La exministra de Asuntos Exteriores, a su llegada al juzgado.

La exministra de Asuntos Exteriores, a su llegada al juzgado. Europa Press

España CRISIS CON MARRUECOS

Laya se aferra a la Ley de Secretos Oficiales para no revelar quién ordenó la entrada de Ghali

El juez le ha preguntado hasta en tres ocasiones quién autorizó que el mandatario saharaui accediera sin control de pasaportes.

4 octubre, 2021 15:58

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La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, se ha negado a revelar quién habría orquestado con ella la llegada a España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en base a un acuerdo secreto aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010.

Fuentes conocedoras del interrogatorio revelan a EL ESPAÑOL que el juez Rafael Lasala, instructor del caso Ghali, le ha preguntado hasta en tres ocasiones quién autorizó que el mandatario saharaui accediera sin control de pasaportes por la base militar de Zaragoza.

Tras reiterárselo en sucesivas cuestiones, Laya respondió que no respondería acogiéndose a un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010, basado en la Ley de Secretos Oficiales.

Insistió la entonces titular de la cartera de Exteriores que el acceso del líder del Polisario se facilitó por una cuestión de humanidad. Su declaración redundó en torno a ese extremo, evitando dar más detalles ante las preguntas más comprometedoras del juez amparándose en ese acuerdo.

De ese modo, Laya no quiso contestar cuando el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza le inquirió acerca de la frase pronunciada por Camilo Villarino, mano derecha de la exministra, en su declaración como investigado en sede judicial: "Me dijo que se había tomado la decisión. No creo que fuera ella sola por sí y ante sí. El Gobierno no es un reino de taifas".  Nada dijo Laya al respecto.

El documento al que ha hecho referencia Laya en su declaración fue suscrito por el Consejo de Ministros el 15 de octubre de 2010. Se trata de un acuerdo secreto redactado en función de la Ley de Secretos Oficiales del año 1968, cuyo artículo 4 dota a ese órgano de Gobierno de la capacidad de convertir determinadas cuestiones en "materia clasificada" o reservada.

En ese acuerdo del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se decretaba que quedarían declarados secretos aquellas informaciones "cuya revelación no autorizada pueda dañar o poner en grave riesgo las relaciones diplomáticas con terceros países". Es a este asidero al que ahora se aferra la exministra para no revelar si alguien dio realmente la orden desde el Palacio de la Moncloa.

1 hora de declaración

Durante una hora estuvo respondiendo al juez Lasala. Se negó a responder a las acusaciones del caso, ejercidas por los abogados Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro. La exministra de Exteriores Arancha González Laya ha asegurado, después, a su salida del juzgado, que la entrada en España en abril de este año del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por la Base Aérea de Zaragoza, fue "de acuerdo con la ley".

"La entrada se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la ley. Espero que pronto el juez llegue a la misma conclusión", ha destacado ante los medios la exministra, tras su comparecencia para declarar como investigada.

En su declaración esta mañana ante el magistrado Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Laya ha reiterado que todo se produjo de manera acorde a la ley. El juez decidió investigar a la exministra tras escuchar la declaración de Camilo Villarino, su mano derecha, quien fue su Jefe de Gabinete y la persona que ejecutó directamente el cometido de gestionar la acogida de Ghali. Villarino señaló a Laya ante el juez, explicando que había recibido la orden directamente de ella.

La exministra Laya estaba citada en calidad de investigada por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado. También Villarino, su mano derecha, se encuentra bajo la misma consideración en esta causa judicial que, conforme su instrucción avanza, descubre nuevos implicados entre los más altos cargos del Estado.