La Justicia revoca el tercer grado que Interior dio a un etarra que no pidió perdón a las víctimas

La Audiencia Nacional acaba de revocar el tercer grado que el Ministerio del Interior concedió el pasado mes de septiembre a Jon Crespo Ortega, preso de la banda terrorista ETA, por no hallar en él un "arrepentimiento expreso". La justicia tampoco encuentra una petición sincera de perdón a las víctimas en la carta tipo que el recluso envió a la Junta de Tratamiento y que fue dada por válida desde Instituciones Penitenciarias. 

Esta decisión tiene como consecuencia la regresión del etarra a segundo grado a la prisión en la que estaba, El Dueso (Cantabria), desde el centro penitenciario al que se le envió, el de Basauri (Vizcaya). El tribunal aduce que el miembro de la organización terrorista tan solo se reconoce como parte en los hechos y enmarca la violencia en lo que él define como un contexto de lucha política. No hay perdón para los damnificados en sus palabras. 

Aun así, Interior decidió otorgarle el tercer grado al etarra el 29 de septiembre de 2021. En la nota de prensa remitida a los medios de comunicación en septiembre para informar de ese traslado y de ese cambio de régimen penitenciario, de segundo a tercer grado, Instituciones Penitenciarias aseguraba que ya había cumplido "tres cuartas partes de la condena en agosto de 2021".

Argumentaban también desde Prisiones que había "aceptado la legalidad penitenciaria" y que había "comenzado a satisfacer la responsabilidad civil". Incluso señalaban que había expresado "su deseo de atenuar el dolor de sus víctimas mediante escrito en el que rechaza la utilización de la violencia y se desvincula de la actividad armada".

Nada de esto era verdad, a juicio de la Audiencia Nacional, que ha estudiado el recurso interpuesto por la Fiscalía y ha determinado finalmente que, en efecto, el etarra no se había arrepentido de verdad. Crespo, que llevaba 4 meses en la calle en tercer grado, tendrá que regresar al régimen cerrado.

Este nuevo varapalo a Interior se conoce tan solo unos días después de revelarse el demoledor informe de la Guardia Civil en el marco de la Operación Kabat, el cual detalla el canal de comunicación que el entorno de ETA había establecido con la cúpula de la cartera de Fernando Grande-Marlaska y su mano derecha en Prisiones, Ángel Luis Ortiz, con el fin de obtener todo tipo de beneficios penitenciarios para los etarras encarcelados.  

Esos contactos entre Interior, EH Bildu y los colectivos asociados a los presos de la banda terrorista ETA al ministro y a su hombre fuerte en el ámbito penitenciario, Ángel Luis Ortiz, en una situación muy comprometida.

El problema de las cartas tipo

El juez entiende no obstante que el riesgo de reincidencia de este terrorista resulta bajo. Eso sí, la problemática de esas misivas prefabricadas y genéricas para todos los etarras con las que vienen pretendiendo solicitar el perdón de las víctimas ya ha sido denunciado en múltiples ocasiones por las víctimas del terrorismo. En este caso, como en otros, la Audiencia asegura que el de Crespo es un perdón "genérico y superficial". 

Esa problemática se vio reflejada en la denuncia de las víctimas de las llamadas "cartas tipo", modelos genéricos empleados por los miembros de ETA para conseguir un trato favorable por parte de Instituciones Penitenciarias. Textos como el que reveló hace unos meses EL ESPAÑOL dan cuenta, para los damnificados por los atentados de la banda, de una sucesión de palabras huecas que ya fueron por primera vez reprobadas el año pasado por la Audiencia Nacional.

Antecedentes

En 2004, Crespo fue condenado a 5 años de prisión por delito de amenazas terroristas, por haber enviado el 17 de marzo de 2000 una carta amenazadora contra Ricardo Gutiérrez Solana, concejal del PP en Galdakao (Vizcaya) que fue distribuida entre todos los vecinos del edificio. En 2004 la Audiencia Nacional le condenó a cuatro años de prisión por incendiar el vehículo de un ertzaina en Galdakao, en mayo de 2001.

En 2006 la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó una condena de dos años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional por un ataque, en compañía de otras personas, con cócteles molotov contra la fachada de la sede del diario "El Correo Español el Pueblo Vasco", en Bilbao.

En 2008 fue condenado a cinco años de prisión por diversos actos de violencia callejera, cometidos durante las fiestas patronales de Galdakao (Vizcaya) en el 2000, que utilizaron material explosivo e incendiario.