La presidenta del Parlament dice que la Guardia Civil persigue "la disidencia política”

La nueva presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, ha decidido no asistir al acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de Guardia Civil en Barcelona aludiendo a "las prácticas que este Cuerpo, actuando como 'policía patriótica', ha llevado a cabo para perseguir la disidencia política".

En una carta que ha podido consultar EL ESPAÑOL, remitida a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, la líder de Junts per Catalunya asegura haber recibido la invitación para acudir al acto del próximo 10 de junio, cuando el coronel Antonio Pizarro de Medina se hará cargo de ese destacamento de manera oficial.

"Escribo la presente para darles a conocer que no asistiré. Como presidenta del Parlament, que es la sede de la soberanía del pueblo de Cataluña, me debo a las aspiraciones legítimas de la ciudadanía del país que defiende su derecho a decidir su futuro político", aseguraba en la misiva. 

La carta proseguía indicando que "las imágenes de la violenta actuación de los agentes del Cuerpo de la Guardia Civil durante el 1 de octubre de 2017 no se pueden borrar de nuestra memoria colectiva", en lo que los agentes de la Benemérita consideran otro ataque abierto hacia el cuerpo.

Borràs cree que los agentes del Instituto Armado son un "claro ejemplo" de un cuerpo que persigue al que piensa distinto, que le detiene por sus ideas políticas: "Son un claro ejemplo casos como el de Tamara Carrasco o los nueve CDRs, detenidos en el marco de la operación Judas, todos ellos ciudadanos de este país y víctimas de esta persecución política revestida de actuación policial".

En lugar de asistir a ese acto, ese mismo día Borràs acudirá a la entrega del 53º premio de Honor de las Letras Catalanas. La presidenta acudirá allí, dice, por "el bien de continuar dando soporte, como siempre he hecho, a la lengua y cultura catalanas".

Antes de declinar por completo y despedirse de la delegada del Gobierno, a la que se dirige en su texto, Borràs remata transmitiéndole "el deseo de que la actuación de este Cuerpo asuma los estándares democráticos que se esperan de una fuerza de seguridad de un Estado miembro de la Unión Europea".

También ha rechazado asistir a dicha toma de posesión el secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): "Es evidente que no iremos. La Guardia Civil es uno de los principales actores de la represión de ayer, hoy y de siempre. Que se vayan", asegura en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

Continuar con la labor de Forcadell

Borràs, candidata de Junts en las elecciones del 14 de febrero, es presidenta de la cámara catalana desde el pasado 11 de marzo. Al ocupar el puesto que en la anterior legislatura desempeñaba Roger Torrent, habló de la "guerra sucia del Estado contra Cataluña". Prometió proteger el Parlament de "cualquier injerencia exterior". Refiriéndose, en concreto, a la a su juicio injerencia "judicial".

También quiso remarcar que su labor sería continuista a la de Carme Forcadell, condenada por desobediencia y sedición y presidenta de la cámara cuando se perpetró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como la declaración unilateral de independencia.

A Forcadell el Tribunal Supremo la condenó a once años y medio de prisión, y sin embargo Borràs estimaba en una de sus primeras intervenciones que ese era el camino a seguir, el que años atrás, antes de acabar en la cárcel, había emprendido su antecesora: "Mi objetivo es continuar el trabajo donde ella lo dejó, porque ningún tribunal y ninguna cárcel nos hará renunciar a nuestras ideas".

Investigada por el TSJC

Borràs está además siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), después de que el Tribunal Supremo remitiese la causa allí cuando la dirigente de JxCat abandonó su acta en el Congreso de los Diputados, dejando así de estar aforada ante el alto tribunal.

La presidenta podría enfrentarse enfrentar a un proceso penal por cuatro supuestos delitos de corrupción —prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental— que supuestamente habría cometido en la etapa en la que fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes.