La Guardia Civil luchará a ciegas contra las pateras: Marlaska le cierra la comunicación con Frontex

Esta decisión del departamento de Fernando Grande-Marlaska impide al Instituto armado acceder a información esencial del Frontex para desarrollar su labor, como los informes de inteligencia y de evaluación de riesgos sobre los flujos de inmigración ilegal procedentes del norte de África.

Algo que, señalan las fuentes consultadas con EL ESPAÑOL, dificultará extraordinariamente la tarea que desarrolla para detectar la llegada de pateras en Canarias y el Estrecho. Pero también complicará las labores de protección de fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, y las misiones internacionales en las que agentes españoles participan en países como Rumanía, Bulgaria o Grecia para luchar contra el crimen transfronterizo.

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El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ordenó en abril de 2022 poner en marcha el Punto Nacional de Contacto (NFPOC), que servía para canalizar la información procedente del Frontex a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Sin embargo, esta oficina de coordinación no se llegó a poner en marcha hasta el pasado 14 de julio, debido a que la Guardia Civil nombró a sus dos representantes, pero la Dirección General de la Policía Nacional nunca llegó a designar a los dos enlaces que le correspondían.

Finalmente, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería (que encabeza Elena Garzón, con Jaime Ramos como número 2) decidió el pasado martes cerrar esta oficina de coordinación. Desde ese momento, la Guardia Civil ha dejado de recibir los informes de inteligencia y evaluación de riesgos del Frontex.

Mandos de la Guardia Civil consultados por EL ESPAÑOL indican que esta decisión va a afectar gravemente a las labores que el cuerpo desarrolla para controlar la inmigración ilegal, como la Operación Índalo y la Operación Minerva.

Los "taxis patera"

La Operación Índalo se desarrolla en la costa española desde Alicante a Cádiz, con patrullas marítimas y medios aéreos para detectar la llegada de pateras. En los últimos meses se ha intensificado la presencia de las llamadas "pateras taxi", especialmente en zonas como Almería y Cartagena.

Carecer de las alertas e informes de inteligencia del Frontex debilita extraordinariamente a la Guardia Civil para luchar contra este fenómeno, indican las citadas fuentes.

En cuanto a la Operación Minerva, se desarrolla entre los puertos de Algeciras y Tarifa coincidiendo con la llamada Operación Paso del Estrecho (entre el 15 de junio y el 15 de septiembre), cuando se registra un intenso flujo de pasajeros entre la Península y el norte de África.

En el puerto de Algeciras, la Policía Nacional desarrolla las funciones de control de documentación y pasaportes (dentro de sus competencias de extranjería), mientras que la Guardia Civil mantiene la protección de las fronteras, también con medios aéreos y marítimos, con la colaboración de agentes del Frontex de diversas nacionalidades.

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Pero la decisión de Marlaska de cerrar a la Guardia Civil el acceso a la información del Frontex también puede afectar gravemente a la labor de protección de fronteras que agentes españoles desarrollan, en misión internacional, en países como Italia (la Operación Themis) y Grecia (la Operación Poseidón).

Durante los últimos años, ambos países se han visto desbordados por la inmigración ilegal, en parte debido a conflictos bélicos como el de Siria. Agentes españoles de la Guardia Civil también participan en misiones internacionales de protección de las fronteras terrestres exteriores de la UE en países como Rumanía y Bulgaria (con medios como vehículos equipados con cámaras de visión térmica, para luchar contra el crimen transfronterizo).

La decisión del ministro Marlaska también tiene una consecuencia económica: España puede dejar de percibir 1,3 millones de euros al mes de la Unión Europea, según ha denunciado la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. 

Se trata precisamente de la cantidad que España percibe de la Unión Europea por los medios empleados en estas misiones internacionales de lucha contra la inmigración ilegal (incluyendo las operaciones Minerva, Índalo y el dispositivo contra las pateras en Canarias). 

Puertos y aeropuertos

La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior cerró la oficina que coordinaba la información entre el Frontex y la Guardia Civil el pasado martes. Lo hizo el mismo día que entraba en vigor la Orden 859/2023 del ministro Grande-Marlaska, que entrega a la Policía Nacional las funciones de "seguridad interior" en puertos y aeropuertos (una labor que desarrollaba hasta ahora la Guardia Civil).

Dos de las principales asociaciones de la Guardia Civil, la AUGC y la Unión de Oficiales, ya han presentado ante la Audiencia Nacional un contencioso-administrativo contra la Orden que el ministro Marlaska firmó en la noche del viernes 21 de julio, apenas 24 horas antes de la jornada electoral del 23-J.

Ambas asociaciones consideran que esta Orden vulnera la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que asigna a la Guardia Civil la protección de fronteras (y por tanto, también el control de aduanas en puertos y aeropuertos), y a la Policía Nacional las competencias sobre extranjería (incluyendo la verificación de documentación en fronteras).