ERC y Bildu aprovechan la cuarentena para intentar despenalizar los insultos al Rey y los ultrajes a España

Los independentistas vascos y catalanes se han unido en el Senado para pedir por ley la despenalización de las injurias a la Corona y los ultrajes a España, justo cuando el país atraviesa la mayor crisis sanitaria de su historia reciente. El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, a instancias de las senadora Laura Castel i Fort, Mirella Cortès y el senador Gorka Elejabarrieta han presentado una proposición de ley a la Mesa del Senado para que su propuesta se debata en el pleno de la Cámara Alta.

Según la exposición de motivos de la propuesta, los firmantes piden al Estado "superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona desde un concepto de sacralización de la imagen del rey y de su familia". 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado de inmediato al conocer la noticia. "En mitad de una epidemia; con el parlamento cerrado; los medios sin preguntas; los ciudadanos enclaustrados y preocupados; sin información. ¿Y pretenden legislar contra el Rey? ¿Hay algo menos democrático y desleal con los españoles? Así es este Gobierno y sus socios", ha manifestado Ayuso a través de un mensaje publicado este sábado en Twitter.

Como ejemplos de "que se ha perseguido a personas, artistas o revistas satíricas" por hacer uso de su libertad de expresión recuerdan la portada de El Jueves en 2007 "con el entonces heredero de la Corona"; la persecución en 2012 del rapero mallorquín Valtònyc "por sus referencias en alguno de sus versos a la Monarquía", la persecución a un concejal de Santa Coloma de Gramenet y activistas de la CUP y ARran "por quemar supuestamente fotos del rey en una manifestación" o la quema de la imagen del rey en 2007 en Girona cuando el monarca visitó la ciudad.

Los firmantes se amparan en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales para defender su propuesta. "El Estado español debe evitar cualquier nueva violación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, pues de producirse esta se expone a ser nuevamente condenado por el TEDH". 

A su juicio, estas actuaciones, "más allá de las consideraciones éticas, morales o políticas que tenga cada cual, no debiera figurar en el Código Penal español, siguiendo el criterio fijado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues deberían ser consideradas como muestras de la libertad de expresión". En concreto, los firmantes piden la modificación del apartado 3 del artículo 490 y los artículos 491 y 543 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal.