Juan Antonio Roca, en una imagen de archivo

Juan Antonio Roca, en una imagen de archivo Efe

España

Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya, en libertad condicional

El juez de Vigilancia Penitenciaria lo permite porque Roca ha pasado el régimen abierto y ha cumplido tres cuartas partes de la condena.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de La Audiencia Nacional ha dejado en libertad condicional a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, han informado a Efe fuentes penitenciarias. 

Condenado por orquestar la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella, ingresó en prisión en marzo de 2006 y ha pasado el último año en régimen de tercer grado con control telemático tras ofrecerse a colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos y exreclusos.

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha acordado esta semana su libertad condicional al cumplir los requisitos previos: haber satisfecho tres cuartas partes de la condena y haber pasado al régimen abierto.

Roca, ex asesor de Urbanismo de Marbella, fue sentenciado a un máximo de 20 años de prisión tras la acumulación de penas efectuada por el tribunal en el 2016, cuando ya llevaba en prisión preventiva desde el 29 de marzo del 2006 "sin haber obtenido ni un solo permiso" hasta aquel momento.

La condena firme que fue impuesta se debía a los casos Saqueo 1, Minutas, Belmonsa, Urquía y Malaya. Y el plazo de cumplimiento estaba previsto para junio de 2023. 

Asimismo, el "jefe" de los asuntos urbanísticos de Marbella durante el mandato como alcalde de Jesús Gil, fue condenado por cohecho en su etapa de gerente de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí en el periodo comprendido entre los años 1991-2006.

Solo por el caso Malaya el Supremo le condenó a 17 años de cárcel, con lo que endureció su pena en seis años de prisión sobre la sentencia de la Audiencia de Málaga.

El alto tribunal revisó los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en el caso Malaya, un fallo que añadió para Roca un delito fiscal por el ejercicio del 2002 y que le agravó las penas por cohecho y blanqueo de capitales.

El agravamiento del castigo se debió a que el Supremo aceptó algunas de las peticiones del fiscal, que recurrió contra la Audiencia Provincial, por lo que también fue condenado por los delitos citados y por los de prevaricación y fraude