Documento de la licitación publicada por el Ministerio del Interior.

Documento de la licitación publicada por el Ministerio del Interior. EL ESPAÑOL

España INTERIOR

Interior adiestrará a 300 policías para combatir ciberataques tras el fallo de seguridad de Pegasus

El Gobierno declara "de urgencia" esta contratación y reconoce que la Policía "no dispone de medios suficientes" para dar formación a lo agentes.

16 septiembre, 2022 03:00

Las ciberamenazas han llevado a las altas instituciones del Estado a buscar el modo de evitar fallos de seguridad, como los que propiciaron el espionaje con el programa Pegasus a los teléfonos móviles de varios miembros del Gobierno. Por ello, el Ministerio del Interior ha decidido empezar a formar ya este año a 300 policías.

Será un curso de 12 meses que se prolongará a lo largo de este curso 2022-2023 y que tendrá un coste de 405.000 euros. Se tramita en el marco de la ejecución de los fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según el dossier de la licitación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, al término del curso los agentes sabrán enfrentarse a las denominadas "Amenazas persistentes avanzadas (APT)".

Entre las principales APT figura el polémico Pegasus, programa de la empresa israelí NSO Group con el que fueron infectados los dispositivos del presidente del Gobierno y de los ministros de Defensa, entre otros, en plena crisis diplomática con Marruecos en mayo de 2021.

El contenido del curso ayudará a los policías a conocer el modus operandi de los hackers que utilizan esta clase de programas. También les ayudará a analizar las vulnerabilidades de las "infraestructuras críticas, desde el punto de vista de ciberdefensa".

A su vez, podrán combatir "ataques gubernamentales", lograrán analizar estos programas espía y los riesgos de cada institución. Aprenderán a utilizar mecanismos de detección y se familiarizarán con programas para detectar las intrusiones en diversos sistemas informáticos. Incluso podrán "identificar los diferentes tipos de ingenieros sociales: hackers, auditores de seguridad, cibercriminales, servicios de inteligencia, empleados descontentos, etc.".

"De urgencia"

El anuncio de esta contratación fue publicado el pasado 9 de septiembre en la Plataforma del Sector Público. El día 12, Interior firmaba una resolución para declararla "de urgencia"Esa misma jornada, en otro documento incorporado al procedimiento, el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía reconocía que la Dirección General del cuerpo "no dispone de medios suficientes para la realización del servicio contratado".

"Para lograr este objetivo es necesario la creación de un plan formativo específico que, debido a su especificidad y complejidad, desborda las posibilidades de la División de Formación y Perfeccionamiento e imposibilita asumirlo en solitario con los recursos disponibles", explica el mando policial en el documento.

Documento del Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía.

Documento del Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía. EL ESPAÑOL

"Por ese motivo se hace necesario contar con una institución ajena capaz de impartir la docencia de estas materias con la calidad y las garantías suficientes para el éxito de la iniciativa", concluye.

Dentro de los objetivos de la División de Formación y Perfeccionamiento está el proporcionar a los miembros de la Policía Nacional una serie de conocimientos metodológicos y tecnológicos avanzados sobre ciberinteligencia, técnicas de inteligencia y respuesta frente a las ciberamenazas.

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Resolución de urgencia firmada por Interior.

Resolución de "urgencia" firmada por Interior. EL ESPAÑOL

Caso Pegasus

La preocupación por la ciberseguridad está cada vez más extendida en las altas esferas gubernamentales. Los recientes acontecimientos relacionados con el software Pegasus parecían alumbrar la necesidad de mayor protección. Los principales expertos en en los servicios de inteligencia llevaban años alertando del peligro que podían suponer este y otros programas.

El caso estalló tras conocerse el espionaje autorizado judicialmente por el Tribunal Supremo a personas clave del independentismo. Días después, el Gobierno revelaba que los móviles de algunos de sus miembros también habían sido infectados por Pegasus. El espionaje sufrido por varios ministros y el presidente fue el argumento que utilizó el Gobierno para justificar el cese de Paz Esteban, la directora del CNI.

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Tras el estallido del caso, el Ministerio de Defensa decidió tomar medidas y sustituir 4.000 teléfonos móviles de su personal. Este paso llegaba sólo un mes después de que se anunciase públicamente el espionaje de los teléfonos del Gobierno.

Las Fuerzas Armadas comenzaban así una renovación al completo de sus dispositivos móviles por temor a nuevos episodios de dispositivos infectados con el software espía. Ahora, son otras instituciones las que se protegen ante futuras ciberamenazas.