El Consejo de Europa pide a España que suspenda la cooperación con Marruecos en la frontera

El Consejo de Europa ha instado a España este miércoles a revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras y a que, en vista de la gravedad de lo ocurrido en el salto masivo de la valla de Melilla del 24 de junio de 2022 y en ocasiones anteriores, suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos.

Así lo ha reflejado la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa Dunja Mijatovic en su último informe, publicado este miércoles, con las conclusiones de la visita que realizó a España en noviembre. En dicho documento, Mijatovic se muestra especialmente dura en su diagnóstico de los hechos y reclama cambios radicales en la gestión de la inmigración, con énfasis en Ceuta y Melilla.

Mijatovic exige abiertamente al Gobierno que dé instrucciones a las fuerzas del orden para que actúen respetando los estándares internacionales de derechos humanos cuando detengan inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla (ciudades españolas en el norte de África), y eso incluye "una prohibición explícita" y con carácter inmediato de las expulsiones.

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Además, insiste en que España tiene "la obligación absoluta" de garantizar que cualquier persona que haya estado bajo su jurisdicción, una vez que es expulsada, no sea maltratada, torturada ni su vida puesta en peligro. Esta obligación no puede quebrantarse ni aunque la persona en cuestión haya intentado cruzar la frontera saltando la valla o infringiendo los cauces de entrada regular.

Marruecos maltrató a migrantes

La comisaria, que se refiere de forma repetida a los hechos del 24 de junio en los que murieron al menos 23 migrantes, varios cientos resultaron heridos y algunos se dan por desaparecidos, asegura que hay "informes consistentes" que prueban que Marruecos utilizó contra ellos la violencia, que fueron sometidos a graves maltratos y que "las autoridades españolas lo saben o deberían saberlo".

También alude al episodio de la entrada masiva desde Marruecos de más de 8.000 personas en Ceuta del 17 al 19 de mayo de 2021, 6.000 de los cuales fueron inmediatamente expulsados.

La responsable de los derechos humanos del Consejo de Europa muestra su preocupación porque, pese a que ya había escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle un examen de la cooperación con Marruecos "para prevenir futuras tragedias", considera que "no se han dado pasos concretos".

Aunque dice entender que España afronta con frecuencia "situaciones complejas" en la gestión de la migración dada la situación geográfica de Ceuta y Melilla y los flujos en dirección de Europa y estima que es urgente mejorar la solidaridad entre los Estados europeos, para España "es imperativo" que proteja los derechos de los refugiados, migrantes y demandantes de asilo.

Expulsiones en caliente

Insiste en que "las expulsiones en caliente tienen que cesar" y se tienen que sustituir por "una práctica que haga compatible el control de fronteras y los derechos humanos".

Porque aunque es legítimo cooperar con otros países para garantizar ese control, "eso se tiene que hacer respetando completamente todos los estándares internacionales aplicables sobre los derechos humanos".

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Además, subraya la importancia de que ese control de fronteras se haga con transparencia y rindiendo cuentas, lo que implica hacer una evaluación de las consecuencias de esa cooperación.

Mijatovic considera que, si se mejoraran los canales para presentar demandas de asilo en consulados y embajadas, y muy en particular facilitando el acceso para que los interesados en hacerlo llegaran hasta las oficinas que España tiene en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, eso podría reducir las tentativas de cruce irregular de la valla.

Entre otras cosas porque, por ejemplo, en su informe deja constancia, a partir de la conversación que tuvo con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, la mayor parte de las demandas que se registraron en el puesto de Beni Enzar, en Melilla, eran de personas que habían llegado a España de forma irregular.

Respuesta de España

En su respuesta al informe de la comisaria, el Gobierno de España hace algunas puntualizaciones. Por ejemplo, que las expulsiones en caliente no han sido censuradas ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni por el Tribunal Constitucional cuando las han tenido que abordar.

También pone de relevancia que tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía cerraron las investigaciones que habían lanzado sobre el salto de la valla de Melilla del 24 de junio. Y sobre todo, que el Ministerio Público la cerró porque llegó a la conclusión de que no había nada que reprochar a las fuerzas del orden.