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La Fiscalía sugiere que pedirá imputar al PSOE tras el 29-N y complica que Sánchez siga en Ferraz si pierde la Moncloa
El informe remitido al juez Pedraz subraya los indicios delictivos y aplaza la petición hasta que declare Cerdán.
Más información: Anticorrupción ve indicios para imputar al PSOE en la trama de la cloaca pero no lo pedirá hasta que complete las diligencias
La Fiscalía Anticorrupción sugiere que pedirá imputar al PSOE por el caso Leire, también llamado caso cloacas, tras las elecciones del 29 de noviembre y complica que Pedro Sánchez siga en Ferraz si pierde la Moncloa.
Antes de dar al Partido Socialista la condición formal de imputado, Anticorrupción considera que deben completarse diligencias documentales ya pedidas y otras como la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
El juez Pedraz recibió este jueves el informe de Anticorrupción y, si la posición de la Fiscalía de Alejandro Luzón es aceptada por el magistrado, lo que es habitual, el PSOE sería imputado tras las elecciones generales.
Anticorrupción ve indicios que apuntan a la responsabilidad del partido en las cloacas que dirigió Cerdán con Leire Díez como principal ejecutora.
La imputación del PSOE complica el plan de Sánchez de continuar como jefe de la oposición y secretario general del partido en caso de perder las elecciones del 29-N, tal y como apuntan todas las encuestas publicadas durante las últimas semanas.
Pedro Sánchez quiere permanecer en Ferraz tras la cita con las urnas, como jefe de la oposición frente a un posible Gobierno del PP y Vox.
Durante los últimos años, Sánchez ha ido colocando a exministros y a su círculo más cercano como líderes de las principales federaciones del PSOE.
Los poderes de María Jesús Montero en Andalucía, Diana Morant en Valencia, Pilar Alegría en Aragón, Salvador Illa en Cataluña, Ángel Víctor Torres en Canarias y Óscar López en Madrid aseguran a Sánchez el control de las principales federaciones ante una presumible derrota electoral.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), asiste a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada en la sede del PSOE en Ferraz. Efe
Sin embargo, la sugerida imputación del PSOE por Anticorrupción complica que Sánchez pueda mantenerse al frente del partido en ese escenario fuera de la Moncloa.
En el PSOE, tras conocer el informe de Fiscalía, siguen culpando de las cloacas a Santos Cerdán y respiran aliviados al conocer que se pospone la posible imputación hasta después del 29-N.
Ferraz temía la imputación del partido tras la petición del PP, que interviene en la causa como acusación popular.
No obstante, Anticorrupción desliza un escenario de difícil supervivencia política para Sánchez. El presidente del Gobierno sólo tiene ya una opción: volver a gobernar y continuar otros cuatro años en la Moncloa.
Sólo de esta forma podría superar que su partido fuera imputado por su responsabilidad en las cloacas de Santos Cerdán y Leire Díez.
Uno de los principales indicios delictivos que menciona Anticorrupción en su informe es el dinero que el PSOE pagó a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, vinculados a la cloaca.
Por ello, Anticorrupción pedirá la imputación del partido por haber financiado las actividades delictivas de Leire Díez contra jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
![Los casos de corrupción de Sánchez](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11343373.jpg?p=w:320\/h:240&h=J7Ss1Fqh"])
Los pagos de Ferraz
La investigación del caso Leire ha colocado los fondos del PSOE en el epicentro de la trama que buscaba neutralizar las causas que afectaban al Gobierno, el partido y el círculo de Pedro Sánchez.
El magistrado Santiago Pedraz atribuye a Santos Cerdán la dirección de esa estructura e investiga los contratos llevados a cabo por el PSOE que sirvieron para sufragar la trama.
Según un auto de Pedraz difundido en mayo, Leire Díez percibió al menos 43.225 euros por medio de empresas interpuestas.
Recibió cuatro cuotas mensuales de 4.000 euros (16.000 en total) a través de Zaño Sociedad Consultora, asociada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, y otros 27.225 euros por mediación del letrado Ismael Oliver.
Se estimaban en 188.225 euros los pagos bajo la lupa en ese momento. Además de las gratificaciones conocidas en favor de Díez y Teijelo, se sabe que se pagaron 20.000 euros relacionados con la periodista Patricia López para la propagación de contenidos beneficiosos para la estrategia de la trama y el partido que supuestamente se habrían camuflado bajo una campaña publicitaria para las Elecciones Europeas.
![sanchez-serrano1.jpg](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11312484.jpg?p=w:320\/h:240&h=HmbxphtD"])
El partido también abonó al menos 125.000 euros a Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán e investigado en este proceso. Su convenio estipulaba una tarifa de 250 euros por hora y entre 15.000 y 25.000 euros mensuales por asesoramiento y examen de litigios penales.
La actual gerente federal, Ana María Fuentes Pacheco, firmó ese encargo el 20 de enero de 2025, con vigencia desde noviembre de 2024. También rubricó el pacto con el bufete de Oliver, exdiputado socialista y antiguo defensor de Koldo García.
Ana María Fuentes declaró como investigada el pasado 9 de septiembre. Aseguró que Santos Cerdán era quien ordenaba los pagos y mantuvo que ella únicamente verificaba la disponibilidad de fondos, mientras los servicios jurídicos revisaban los documentos.
La gerente declaró que nunca conoció a Leire Díez. No obstante, reconoció que el PSOE continuó costeando sus viajes sin pedir justificaciones cuando ya se habían conocido públicamente sus actuaciones contra jueces, fiscales y guardias civiles.
Además, admitió carencias en los procedimientos internos: se aceptaban contratos verbales y las hojas de encargo podían formalizarse meses después del pago.
La UCO sostiene que dos de esas notas encubrían remuneraciones destinadas a la fontanera Leire y le imputa una posible falsedad documental.
![Leire Díez y Antonio Hernando](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11302372.jpg?p=c:1282:961:nowe:184:0\/w:320\/h:240&h=PDotkjQM"])
Oliver negó esa finalidad. Declaró que pagó a Leire para eliminar el rastro digital de su cliente Nervis Villalobos, exviceministro venezolano, y explicó que acordaron una retribución equivalente a la recibida del PSOE por asesorarlo sobre la llamada Operación Cataluña.
Entre los investigados relacionados con la formación se encuentran la citada Ana María Fuentes; Santos Cerdán, exsecretario de Organización; Gaspar Zarrías, exvicepresidente andaluz; Leire Díez, exmilitante y antigua concejal; Ismael Oliver y Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez en Ferraz y expresidente de Correos.
También está imputada Mercedes González, directora de la Guardia Civil y dirigente socialista. La situación de estos cargos es distinta de la de Cristina Narbona o Antonio Hernando, que fueron llamados a declarar únicamente como testigos.
El partido niega haber contratado servicios para retribuir a Leire Díez. Rebeca Torró sostuvo que los pagos correspondían a tareas de asesoramiento jurídico y consultoría.
La jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional. Efe
El asedio a Biedma
Una de las ramificaciones de las llamadas cloacas del PSOE es la destinada a acabar con la investigación judicial sobre el hermano de Pedro Sánchez.
La vertiente extremeña tenía un fin concreto: apartar a la juez Beatriz Biedma y frustrar la instrucción sobre David Sánchez. Un reciente informe de la UCO recoge una nota de Javier Pérez Dolset fechada el 2 de septiembre de 2024: "Destruir el procedimiento del hermano".
Según manifestó el empresario Joaquín Parra, Dolset buscó un contacto en Badajoz y habló con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. El 23 de agosto de 2024 crearon el grupo de WhatsApp "Vacaciones y Viajes", integrado por ambos, Leire y Parra.
![Vistiendo una corbata roja, Jesús Rocho, el líder del clan; con una pajarita negra, 'El Tutu', su yerno.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11357349.jpg?p=w:320\/h:240&h=BXDOE4dk"])
Este último expuso que Sáenz de Tejada propuso emplear la recusación de la jueza Biedma para paralizar la causa. También transmitió información recibida de un tercero sobre posibles seguimientos y sobre informadores atendidos gratuitamente por el exjuez, algunos investigados en procesos de Biedma.
La UCO examinó 99 vídeos relacionados con la magistrada o con el caso del hermano del presidente que Tejada publicaba en su canal de YouTube. La defensa de la magistrada denunció que algunos aludían al colegio de sus hijas y anunciaban "sorpresitas".
Cintia Rocho, miembro del clan Los Ronchos, declaró a los agentes que Sáenz de Tejada le dijo que había que "eliminarla" y añadió: "A palos aprende el burro". La testigo explicó que interpretó una intención de causar daño físico y rechazó colaborar.
![De izquierda a derecha, el clan de 'Los Rochos', donde aparecen 'El Tutu' y Jesús Rocho; en el centro, la juez Biedma, instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; en la derecha, la agenda de Leire Díez del 25 de marzo de 2025 con las anotaciones relativas a la magistrada pacense, y debajo, Leire Díez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11357330.jpg?p=w:320\/h:240&h=Cvqw3hNA"])
Pedraz admitió a Biedma como perjudicada y este jueves la magistrada relató la "angustia" sufrida. Según le comunicaron en el colegio, un hombre se presentó como su secretario y después como su hermano —pese a no tener secretario ni hermanos varones—.
También contó que un abogado le habló de vídeos de ella desayunando y de sus hijas jugando. Además, afirmó que los agentes de la UCO le comunicaron una orden de remitir los atestados a sus superiores antes de entregarlos al juzgado.
Biedma se opuso y exigió que informasen únicamente a su órgano judicial. La magistrada precisó que nunca habló con Leire y desconocía si estaba detrás de los videos de Sáenz de Tejada.
