El ministro del Interior, tras la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña este viernes.

El ministro del Interior, tras la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña este viernes. Europa Press

España INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Marlaska habla de "desinformación" pero oculta los datos de los terceros grados que da

Prisiones todavía no ha facilitado a este periódico la relación completa de presos que se han beneficiado del tercer grado con el actual ministro.

6 noviembre, 2021 07:01

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Tras días de silencio, en una semana en la que se han desvelado importantes detalles sobre la polémica filosofía aplicada por Instituciones Penitenciarias para conceder terceros grados a los reclusos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha alzado la voz para criticar las informaciones de las últimas jornadas.

Marlasha habló de "maldad", de "utilización política de la tragedia" y de "desinformación" para referirse a las revelaciones que EL ESPAÑOL y otros medios han publicado a raíz del caso del crimen de Lardero, en el que un menor de 9 años fue asfixiado, supuestamente, por Francisco Javier Almeida, ya condenado previamente por agresión sexual y asesinato.

En contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel, a Almeida, Prisiones le otorgó el tercer grado con un argumento de sólo tres líneas en las que se aludía a la "existencia de cierta evolución positiva", sin justificar tal apreciación.

La realidad es que tras más de una semana de peticiones, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias todavía no ha facilitado a este periódico la relación completa de presos que se han beneficiado del tercer grado durante el mandato del actual director de Prisiones en las cárceles de toda España. Y tampoco las circunstancias de aquellos a los que se les ha progresado a ese régimen de semilibertad con condenas inferiores a un año. Por estos últimos, Interior paga un plus de 'productividad' a los directores de cárceles. Tal y como reveló EL ESPAÑOL, esos incentivos económicos por proporcionar ese beneficio a tales presos podrían ascender hasta más de 2.000 euros anuales. Acuerdo de progresión a tercer grado de Francisco Javier Almeida.

Marlaska no ha querido explicar, tal y como detallaron este jueves los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, por qué se optó por otorgarle el régimen de semilibertad al presunto asesinode La Rioja cuando 6 de los 9 técnicos de esa Junta de Tratamiento se opusieron a dotarle de un régimen más laxo. 

Ofensiva parlamentaria

Tras arrremeter contra los medios de comunicación, Marlaska pidió "no generar desconfianza en las instituciones ni faltar a la realidad", antes de volver a trasladar su "máxima solidaridad y acompañamiento" a la familia del menor asesinado en la localidad riojana.

Mientras tanto, los partidos de la oposición se han movilizado ya para conocer cómo funciona Instituciones Penitenciarias desde que Ángel Luis Ortiz está al frente. Ello es así porque la política penitenciaria de Fernando Grande-Marlaska, que incentiva económicamente la concesión de terceros grados a presos, pudo facilitar la salida de prisión del presunto asesino del menor.

El Partido Popular, por ejemplo, indagará sobre el papel de Ortiz en la concesión del polémico tercer grado. Y por eso han exigido a través de un escrito remitido al Congreso de los Diputados todos los documentos de los internos de las prisiones a los cuales se les concedió tanto la progresión al régimen de semilibertad como otros beneficios de los que pudieran haber disfrutado durante los años de gestión de Ortiz. 

Responsabilidades

También en la Cámara Baja le pedirán que explique su filosofía a favor de aumentar exponencialmente los terceros grados, el principal régimen de semilibertad para los reclusos, y por los incentivos salariales fijados por clasificaciones más laxas de los presos, como desveló EL ESPAÑOL.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, la riojana Cuca Gamarra, ya ha registrado en el Congreso una pregunta directa al ministro del Interior, para la próxima sesión de control, y una interpelación urgente al Gobierno, para saber "qué responsabilidades va a asumir" Marlaska" por el caso de Lardero.

Asimismo, los sindicatos mayoritarios de funcionarios de Prisiones han exigido el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias. Le reprochan que fomente una "guerra de estadísticas" en torno al número de terceros grados concedidos a los presos, una filosofía "buenista" que, a su juicio, guía el proceder de la actual Administración.