Rivera, en ese mitin de Rentería en abril de 2019.
Condenan a 23 radicales que reventaron el mitin de Albert Rivera en Rentería en las elecciones de 2019
Todos los procesados han reconocido esta mañana su implicación en los hechos ante el juez y han aceptado la condena impuesta por la justicia.
Más información: Cs denuncia que los abertzales de Ernai están detrás de los actos violentos de Rentería
Los 23 acusados por el asalto al mitin de Albert Rivera en Rentería, durante la campaña electoral previa a las elecciones de la primavera de 2019, han reconocido esta mañana su implicación en los hechos ante el juez y han aceptado la condena impuesta por la justicia.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la vista se ha celebrado este miércoles en los juzgados de San Sebastián. Los 23 acusados por el asalto violento al mitin del entonces presidente de Ciudadanos han reconocido este miércoles su implicación en los hechos y han aceptado las penas acordadas en sede judicial.
El caso se remonta a la campaña electoral de 2019, cuando un grupo de manifestantes trató de impedir por la fuerza la celebración del acto político mediante insultos, empujones, lanzamiento de objetos y bloqueo de accesos a la plaza pública.
Uno de los acusados fue inicialmente imputado por atentado contra la autoridad al agredir a un agente. La Fiscalía reformuló finalmente los cargos, aplicando el delito electoral como figura central.
En virtud del acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal, el tribunal ha dictado penas diferenciadas. 12 de los acusados han sido condenados a 12 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (2160 €), fraccionables en 24 mensualidades.
Por su parte, 10 procesados han recibido penas de seis meses de prisión, que han sido suspendidas por dos años con la condición de no reincidir. Otro de los acusados, al que se le acusaba de atentado ha visto rebajado el cargo a resistencia a la autoridad.
El último de los condenados deberá abonar además una multa adicional por agresión a un asistente, con responsabilidad civil por daños personales. El tribunal ha aprobado el fraccionamiento de pagos y la suspensión de las penas, tras constatar la conformidad de las partes. La vista se ha desarrollado con normalidad.
Los hechos se remontan al 14 de abril de 2019, cuando Albert Rivera celebraba en Rentería un mitin con su formación política. Allí, cientos de personas profirieron gritos, insultos vejatorios y gestos violentos contra los líderes de Cs y los militantes de dicho partido, así como hicieron caceroladas en las calles próximas al mitin del partido y colgaron lazos amarillos en fachadas.
A los pocos días Rivera, acompañado de la número dos de dicho partido para las elecciones europeas, Maite Pagazaurtundúa, llevaron a la Fiscalía General del Estado una denuncia por presuntos delitos de amenazas, injurias y odio por los actos violentos ocurridos el pasado domingo, 14 de abril, en Rentería (Guipúzcoa).
De ahí que en la denuncia presentada ante la Fiscalía se manifieste que "las múltiples amenazas vertidas contra el partido político puede llegar a herir la sensibilidad de la población creando un clima de miedo a expresar ideas políticas".
Aquel día, los agentes de la Ertzaintza tuvieron que cargar con material antidisturbios contra los radicales vascos que rodeaban la plaza. El presidente de Ciudadanos y el resto de dirigentes abandonarían más tarde el lugar en una furgoneta y varios coches, ante el hostigamiento de los simpatizantes de la izquierda abertzale.
Así las cosas, la fuerza policial tuvo que cargar contra los manifestantes para despejar la zona y permitir que los asistentes al mitin pudieran abandonar el lugar sin ser agredidos. "Fascistas kanpora (fuera), cobardes, asquerosos, hijos de puta" eran algunos de los gritos que recibieron los asistentes, los periodistas y los políticos aquel día.
Desde los balcones, donde varios edificios exhibían lazos amarillos de gran tamaño, ciudadanos advertían a los medios de comunicación de que "sin el permiso del pueblo no se puede grabar" o pedían que "se vayan a Valladolid", en medio de silbidos y caceroladas.
Terrorismo urbano
El procedimiento ha estado dirigido por el despacho Fuster-Fabra Abogados, con una amplia trayectoria en causas de terrorismo y violencia ideológica. Los socios Juan Ignacio Fuster-Fabra y José Carlos Velasco han liderado el caso desde el inicio, con un enfoque técnico y jurídico consolidado.
Fuster-Fabra Abogados ha intervenido en algunos de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas en esta materia, incluyendo los atentados del 11M, los ataques yihadistas del 17A en Barcelona y Cambrils, y causas contra los CDR, Tsunami Democràtic y la organización ETA. Su labor ha sido reconocida por entidades como la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que destaca su compromiso con la legalidad, la independencia judicial y la defensa de las víctimas.
En la denuncia de este despacho se señalaba que "los hechos ocurridos en Rentería no son un hecho aislado de concentración espontánea de personas descontentas con una idea o un partido político, sino que es una clara maniobra organizada desde el entorno de la izquierda abertzale Ernai (@ernaigazte), que se autodenomina Asociación Juvenil Revolucionaria de la izquierda Abertzale y que son herederos de Segi y Jarrai).
Los hechos fueron calificados por juristas y analistas como una expresión de terrorismo urbano o violencia política callejera, con resonancias de un pasado que la sociedad vasca ha tratado de dejar atrás, pero que aún resurge en determinados entornos radicales.
La admisión de culpabilidad de los acusados y la aceptación de las condenas implican el reconocimiento explícito de que su actuación no solo fue violenta, sino también encaminada a obstaculizar derechos fundamentales como la participación política y la libertad ideológica.
Fuentes jurídicas subrayan que, aunque parte de las condenas han sido suspendidas, el caso marca un precedente relevante al tratarse de un ataque dirigido contra el ejercicio de derechos fundamentales en plena campaña electoral. La violencia, en este contexto, no se interpreta como un mero altercado, sino como un intento organizado de coacción política.
A falta de sentencia firme notificada, la causa queda prácticamente resuelta y lanza un mensaje claro: la justicia no es indiferente frente a quienes intentan amedrentar el pluralismo político mediante la intimidación.
