El president Companys, durante la proclamación de la independencia en 1934.

El president Companys, durante la proclamación de la independencia en 1934. E.E

España 21-D

El Gobierno acuerda una "declaración de reconocimiento" de Companys

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la anulación del juicio a Lluís Companys, presidente de la Generalitat asesinado en 1940 por el régimen franquista tras ser detenido por la Gestapo en Francia. Se trata de una antigua demanda, sobre todo de ERC, que el Gobierno ha querido responder con motivo de su reunión en Barcelona.

"Si el Gobierno del PSOE quiere el apoyo de ERC para exhumar a Franco debe comprometerse en la anulación de la sentencia del president Companys, símbolo de miles de catalanes y españoles fusilados", advirtió Joan Tardà a Pedro Sánchez cuando desveló en el Congreso sus planes con el Valle de los Caídos. 

En su declaración, el Ejecutivo proclama además el "reconocimiento personal" y la "restitución de la dignidad" de Companys como presidente de la Generalitat.

El PDeCAT, en voz del diputado Jordi Xuclà, ha valorado el "gesto" del Gobierno, pero ha remarcado que lo importante es la anulación de todas las condenas de tribunales franquistas al presidente catalán y a "miles de asesinados".

Para ello, ha explicado, en declaraciones a EFE, que es necesario que, más allá del "reconocimiento simbólico" sobre la injusticia de la condena a Companys, se apruebe la reforma de la Ley de Memoria Histórica actualmente en trámite parlamentario en el Congreso.

La resolución del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha proclamado de forma "pública y solemne" la "restitución de la plena dignidad" del dirigente político. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, han explicado en rueda de prensa que este acuerdo amplía el que ya tomó el Gobierno en 2010, cuando ya reconoció la figura del político. Batet ha subrayado que entonces la familia solicitó que una "reparación" más amplia y contundente, especialmente, el reconocimiento de que fue asesinado.

El Gobierno se apoya en la Ley de Memoria Histórica para aprobar esta declaración, "atendiendo a la trayectoria vital y política" del presidente catalán, a las "ominosas circunstancias en que se produjo su muerte" y a las varias declaraciones e iniciativas parlamentarias favorables a la reparación y el reconocimiento personal de quienes fueron represaliados en la guerra civil y el franquismo, en particular, Lluís Companys i Jover.

Lluís Companys fue presidente de la Generalitat de Cataluña de 1934 a 1940, líder de Esquerra Republicana de Cataluña y ministro de la Marina de España en 1933. Tuvo que exiliarse durante la Guerra Civil a Francia, pero fue capturado y sometido a un consejo de guerra.

Tras el consejo, el dictador Francisco Franco dio el "enterado" a su sentencia de muerte y fue fusilado al alba el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuic (Barcelona), que hacía las veces de prisión.

Reconocimientos en las Reales Academias

Además, el Consejo de Ministros ha reconocido el carácter injusto y ha declarado la ilegitimidad de las sanciones que se impusieron durante la dictadura de Franco a siete miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que fueron cesados: Enrique Moles Ormella, Ignacio Bolívar y Urrutia, Honorato de Castro y Bonel, Enrique Hauser y Neuburger, Emilio Herrera y Linares, Pedro Carrasco Garrorena y Blas Cabrera y Felipe.

El Gobierno declara que fueron cesados "por razones políticas, ideológicas o de creencia contrarias al régimen", tras lo cual algunos tuvieron que exiliarse. Se pretende con ello "recuperar el honor y la memoria de los académicos agraviados y de sus familias con la declaración y reconocimiento de la injusticia sufrida"..

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado el acuerdo por el que se crea la Comisión de trabajo para la rehabilitación y garantía del derecho al honor de los miembros de las Reales Academias y academias de ámbito nacional sancionados durante la Guerra Civil y la dictadura. Estará presidida por la secretaria de Estado de Universidades e I+D+I y compuesta por los subsecretarios de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, y Justicia, y por distintos miembros de ambos departamentos.