían participado en el supuesto amaño de contrataciones para obtener subvenciones para cursos de formación, así como en la colocación de personas allegadas al PSOE y a cargos directivos. Entre ellos, alcaldes, concejales o familiares.

El PP quiere conformar de nuevo, sería por tercera vez, la comisión del Parlamento de Andalucía que investiga las irregularidades en la entidad y que incorpore el avance de las pesquisas judiciales, con la idea de que comparezcan todos los investigados en esta causa.

La primera comisión comenzó su andadura en la Cámara andaluza en septiembre de 2018 bajo el gobierno de Susana Díaz, pero pronto quedó disuelta cuando Díaz convocó las elecciones en diciembre de aquel año.

El segundo intento se produjo en febrero de 2019, ya con Juanma Moreno como presidente, en la que llegaron a declarar los expresidentes Manuel Chaves y Susana Díaz.

También lo hizo Carmen Ibanco, la esposa del que fuera secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, como una de estas trabajadoras del Servicio Andaluz de Empleo y expersonal de la extinta Faffe.

Aseguró que entró a trabajar en 2007 porque vio un anuncio en el periódico y presentó su currículo. Unos meses después lo hizo ante los agentes de la UCO, aunque ahí se acogió a su derecho a no declarar.

Ahora, por tercera legislatura consecutiva, el PP quiere reactivar esta comisión incluyendo las novedades judiciales. Mientras tanto, el juez seguirá investigando hasta mediados de verano si la colocación de estas 84 personas en la entidad se hizo de manera regular.