
Un agente de la Policía Nacional, que porta una bandera de España, saluda a dos agentes de los Mossos.
Indignación policial por la entrega a los Mossos de extranjería y fronteras como si Cataluña fuera un Estado
"Primero meterán la cabeza con competencias compartidas, les tendremos que enseñar, pedirán más y en unos años se las quedarán en exclusiva", alegan los principales sindicatos.
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El acuerdo inminente entre Junts y el Gobierno por el que se delegará a los Mossos d'Esquadra las competencias de inmigración y extranjería es, para los agentes de la Policía Nacional, el caballo de Troya que anticipa la desaparición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
Según fuentes consultadas entre mandos de la Policía Nacional, ceder esas competencias tendría consecuencias irreversibles: "Si se lleva a cabo, es el fin del Estado".
A cambio de seguir dando su apoyo a Pedro Sánchez, Junts ha exigido que se entregue a los Mossos "plenas competencias en inmigración", y a la Generalitat, la capacidad de conceder los NIE (número de identificación de los extranjeros que residen en España, equivalente al DNI).
Esto supondría que la Policía autonómica asumiría en Cataluña todas las competencias que hoy tiene la Policía Nacional para el control de entrada y salida de extranjeros en fronteras, puertos y aeropuertos, la investigación de las redes de inmigración ilegal y el régimen sobre "extranjería, asilo e inmigración".
En todo el país, estas competencias están en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero el cuerpo más afectado por la exigencia de los separatistas será el de la Policía.
La paradoja, como apuntan desde el sindicato Jupol, es que la Policía autonómica no tiene absolutamente ninguna formación en esta materia. Por tanto, si el plan del Gobierno sigue adelante, los agentes que hoy realizan esa labor tendrán que enseñar a los Mossos todo lo que saben sobre esta materia para que luego asuman ellos la competencia.
"Lo que quieren no es quitarnos las competencias directamente. Han pedido una parte, tener acceso a los trámites de extranjería. La idea no es quitar todo de golpe porque no pueden. Van a pedir lo que quieren, como por ejemplo, empezar teniendo acceso a los datos del Registro de extranjeros. Pedirán algo para ir metiendo cabeza, y a partir de ahí, más y más", señala Iván Álvarez, de Jupol.
La Policía Nacional es la que gestiona hoy estos asuntos. "Cuando los Mossos detienen a un extranjero y se abre una investigación penal, siempre tienen que pasar por una comisaría nuestra para comprobar si esta persona está en situación regular o irregular y si tiene algún trámite de expulsión", añade Álvarez.
El propósito de Junts es que los Mossos "empiecen a tener el control de esas gestiones", para ir ampliándolo "de forma progresiva, hasta que en unos años acaben teniéndolo en exclusiva", señalan desde Jupol.
Agentes de la Policía Nacional y los principales sindicatos denuncian que transferir estas competencias es tratar a Cataluña como a un Estado, y que para poder hacerlo habría que modificar varias leyes e incluso sería preciso reformar la Constitución.
La fórmula
Sin embargo, la idea del Gobierno es emplear la misma fórmula que ha venido utilizando con otras competencias que ha cedido a Cataluña y el País Vasco. Sería una "delegación", de suerte que, formalmente, el Estado no pierde la competencia sobre la materia en cuestión.
El artículo 150.2 de la Constitución recoge la cesión, mediante una ley orgánica, de una competencia estatal a una comunidad autónoma. Toda ley orgánica requiere de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para ser aprobada. Pedro Sánchez fue investido con 179 votos, tres más de los necesarios, y Junts ya ha comunicado que quiere que esa mayoría de investidura apruebe esa "ley orgánica específica para Cataluña".
Falta conocer ahora la letra pequeña del acuerdo para saber cómo piensa organizar el Ministerio del Interior el control de fronteras, la tramitación del NIE o la entrega de los documentos, así como los procesos de expulsión.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también es muy crítico con la situación que se está generando. "No es solo ilegal, sino un delirio independentista que atenta contra la seguridad nacional. Por mucho que los independentistas intenten eliminar a la Policía Nacional de Cataluña, deben saber que no lo vamos a consentir. Estas competencias están blindadas por la Constitución Española, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley Orgánica de Extranjería", señalan.
A juicio del SUP resulta "inviable cualquier transferencia". Además, alega que, dado que España es parte del espacio Schengen, "el control de una frontera exterior no puede, bajo ningún concepto, quedar en manos de una Policía autonómica".
Desde el SUP avisan de que tomarán "todas las medidas legales necesarias para impedir este atropello" y reclaman que la seguridad de las fronteras no sea "moneda de cambio política".
Los agentes de la Policía Nacional en Cataluña hace tiempo que se quejan de las condiciones en que deben desarrollar su labor. Se sienten sin apoyo institucional y trabajando en condiciones cada vez más hostiles. "Es inadmisible que, en lugar de reforzar su presencia y garantizar su bienestar, el Gobierno mire hacia otro lado mientras intentan expulsarlos de Cataluña", señalan sus portavoces sindicales.
Por este motivo, otro sindicato, la Confederación Española de Policía (CEP), se concentrará este martes a las 11 de la mañana ante el Ministerio del Interior. Quiere denunciar la desaparición de los agentes de puertos y aeropuertos.
"La aritmética parlamentaria ha roto el consenso alcanzado durante décadas por distintos Gobiernos y provocará la salida de la Policía Nacional de esas instalaciones. La protección de la seguridad ciudadana pasará a ser asumida por Ertzaintza y Mossos d’Esquadra en unas infraestructuras críticas que, además, constituyen frontera exterior Schengen de nuestro país", asegura CEP.