Marlaska expulsó a 470 inmigrantes de forma ilegal en Melilla, según el Defensor del Pueblo

Un reciente informe publicado por el Defensor del Pueblo concluye que el Ministerio del Interior, departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, incumplió la ley al perpetrar las devoluciones en caliente de al menos 470 inmigrantes el pasado 24 de junio en Melilla. 

Las imágenes de la violencia y el caos de aquel fatídico día dieron la vuelta al mundo. Es ya conocido como el “viernes negro”. En la frontera perdieron la vida al menos 27 migrantes, número que puede ser mayor porque muchos heridos fueron expulsados a otras regiones. Para más inri, hay 64 desaparecidos, según esta ONG.

Ahora, la institución dirigida por Ángel Gabilondo, una vez analizada la documentación que le ha remitido Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, afirma que "se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales" que se suelen tener en estos casos.

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El Defensor del Pueblo continúa investigando a día de hoy las muertes por aplastamiento y la actuación de las fuerzas marroquíes. Hace unas semanas, esta misma institución revelaba que el Ministerio del Interior no le llegó a remitir la información que le habían solicitado sobre las muertes en el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio hasta el pasado 20 de septiembre. Es decir, hasta tres meses después de que ocurrieran los hechos.

Interior ya ha difundido un comunicado en respuesta al informe. Desde ese departamento aseguran que "todos los rechazos en frontera se realizaron dentro de la más estricta legalidad". Reiteran también sus "condolencias" a los familiares de las personas fallecidas y "lamentan la tragedia humana". Aseguran también respaldar firmemente el trabajo realizado por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en concreto por los efectivos de la Guardia Civil. "Reitera su solidaridad con los más de 50 agentes que resultaron heridos".

Además, Interior recuerda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos. Todas las solicitudes de protección internacional cursadas por las personas que accedieron a territorio nacional se están tramitando por los cauces legalmente establecidos en procedimientos con todas las garantías".

Segundo informe

Es el segundo informe que sentencia que Interior perpetró las expulsiones de manera irregular. Un informe de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la mayor organización no gubernamental en el país vecino, contradecía la versión de Grande-Marlaska, quien viene manteniendo que no hubo devoluciones en caliente durante la tragedia del 24 de junio en la valla entre Marruecos y Melilla.

El documento señalaba la violación de protección internacional por parte de las autoridades españolas, que "devolvieron inmediatamente a los solicitantes de asilo que cruzaron la barrera fronteriza".

La delegación de Nador de la AMDH estimaba que alrededor de cien solicitantes de asilo fueron expulsados inmediatamente después de entrar a Melilla, “en flagrante violación de la Convención de Ginebra”.

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Incluso, documentaba que "agentes marroquíes cruzaron las fronteras (a Melilla) para traer solicitantes de asilo en una abierta complicidad entre las autoridades de los dos países sin darles la oportunidad de solicitar asilo y de examinar sus solicitudes de forma individual según lo estipulado en la Convención de Ginebra sobre los Derechos de los Refugiados".

Gases lacrimógenos

La AMDH tiene veinte grabaciones, algunas no difundidas, que probarían “el uso de gases lacrimógenos y pelotas de goma por parte de la policía marroquí y la Guardia Civil española contra los solicitantes de asilo cuando quedaron atrapados en el paso fronterizo del Barrio Chino”.

Esta organización desacreditaba también al presidente Pedro Sánchez, que siempre señaló a las mafias como responsables de lo sucedido. El salto a la valla es “una inmigración libre a la que recurren los migrantes pobres, que no tienen lo que hay que pagar por el precio de la travesía marítima en barcos”, sostiene la AMDH.