Sánchez impone su desescalada a la oposición y a las autonomías y abre grietas en el Gobierno

El presidente del Gobierno ha anunciado las líneas generales de las cuatro fases que componen el plan de desescalada apelando a una unidad de acción y coordinación con los diecisiete presidentes autonómicos y todos los alcaldes de España para llegar cuanto antes a la tan esperada normalidad. Sin embargo, Moncloa ha comunicado a la opinión pública la metodología que se utilizará sin informar previamente a las demás administraciones.

Al término de la comparecencia de Pedro Sánchez, los dirigentes autonómicos no sabían los criterios ni los marcadores sanitarios que habrá que cumplir para que una provincia o isla -la unidad territorial que impone el Gobierno para trabajar la desescalada- avance de una fase a otra. 

La indignación no solo recorrió los despachos de los líderes autonómicos y de los grupos de la oposición, que se enteraban de los planes del Ejecutivo al mismo tiempo que el presidente lo desvelaba en rueda de prensa a media tarde. Apenas un grupo reducido de colaboradores del jefe del Ejecutivo tuvieron acceso al plan.

Los veintidós miembros que conforman el Consejo de Ministros recibieron el documento de desescalada 10 minutos después de que se iniciara la reunión, que se alargó hasta bien entrada la tarde por la inconcreción del primer borrador y por la disparidad de opiniones sobre qué rumbo había que tomar para volver a la normalidad. 

"Citados a las 10.30, las carpetas no llegaron hasta diez minutos después", aseguran fuentes internas de la reunión. "Y en ellas simplemente había un esbozo de lo que después presentó por la tarde el presidente del Gobierno", critican desde su propio gabinete.

Los ministros estuvieron reunidos durante más de cinco horas y en sus intervenciones volvió a quedar patente la existencia de las dos almas que cohabitan en Moncloa. A puerta cerrada, se retiró a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, la responsabilidad de pilotar la desescalada. Su equipo ni siquiera fue consultado para el documento base, que se realizó en Moncloa.

Tras relegar a Ribera en mitad de la reunión se nombró un nuevo comité de desescalada que tendrá a Sánchez a los mandos. Finalmente, los detalles de cada fase se redactaron en la misma sesión del Consejo de Ministros, donde normalmente llegan los documentos ya trabajados y cerrados desde el departamento ministerial competente. El cónclave sirvió para agrandar las grietas que esta crisis ha provocado en el seno del gobierno bicolor.  

"Nos lo imponen"

En las Autonomías no han gustado ni las formas ni el fondo. El mensaje suena igual en todas las administraciones regionales: el Gobierno toma decisiones de forma unilateral y ni siquiera "se toma la molestia" en informar previamente de los acuerdos del Consejo de Ministros. 

Un presidente autonómico se queja en privado de que Moncloa opte por "aplicar su criterio sin tenernos en cuenta" en una situación excepcional como la que atraviesa España, en la que el Gobierno tiene que pedir prórrogas del estado de alarma cada quince días al Congreso de los Diputados.

"Nos imponen una desescalada por provincias cuando tenemos zonas sanitarias que exceden los límites de una provincia", se quejan desde otra Comunidad. "Nos enteramos de cada paso que da el Gobierno por ruedas de prensa. Es indigno, somos nosotros los que tenemos que aplicar el plan de transición, así es imposible que salgan bien las cosas", añaden. 

Por no contentar, Sánchez no consigue colmar ni las expectativas de los barones socialistas. En Aragón, el presidente Javier Lambán pedía empezar primero la desescalada por los municipios con menos de 5.000 habitantes, una propuesta que no ha sido atendida ni respondida.

Tras conocer el plan de Moncloa, fuentes del Ejecutivo aragonés reconocen que el proyecto "no atiende la singularidad del medio rural". Desde Aragón, tampoco consideran apropiado que la unidad de acción sea la provincia y no se divida el territorio por comarcas o áreas sanitarias. Tal y como está presentado el plan, consideran que "no se ajusta a la realidad". 

Para ejemplificar la "poca consideración" que el Ejecutivo ha tenido con los líderes regionales para trazar el nuevo rumbo, desde la jefatura autonómica de otra región destacan un detalle: el ministro de Sanidad, Salvador Illa, convocó a los consejeros autonómicos para esbozarles el plan de desconfinamiento a las seis de la tarde, la misma hora en la que el presidente del Gobierno informaba a todos los ciudadanos. "El documento llegó después", critican.

Antes de anunciar el plan de desescalada, el líder de la oposición, Pablo Casado, ya criticaba a Pedro Sánchez por no informarles de las líneas maestras del programa de transición que iba a aprobar este martes. Con esa actitud, el presidente del PP aseguraba que el presidente del Gobierno "difícilmente" puede "pedir lealtad" y "unidad" a su formación.

Nueva prórroga

Tras escuchar la comparecencia del presidente Sánchez, Teodoro García Egea adelantaba la oposición frontal del PP al plan de desescalada. "Ni GPS, ni timón, ni nadie a los mandos. Un Sánchez sin rumbo y recreándose en sus propios bulos dedica más de una hora a proclamar imprecisiones. No hay plan".

Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dejaba en el aire si su partido apoyará la nueva prórroga del estado de alarma a partir del 10 de mayo. "En fin, ya veremos", dijo al término de la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Casado se reservó su opinión para decírsela cara a cara a Sánchez en la sesión de control del Parlamento de este miércoles.

La mayoría de los presidentes autonómicos han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el plan impuesto por Moncloa. "Tenemos que estudiar bien el documento antes de criticarlo o ponerlo en valor", se justificaban desde los equipos de diversos presidentes autonómicos.

El popular Juanma Moreno fue el primero que se pronunció para revelar que Andalucía envió una propuesta completa de desconfinamiento y recordar que el Gobierno no le ha contestado. "Esperamos recibir información más clara y concreta".

Las Autonomías tendrán oportunidad de decirle al Ejecutivo qué piensan sobre este plan en un debate monográfico que se celebrará en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado.