PSOE y PNV se salvan el uno al otro con la ayuda de Bildu: ni Chivite ni Barkos comparecerán en la comisión sobre Cerdán

El PSOE de Navarra y Geroa Bai han unido fuerzas en la comisión de investigación del Parlamento foral para blindarse mutuamente. Con el apoyo clave de EH Bildu, han evitado que comparezcan tanto la actual presidenta, la socialista María Chivite, como su antecesora en el cargo, Uxue Barkos.

La comisión, que arrancará en octubre, investigará presuntas irregularidades en contratos públicos firmados en Navarra en las últimas cuatro legislaturas, con el foco puesto en las conexiones entre la administración pública y Servinabar, empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

Las peticiones para que Chivite o Barkos respondieran en sede parlamentaria han sido rechazadas con los votos de los socialistas, Geroa Bai —la marca navarra del PNV—, el partido de Arnaldo Otegi y Contigo-Zurekin, la coalición que integra a Podemos e IU en la Comunidad Foral.

Tampoco comparecerán el exministro José Luis Ábalos ni Ramón Alzórriz, ex número dos de Chivite en el partido, cuya pareja trabajó para Servinabar.

La lista de vetos incluye además a la actual ministra de Inclusión, Elma Saiz, exconsejera del Gobierno de Navarra.

En cambio, sí deberán declarar Santos Cerdán, el exasesor Koldo García y el empresario Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE.

También han sido llamados a declarar el actual consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, tío de la presidenta navarra, y sus antecesores Bernardo Ciriza (PSN) y Javier Esparza (UPN).

También figuran altos cargos de Nasuvinsa, responsables del túnel de Belate, miembros de la mesa de contratación o la jefa de la Oficina Anticorrupción, Edurne Eginoa.

Vox ha solicitado un informe jurídico a los letrados del Parlamento de Navarra tras detectar que algunas de las personas citadas, como Francisco Iribarren —que dejó de ser consejero en 2007—, no encajarían en el objeto de la comisión.

A su juicio, Chivite y sus socios han retorcido el mandato parlamentario para diluir el caso Koldo, que ya es el caso Cerdán, y desviar el foco hacia perfiles ajenos a la causa del Supremo.

Las comparecencias arrancarán a mediados de octubre, una vez recibida la documentación solicitada a organismos como el Gobierno foral, la Cámara de Comptos o la Oficina Anticorrupción.

La comisión ha acordado citar a 40 personas, tras reducir a la mitad las peticiones iniciales. Se han aprobado 99 de las 179 votaciones celebradas en la sesión del martes.

Servinabar

De todos los contratos entre la Administración foral y Servinabar, cuatro fueron adjudicados durante la legislatura de Uxue Barkos (2015-2019), de Geroa Bai. Gobernó en coalición con EH Bildu e Izquierda-Ezkerra.

En concreto, Servinabar participó en la reforma del pabellón Navarra Arena, en la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra y en la construcción de varias viviendas de protección oficial.

Además, una sociedad con el mismo domicilio social que Servinabar, Alegure, obtuvo en esa misma etapa 2,6 millones de euros para levantar un colegio público en Arbizu.

Esta adjudicación correspondía a la entonces responsable de Educación, María Solana, en la actualidad consejera de RTVE a propuesta del PNV.

Gobierno de Chivite

Los otros contratos fueron otorgados durante el mandato de María Chivite, a partir de 2019. Dos de ellos, relacionados también con promociones de vivienda, fueron gestionados por Geroa Bai. Uno de ellos, además, cofinanciado con fondos europeos.

El contrato más relevante, sin embargo, es el de la duplicación de los túneles de Belate, adjudicado en diciembre de 2023 por un importe de 76 millones de euros. Se trata de la mayor obra pública en Navarra en la última década.

El contrato se llevó a cabo desde el Departamento de Cohesión Territorial, que dirige el tío de la presidenta, el también socialista Óscar Chivite. El procedimiento había sido abierto por su antecesor, Bernardo Ciriza, que abandonó el cargo meses después alegando "motivos personales".

La oposición vincula ahora esa salida a las advertencias de técnicos y a los votos particulares emitidos por tres miembros de la mesa de contratación que denunciaron posibles irregularidades en el proceso.

Todas esas adjudicaciones suman en total 86 millones de euros.