El coche en llamas de la trabajadora de la prisión de Botafuegos, esta semana.
Funcionarios de la cárcel de Algeciras piden a Interior dispersar a los narcos: "Nos amenazan"
A varios funcionarios que deciden sobre los permisos les han aparecido quemados sus coches. Por eso suplican esa medida ante las "coacciones".
11 septiembre, 2022 03:37"Llevo muchos muchos años aquí y jamás había pasado algo así. Nos amenazan. Nos coaccionan. No queremos que los narcotraficantes cumplan la condena aquí. Que los alejen como a los etarras". La situación de la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz) ha llegado a tal punto que para muchos funcionarios la única solución que ven es la de exigir al Ministerio del Interior que traslade a los narcos allí recluidos a otras prisiones de la geografía española.
Una especie de dispersión penitenciaria como la que se mantuvo durante décadas con los terroristas de ETA es lo que imploran los trabajadores de una prisión que en los últimos años se ha ganado el calificativo, entre los funcionarios de prisiones, de "la cárcel del Narco".
Un porcentaje muy elevado de los delitos que se cometen en el Campo de Gibraltar están relacionados con el narcotráfico. Su población reclusa en su inmensa mayoría son autóctonos, pero también custodia a presos extranjeros de mucha entidad que han sido apresados en la comarca.
El perfil delictivo característico de esta prisión va desde internos arrestados por terrorismo yihadista, hasta traficantes de personas, detenidos por blanqueo de capitales, por tráfico de drogas e incluso miembros de clanes del crimen organizado de las mafias asentadas en la Costa del Sol.
Con este elenco de reclusos, los trabajadores empiezan a sentir inquietud ante graves y recientes acontecimientos. Hace seis meses el incendio del coche particular de uno de sus trabajadores constituyó la primera llamada de atención. Esta misma semana ha vuelto a ocurrir.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del Ministerio del Interior, las mafias del narcotráfico han vuelto a amedrentar a otro trabajador penitenciario quemando sus dos vehículos a la puerta de su domicilio. Sucedió la noche del lunes. El funcionario en cuestión pertenece a los equipos de la Junta de Tratamiento de la prisión. Ellos son los encargados de dar el beneplácito para que los reclusos gocen de permisos o accedan al régimen de tercer grado.
"Coacción de libro"
"Es una coacción de libro", denuncian trabajadores de Interior. Esa misma mañana, al conocer los hechos, la dirección del centro interpuso una denuncia que ya está siendo investigada por la Policía Nacional.
Desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) denuncian que en Botafuegos no disponen de "medios efectivos (inhibidores barreras electrónicas..) para combatir este tipo delictivo". "Falta formación específica en la lucha contra los delitos relacionados con el terrorismo yihadista y el crimen organizado así como medidas de autoprotección personal".
"En el centro de Algeciras pusieron hace 10 años unos inhibidores que ya no funcionan. Sirven para localizar teléfonos móviles, sobre todo Iphones que no se pueden desbloquear. Ellos hacen lo que quieren. Llaman lo dejan apagado y fuera", explican las fuentes consultadas.
Los vehículos calcinados.
De la misma opinión son en el sindicato ACAIP-UGT. Desde el centro les aseguran que se adoptarán medidas internas. "La pasa por el traslado a los presos relacionados con el narcotráfico a otros Centros Penitenciarios del país. Ahora no temen las consecuencias de sus conductas, ya no se conforman con las meras amenazas, se ha pasado a los hechos y traspasado líneas rojas".
La persona a la que le quemaron el coche esta semana tiene trato directo con los reclusos. La mayoría de ellos con delitos de narcotráfico en su historial. Cuenta con voz y voto a la hora de decidir si a un interno se le concede un permiso de salida. "Las casualidades no existen", insisten en ACAIP.
Móviles
Entre otras particularidades, Botafuegos en las prisión en la que se ha incautado un mayor número de teléfonos móviles en los últimos años. 690 terminales en el último lustro. Por eso a juicio de los trabajadores el agujero de seguridad es muy serio. A ello hay que sumar los drones incautados cuando sobrevolaban la verja del recinto para introducir droga y dispositivos electrónicos.
Los funcionarios han presentado innumerables veces datos, cifras y quejas al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. "El uso de drones desde el exterior, con el fin de introducir sustancias prohibidas en prisión, no es nuevo. La falta de equipos individualizados de protección del personal de vigilancia es generalizado, teniendo incluso que compartir los chalecos de protección entre los distintos turnos", denuncian desde TAMPM.
Por eso, en un recinto en el que aumentan las provocaciones, las amenazas, un centro "masificado" con una "acuciante y continuada falta de trabajadores", con medios electrónicos "obsoletos o fuera servicio", la solución que ven los trabajadores es sencilla. Por su seguridad y la de sus familias, Interior debería dispersar a los narcos de esa cárcel, al modo que se hbizo durante décadas con los terroristas de ETA.
