Un coche de Policía en una imagen de archivo.

Un coche de Policía en una imagen de archivo. Efe

España TRIBUNALES

Drogas, pistolas eléctricas, y ancianos escondidos: así era la 'residencia de los horrores' de Murcia

La Policía investiga si sedaron a una anciana para llevarla al banco y vaciar 36.000 euros de su cuenta.

Fueron los responsables de una oficina de Bankia los que pusieron la primera piedra de una operación que terminó con una residencia de ancianos ilegal en Murcia desmantelada y con sus responsables acusados de drogar presuntamente a una mujer octogenaria, impedida y con Alzheimer, para robarle hasta 36.000 euros de una tacada de su cuenta bancaria.

Fue el 7 de marzo de este año cuando los empleados del banco avisaron directamente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. Poco antes, dos de los responsables de la residencia se presentaron en ella con Concepción, una señora de 88 años, "como drogada" e intentaron sacar 36.000 euros en efectivo de sus cuentas bancarias sin dar más explicaciones. Los trabajadores de la sucursal lo impidieron. 

Al investigar el suceso, los agentes de la Policía Nacional se dieron cuenta de que la residencia tenía inspecciones abiertas desde 2017, que usaba publicidad fraudulenta al asegurar que contaba con todos los permisos necesarios y que sin embargo, no había sufrido nunca sanción alguna. 

Dos días después, fueron los familiares de Concepción los que acudieron a denunciar que a en la residencia no les dejaban verla y que habían dejado la escena grabada en audio como prueba. Allí, los agentes confirmaron además que desde el mes de febrero, la familia de Concepción había abierto un procedimiento para inhabilitarla judicialmente, a recomendación de la Unidad de Memoria del Hospital Virgen de Arrrixaca (Murcia). El procedimiento estaba desde entonces en manos del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, que tenia ya sobre la mesa los informes médicos de que la octogenaria tenía.

La denuncia presentada por la familia refleja que "a Concepción, además del riesgo en la sustracción de su patrimonio, la estafa sufrida por el pago mensual realizado a pesar de no recibir como contraprestación  el servicio que creía contratar de residencia de calidad y legal, así como por la tentativa de robo con violencia, debido al posible uso de sustancias depresoras para llevarla al banco y sacar 36.000 euros, padece de hipertensión arterial, diabetes tipo II, hipercolesterolemia y alzheimer grado 4, por lo que requiere medicación y atención continuada. Por ello los documentos judiciales explican que "en este momento no parece estar en garantía en un centro que no reúne los requisitos legales ni es conocido si hay profesionales capacitados para ella". 

Una llamada a la diputada

Tres días después de esta denuncia, el pasado 12 de marzo,  agentes de las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) y del grupo de Delitos Económicos se coordinaron con los servicios sociales del ayuntamiento de Murcia para realizar un registro en la residencia y tratar de confirmar el estado de salud de Concepción. 

En un primer momento y a su llamada, ni siquiera les abren la puerta. Por una ventana, los agentes vieron a los responsables de la supuesta residencia "moviendo documentación a toda prisa", por lo que pidieron una orden judicial para entrar al juzgado de guardia. 

Finalmente, los responsables de la residencia, regentada por un matrimonio y su hijo, permitieron acceder solo a los servicios sociales y únicamente a  la planta baja, alegando que el resto de las plantas del edificio eran sus residencias particulares. En apariencia, ellos solo estaban al cuidado de Concepción. Poco después y con una orden judicial en mano, los agentes encontraron a dos ancianas más escondidas en los pisos superiores junto con dos cuidadoras, que según los informes policiales intentaron hacer pasar por empleadas de hogar.

En la calle, los agentes localizaron a otra mujer internada en la residencia. Mientras, el responsable de la residencia aseguraba por teléfono mantener una conversación con una "diputada", "con intención de amedrentar o presionar a los presentes", relejan los agentes en sus informes. 

Armas y pistolas eléctricas

Fue a las 18:35 de ese mismo día cuando la Policía recibió la orden judicial que le autorizaba a registrar por completo todas las plantas del edificio. Tres horas después, el juez fue informado por vía telefónica de que en las dependencias se habían localizado varias armas: un revólver, un lanza bengalas y dos pistolas Taser. Además, los agentes encontraron dos escopetas de caza que el responsable de la residencia tenía de forma legal.

En el registro localizaron además "una cantidad importante de medicamentos, sustancias activas y otras sustancias (de composición desconocida, las que serán objeto de estudio)". La mayoría de los medicamentos estaba en el cuarto piso. Los ahora detenidos aseguraron a la Policía que se trataba de la vivienda de su hijo, para intentar, según el sumario del caso, que no se accediera a ella con la orden judicial en la mano. 

En total, los agentes localizaron a siete internos que hacían uso de esta residencia ilegal y a cuatro trabajadoras que se encargaban del cuidado de los ancianos. Una de ellas explicó a los agentes que cuando fue a bañar a una de las internas la encontró "con moratones en los brazos como si fueran pellizcos" y que la mujer del dueño le dijo que "no pasa nada, se lo habrá hecho ella". Sin embargo la trabajadora mantiene que "sabía que no se lo había hecho ella, porque no era persona que se autolesionase". 

La misma empleada habla del trato supuestamente vejatorio que recibió otra de las ancianas tras "hacerse sus necesidades encima, llegando en alguna ocasión M. a coger la prensa manchada, con dos dedos y con cara de asco a la que decía "Que asco, les voy a hacer fotografías y se las voy a mandar a vuestra familia para que vean lo que hacéis", todo ello "en presencia de las residentes, de manera que las degradaba y las ridiculizaba". 

En otro pasaje de esa declaración, la trabajadora explicó ante los agentes que en una ocasión, otra de las residentes estaba alterada porque quería irse a casa. Fue entonces cuando el responsable de la residencia le dijo -según este testimonio- que subiera a la cuarta planta para hacer "terapia". "Cuando I. salió, estaba adormilada y atontada, manifestándole J. a la dicente: le he tenido que dar ketamina ya que estaba muy alterada".