Una voluntaria de Cruz Roja abraza a un menor llegado en patera, en Puerto del Rosario (Las Palmas). EFE
España cerró 2024 con 16.041 menas bajo tutela de las comunidades autónomas, un 25% más que el año anterior
La mayoría de los menores no acompañados llegados el año pasado son marroquíes (1.834), malienses (1.190), argelinos (1.006) y senegaleses (687).
La Fiscalía General del Estado alerta del "aumento exponencial de entradas de migrantes por la costa, muchos de ellos de mayoría de edad dudosa".
Más información: El Gobierno 'preacuerda' con Canarias llevar a la Península a 1.000 menas solicitantes de asilo "en un máximo de 15 días"
España cerró 2024 con 16.041 menores extranjeros no acompañados bajo tutela o acogimiento de los servicios autonómicos de protección. Eso supone un crecimiento del 24,5% respecto al año anterior (12.878) y del 40,5% en comparación con 2022 (11.417).
El repunte, el más importante de los últimos años, constata el aumento continuado de la llegada de menores a territorio nacional en los últimos años.
Del total de menores inmigrantes llegados a España el año pasado, el 83,8 % son niños (13.438) y el 16,2 % niñas (2.603). Así lo refleja la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. El informe se ha hecho público este viernes en el acto de apertura del Año Judicial.
Según este documento, se mantiene la tendencia al alza de la llegada de menores extranjeros no acompañados por vía marítima, en pateras u otras embarcaciones frágiles.
Un total de 5.922 menores alcanzaron nuestro país por ese medio durante 2024. La cifra supera tanto los 2.375 que llegaron durante 2022, y los 4.865 menores de 2023.
Se trata del mayor salto anual de la última década. El dato reabre por sí solo el debate sobre la capacidad de las comunidades autónomas para la correcta tutela de estos menores sin un refuerzo inmediato de medios.
La Memoria de la Fiscalía refleja un incremento notable de la llegada de niñas, 631, cifra que casi triplica a la registrada en 2023: 238.
Según los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado, la mayoría de los menores registrados en los centros de acogida el año pasado son de Marruecos (4.393), Senegal (2.379), Mali (1.794), Ucrania (1.688), Argelia (1.449) y Gambia (1.471).
Con respecto a los datos de los menores que llegaron a España solo en 2024, el mayor número eran marroquíes (1.834), a diferencia de 2023, cuando la nacionalidad predominante fue la senegalesa.
Tras los menores marroquíes, los más numerosos en llegar ese año fueron los malienses (1.190), argelinos (1.006) y senegaleses (687).
"Aumento exponencial"
El 27 de septiembre de 2024, Álvaro García Ortiz acordó asignar a la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado las funciones para coordinar las actuaciones con las que se determina la edad de las personas extranjeras indocumentadas y no acompañadas.
Hasta entonces, este trabajo había correspondido a la Unidad de Trata de Personas y Extranjería.
En la memoria se destaca el esfuerzo que, por parte de todas las fiscalías, en general, y las de Canarias en particular, se ha realizado para solventar el incremento de estas labores.
Durante el 2024, se ha experimentado "el aumento exponencial de los expedientes de determinación de edad, derivados de la intensificación de entradas de migrantes por la costa, muchos de ellos de mayoría de edad dudosa". Esta situación comenzó en 2023 y todavía continúa.
![Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, en el puerto de La Restinga (El Hierro), tras el vuelco de un cayuco donde murieron siete personas, a finales de mayo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/06\/23\/espana\/politica\/1003743818103_256728040_320x180.jpg"])
La llegada masiva de menores no acompañados ha propiciado una encendida polémica a nivel político. El 25 de marzo de 2025, el Supremo emitió una medida cautelar dirigida al Gobierno: debía hacerse cargo de más de 1.000 menores no acompañados en Canarias que habían solicitado asilo —o manifestado su voluntad de hacerlo— y garantizarles el acceso inmediato al Sistema Nacional de Acogida.
Esta decisión supuso un cambio en la interpretación legal: aunque las comunidades autónomas gestionan la tutela de menores desamparados, cuando estos menores solicitan asilo entra en juego la competencia del Estado.
El Tribunal consideró la situación “insostenible” y exigió que se garantizara dicha acogida en un periodo de 10 días.
Ante los reiterados incumplimientos, el Supremo convocó al Gobierno a una vista pública (en mayo), solicitando informes detallados sobre los menores evaluados, los recursos disponibles y la gestión adoptada
En junio, el Tribunal advirtió al Ejecutivo de medidas coercitivas —incluidas posibles multas— si persistía el incumplimiento de lo ordenado.
Por ello, impuso plazos claros: en 15 días los menores debían ser admitidos al sistema estatal de acogida, y en 30 días las oficinas debían contar con los medios necesarios para tramitar las solicitudes de asilo de forma más eficiente.
El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el decreto para poder comenzar a distribuir los menores migrantes desde Canarias, fijando la capacidad de acogida de cada territorio.
