Donald Trump en un acto de su campaña electoral.

Donald Trump en un acto de su campaña electoral.

España ESCUCHAS TELEFÓNICAS

España entregó al FBI pruebas de la relación entre un oligarca vinculado con Trump y la mafia rusa

  • La información no fue solicitada en el marco de la investigación contra el presidente, sino por cooperación contra el crimen organizado.
  • Si el fiscal especial Mueller quiere usarla en el caso Trump, deberá pedirla oficialmente a España.
  • El 'Rusiagate': la agonía que persigue a Donald Trump

El FBI estadounidense solicitó hace varios meses a la Justicia española 33 grabaciones telefónicas intervenidas entre un presunto blanqueador, acusado de pertenecer al peligroso sindicato criminal de la Taganskaya, y Alexander Torshin, un político y oligarca ruso fuertemente vinculado a Vladimir Putin y que se reunió en mayo de 2016,en plena campaña a la Casa Blanca, con el hijo del presidente Donald Trump.

Desde hace más de un año, el fiscal especial Robert Mueller investiga la supuesta injerencia del Kremlin en favor de la candidatura de Trump en las presidenciales de 2016 y el hackeo masivo de correos electrónicos de su rival político, Hillary Clinton, que fueron publicados por el portal Wikileaks.

Poco después de que arrancara la investigación, los medios estadounidenses confirmaron que en plena campaña presidencial, el hijo de Donald Trump tuvo un encuentro con Alexander Torshin, miembro del partido de Putin (Rusia Unida), senador entre 2001 y 2015, vicepresidente del senado ruso y vicegobernador del Banco Central de Rusia. ¿El marco de la cita? El encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), de la que Torshin es miembro como figura de un grupo ruso llamado El Derecho a Portar Armas, que copia los objetivos de la NRA en suelo ruso. El lobby armamentístico fue uno de los principales financiadores de la campaña presidencial de Donald Trump, con inyecciones de dinero millonarias de varios de sus superpacs.

En abril de 2017, el diario El País desveló además que Torshin era el principal mandatario de una delegación rusa que tenía concertado un desayuno con Trump el 1 de febrero de ese año. La cita se desconvocó la noche anterior ante la avalancha de informaciones que criticaban la influencia de empresarios y grupos de poder rusos en la campaña del nuevo presidente.

Investigación en suelo español

Sin embargo, la información solicitada por el FBI a la Justicia española no se enmarca en la investigación sobre la campaña de Trump. O al menos oficialmente, ya que los datos han sido solicitados en virtud de los tratados bilaterales firmados con España en materia de lucha contra las organizaciones mafiosas. Por ello, si el fiscal especial Mueller quisiera usar esa información para incluirla de forma oficial en su causa, tendría que remitir un nuevo escrito oficial a los órganos de coordinación judicial para que España la remitiera con ese propósito.

En cualquier caso, las escuchas enviadas a EEUU son conversaciones telefónicas captadas en 2013 entre el oligarca ruso Torshin y Alexander Romanov, detenido en España y acusado en un principio de lavar presuntamente hasta 14 millones de euros en Baleares para la Taganskaya. En esas escuchas se desvela también el nombre de Gregory Rabinovich, considerado por los investigadores como uno de los máximos líderes de este peligroso grupo mafioso en todo el mundo. De hecho, en la causa seguida en España por el Juzgado de Instrucción número 12 de Baleares aparece ya un informe sobre Rabinovich elaborado por el FBI, que demuestra el interés que la oficina de investigación federal mantiene desde hace años por los integrantes de este grupo, al margen de sus posibles relaciones con Trump, muy posteriores. 

Según explican a EL ESPAÑOL especialistas en la lucha contra este tipo de mafias, la taganskaya es una organización especialmente peligrosa para los intereses económicos de distintos países, ya que está especializada en los llamados raiders; operaciones en las que la mafia se hace con el control de una empresa, bien a la fuerza o bien mediante operaciones de acoso y especulación financiera que cesan cuando los testaferros del grupo ocupan cargos de responsabilidad y asumen el control  de la misma.

En España, la llamada operación Dirieba, en la que fueron interceptadas las conversaciones solicitadas hace meses por el FBI, se centró en la figura de un presunto blanqueador llamado Alexander Romanov. Según reveló el diario Abc, la investigación contra Romanov le colocó como presunto responsable de operaciones de raider sobre una destileria llamada Kristall y sobre otras firmas como Topk Kvant, LB Ikalto y Univermag Moscú. En el juicio, Romanov alcanzó un pacto con la Fiscalía y aceptó tres años y nueve meses de cárcel por lavar 1,6 millones de euros de procedencia criminal.

Relaciones con miembros de la política

El último presunto raider investigado por la Guardia Civil española en ese mismo caso se centró en la apropiación a la fuerza de un centro comercial ruso mediante una empresa llamada Afganets. La sociedad tenía como socio a Igor Zhirnokleev , considerado el ladrón de ley que controla la Taganskaya y estaba representada por Gregory Rabinovich, el hombre al que ya investigaba entonces el FBI. 

En poder de Romanov, la Guardia Civil encontró una carta que envía el gerente de Afganets a Alexander Torshin, en la que reclama la intervención del político ya que hombres armados del anterior propietario se habían presentado en el centro comercial para reclamar determinadas informaciones. En ese momento Torshin es vicepresidente del senado, y habla con un alto cargo de la Fiscalía para que tome cartas en el asunto, atisbando a juicio de los investigadores, la relación del grupo mafioso con miembros del poder político ruso. 

En 2013 la Guardia Civil planificó un operativo para detener a Torshin en suelo español. El político cercano a Putin venía a España para celebrar el cumpleaños de Romanov, con el que le unía una amistad personal hasta el punto de ser padrino de su hijo. Sin embargo, el oligarca abortó su viaje en el último momento y la operación se lanzó sin él. Desde entonces, la Fiscalía no ha presentado cargos en su contra. No por falta de ganas o por indicios racionales en su contra, sino ante la constancia de que Rusia no iba a cooperar en su investigación y de que su inclusión en la causa sin estar a disposición de la Justicia española solo serviría para retrasar la investigación sobre el resto de los imputados.