La zona 'tensionada' de La Palma: familias que viven en 'containers' o tienen su casa bajo 30 metros de lava

Cerca de un centenar se aloja temporalmente es casas-contenedor que ha habilitado el Gobierno de Canarias para las familias desplazadas. Es mejor que estar en la calle, aunque los contenedores han comenzado a oxidarse y a veces el calor en su interior es asfixiante.

Otros afectados residen aún en hoteles o en casas rehabilitadas, gracias a la ayuda de la Administración. "Hay gente alojada en garajes, en caravanas, en barcos... o de prestado en casa de unos familiares. Donde antes vivían cuatro personas, ahora lo hacen 12", explica Esteban. La lava del volcán ha sepultado su casa y las de sus tres hijos.

Además de las viviendas destruidas, la erupción del Cumbre Vieja ha dejado dos pueblos fantasma: Puerto Naos y La Bombilla. Cuando se apagó el cono principal, la erupción abrió varias bocas en la costa, por las que todavía emanan gases tóxicos pesados. Como una suerte de Chenóbil, los residentes de estos dos núcleos no podrán regresar a sus casas hasta que los científicos certifiquen que ha cesado el peligro de estas emanaciones de gas.

También hay cientos de agricultores afectados: 272 hectáreas de terreno quedaron arrasadas por la lava. Donde antes había casas y cultivos, la colada se ha transformado al enfriarse en una corteza de roca viva, dura como el hormigón, en la que no puede plantarse ni una platanera ni un aguacate.

A varios metros de profundidad, la colada sigue aún caliente y tardará meses en enfriarse. Entre los agricultores afectados se encuentra Juan Carlos Rodríguez, de 47 años, que ha perdido una hectárea y media de plataneras agroecológicas. "La gente no quiere ayudas, quiere poder trabajar", afirma.

La Administración ha realizado un esfuerzo sin precedentes para ayudar a las cerca de 7.000 personas afectadas que no pueden regresar a sus casas.

El volcán Cumbre Vieja de La Palma, expulsando lava en los primeros días de la erupción. Europa Press

La colaboración de las distintas Administraciones ha permitido ofrecer indemnizaciones de hasta 100.000 euros a los propietarios que han perdido su vivienda, siempre que fuera la de uso principal: para cada propietario afectado, el Gobierno central aporta 60.000 euros, el ejecutivo canario otros 30.000 y el cabildo de La Palma otros 10.000.

Esta ayuda no puede superar el valor tasado del inmueble. Y de esta cantidad se descuenta la que hayan percibido del Consorcio de Compensación de Seguros los propietarios que habían asegurado su vivienda. De forma excepcional, se permitió que los palmeros que no lo hubieran hecho suscribieran el seguro cuando ya se había iniciado la erupción.

El Consorcio ya ha abonado 226,6 millones de euros por este concepto, mientras el Gobierno central ha abonado 569 ayudas por un importe total de 30,1 millones de euros, según explica Héctor Izquierdo, comisionado para la Reconstrucción de La Palma, el organismo que ha coordinado la ayuda de los 22 ministerios y el resto de Administraciones implicadas.

Además de las citadas indemnizaciones, el gobierno canario ha repartido 12 millones de euros en ayudas de 10.000 euros para la compra de enseres de primera necesidad, como electrodomésticos o ropa para el hogar.

Una vivienda sepultada bajo la lava en la zona de El Paso, La Palma. Europa Press

El Comisionado que dirige Héctor Izquierdo también ha distribuido ayudas de 594 euros al mes, para las familias que han tenido que alojarse en un hotel o en una casa de alquiler. 

Pero no todos han recibido estas ayudas. Aunque nacida en La Palma, Jany tuvo que abandonar la isla a los 18 años para estudiar Comercio Exterior en Tenerife, donde trabaja actualmente como administrativa del Servicio Canario de Salud. 

"Mi padre fue uno de los palmeros que tuvieron que emigrar a Venezuela, donde regentó un restaurante", explica a este diario Jany, que tiene 57 años. A su regreso a La Palma, su padre invirtió los ahorros en la compra de una casa y una finca de 2.600 metros cuadrados, que Jany ha heredado, en la que cultivaba desde hace tres años aguacates.

Tras la erupción del volcán, Jany estaba trabajando en un consultorio del Servicio de Salud, en Tenerife, cuando un político le avisó: "Veo que tu casa ya no está". Había quedado reducida a cenizas. La vivienda estaba asegurada desde 2007, por un valor muy inferior al real, por lo que sólo ha podido cobrar una indemnización de 54.000 euros, apenas la tercera parte de su precio actual del mercado.

Manifestación de afectados por el volcán, el 25 de febrero de 2022. Europa Press

Y no ha podido acceder a los 100.000 euros de indemnización establecidos por las distintas Administraciones, ya que desde su juventud reside en Tenerife, por motivos de trabajo: la casa familiar que ha perdido era su segunda residencia, heredada de sus padres. "Queremos volver a La Palma", dice Jany, "pero ya no nos queda nada".

Un caso similar es el de Esteban, que dividió su vivienda familiar de La Palma para construir tres pisos para sus hijos. Sólo una de las casas estaba asegurada.

Aún no ha visto un euro de las indemnizaciones ofrecidas por la Administración, porque los trámites burocráticos exigidos son interminables: "Cuando creía que ya había resuelto todo el papeleo, ahora nos piden que el secretario del Ayuntamiento certifique que la documentación que nos ha facilitado el Registro de la Propiedad es cierta", afirma, "nos han tratado como si fuéramos delincuentes".

Además de las cuatro viviendas, la familia ha perdido dos fincas de plátanos y un vivero de frutales, que ocupaban dos fanegas y cuarto de terreno: "Está todo destruido". Mientras subsisten del ahorro y del trabajo de sus hijos, se alojan de prestado en casa de un familiar.

Una vivienda sepultada casi por completo por las cenizas, en la zona de exclusión del volcán, el 17 de diciembre de 2021. Europa Press

La erupción del volcán ha golpeado duramente la economía de la isla. La destrucción de terrenos de cultivo, sepultados bajo la lava, ha reducido en una tercera parte la producción agrícola de la isla: más de 200 hectáreas se han transformado en suelo rocoso, en los que hoy no se puede plantar nada.

Se han visto afectados por esta situación cerca de 1.500 agricultores, que poseían pequeñas fincas de entre una y 10 hectáreas con plataneras, aguacates o viñas. El gobierno canario, que preside Ángel Víctor Torres, prepara un decreto por el que ofrecerá a los agricultores afectados la parcelación de sus terrenos, con el fin de unificar sus fincas y llevar a cabo una operación de regeneración del suelo. El ejecutivo autonómico confía contar con fondos europeos para ello. 

Juan Carlos Rodríguez, de 47 años, ha perdido bajo la ceniza una hectárea y media de plataneras. Y anuncia que se va a negar participar en la reparcelación que promueve el gobierno canario, porque teme que si lo hace no podrá volver a cultivar sus terrenos antes de 10 años.

"Se ha gastado mucho dinero en construir nuevas infraestructuras", afirma, "donde antes había un pequeño camino ahora han hecho una autovía tras la erupción. Pero las ayudas no están llegando a la gente, los comercios se quejan de que nadie gasta".

El comisionado para la Reconstrucción de la Palma, Héctor Izquierdo, admite que la reparcelación que promueve el gobierno canario sólo será posible si la aceptan la mayoría de los agricultores afectados, ya que debe ejecutarse mediante una permuta de terrenos.