El empresario al que Interior da a dedo contratos en las cárceles fue condenado por el TS

La investigación de aquel caso partió a raíz de las denuncias de los universitarios de la residencia. Éstos se quejaban de la escasez de la comida que recibían. Un total de ocho personas fueron procesadas. Aunque, finalmente, sólo cinco fueron condenadas: además de los tres mandos militares, los dos empresarios que facturaban en falso los alimentos fueron condenados a un año y medio de prisión cada uno.

Entre ellos, este contratista que, pese a la condena, ha seguido obteniendo sin cesar adjudicaciones de la Administración General del Estado. En los últimos meses, como ha descrito este diario, ha recibido decenas de licitaciones de Interior, pese a que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) le abrió un expediente sancionador.

El alto tribunal confirmó la sentencia por delitos continuados de deslealtad y contra la hacienda militar. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, entre 2005 y 2009 los condenados falsificaron albaranes para que los empresarios cobraran 92.723 euros por alimentos no entregados, a cambio de beneficiar con regalos a los mandos.

Entretanto, la calidad de la comida para los estudiantes caía en picado. Las quejas se multiplicaron, hasta provocar que el Ministerio de Defensa abriera una investigación. Esta derivó en el proceso judicial que condenó a los mandos militares pero también a dos empresarios, uno de ellos Fernando Marín, el dueño de Plataforma Femar SL.

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El fallo del Supremo resaltaba el método delictivo: "El coronel M. A. solicitaba y obtenía de Plataforma Femar SL y Acacio SL, por sí mismo u ordenándolo a la jefa de hostelería, la entrega de bebidas alcohólicas como whisky y ron de reserva, productos alimenticios de gran calidad, como marisco, cañas de lomo, jamón y carnes selectas".

La sentencia destacaba la "gravedad y trascendencia" de los hechos, que terminaron propiciando una "revuelta de los residentes". Admitía el Supremo que el tribunal cuy fallo revisó llegó a aplicar una pena "muy inferior a la que correspondería para el delito (cuatro años y seis meses de prisión)".

Expediente

Como ya ha revelado este periódico, Plataforma Femar no ha tenido problemas estos años para obtener multitud de contratos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de Instituciones Penitenciarias y de organismos públicos a todos los niveles, desde ayuntamientos a ministerios, pasando por autonomías. 

Los datos del Registro Mercantil, consultados por EL ESPAÑOL, señalan que facturó en 2022 una cifra estimada de 40 millones de euros. En 2021 fueron 32. En los últimos cinco años, esta empresa ha recibido casi 75 millones de euros en 408 contratos públicos de la Administración General del Estado

De las Administraciones autonómicas ha recibido 294 adjudicaciones por valor de casi 32 millones de euros en el mismo período, y 154 contratos por casi 17 millones de euros de la Administración local.

El pasado diciembre, esta compañía fue expedientada por integrar un "cártel" para repartirse con otras compañías "licitaciones relacionadas con el suministro de alimentos a colegios, residencias y centros penitenciarios", entre otras colectividades.

Según la documentación a la que accedió EL ESPAÑOL, esta empresa fue expedientada por la CNMC, el organismo regulador independiente encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la competencia efectiva.

Pese a ese expediente, la empresa ha seguido recibiendo adjudicaciones sin cesar. Buena parte de las realizadas por el Ministerio del Interior desde diciembre, cuando se abrió el expediente sancionador, se han realizado por cifras en torno a los 14.999 euros, el que era entonces el límite legal hasta el cual se podían adjudicar contratos menores a dedo, sin concurso.

La mayoría de los contratos en ese período de tiempo se han tramitado a través de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), una entidad estatal adscrita al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Investigación abierta

Según la CNMC, lo que se investiga son "los posibles acuerdos y/o prácticas concertadas relacionadas con el reparto de clientes y con las adjudicaciones de licitaciones destinadas al suministro de alimentos a colegios, residencias y centros penitenciarios, entre otros; así como el intercambio de información comercialmente sensible".

La Comisión llevaba desde marzo de 2022 detrás de esta empresa y las otras integrantes del presunto cártel. Ese mes, entraron en las oficinas de la sede de Femar y las otras compañías con las que Interior y otras administraciones contrataban y han seguido contratando.

La CNMC realizó estas inspecciones tras haber tenido conocimiento de posibles "prácticas anticompetitivas". Estas prácticas consistían en "acuerdos para la manipulación y reparto de clientes y/o licitaciones convocadas en España para el suministro de alimentos".

Desde que este organismo abrió el expediente sancionador en diciembre, el periodo máximo de instrucción y resolución es de 18 meses. "La incoación de este expediente", decía la CNMC, "en ningún caso, prejuzga el resultado final de la investigación".