María Salom, la delegada del Gobierno en Baleares.

María Salom, la delegada del Gobierno en Baleares.

España ISLAS BALEARES

El PP balear arremete contra la Abogacía del Estado por recurrir la marginación del castellano

  • El Ayuntamiento de Pollença aprobó conceder subvenciones a las empresas que utilicen solo el catalán para elaborar rotulación comercial.
  • Los 'populares' de este municipio mallorquín apoyaron la iniciativa.

Al Partido Popular de Baleares no le ha sentado nada bien el recurso presentado por la Abogacía del Estado para tumbar un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Pollença. El consistorio aprobó conceder subvenciones a las empresas que utilicen solo el catalán para elaborar rotulación comercial, cartas y publicidad; una norma que margina el castellano. Fuentes del PP balear consultadas por Última Hora consideran que se ha hecho "el ridículo" porque fueron los propios populares de este municipio mallorquín quienes apoyaron esta medida.

La Delegación del Gobierno en Baleares planteó el pasado 16 de abril el recurso contencioso-administrativo por medio de la Abogacía del Estado contra dicho acuerdo al considerar que vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional y la Constitución. María Salom, la delegada del Gobierno, defendió el recurso planteado afirmando que "tenemos la obligación de velar por que las dos lenguas cooficiales tengan el mismo valor y que se subvencionen por igual, como recoge la Constitución". La Abogacía considera que "el Ayuntamiento no quiere fomentar el catalán como lengua cooficial, sino eliminar el uso del castellano, la otra lengua cooficial en Baleares".

Martí Sansaloni (PP), el alcalde de Petra, ha sido uno de los que no se ha inhibido de criticar la actuación de la Abogacía del Estado. "Creo que hay otras cuestiones para meterse que son mucho más productivas para todos los ciudadanos", ha señalado Sansaloni, que entiende que esta decisión ha sido provocada por la coyuntura catalana: "Si hace 20 años que se dan este tipo de subvenciones y en los argumentos jurídicos de la Abogacía se hace referencia a sentencias de 2009 y hasta ahora no ha habido ningún recurso, la única novedad que tenemos es la situación generada en Cataluña. No entiendo que se metan con estas cuestiones con el conflicto que tienen".

El malestar también es palpable en otros municipios donde el PP está en la oposición. "Si nos presentan la subvención de ayudas para fomentar el catalán en los comercios, tal y como pasó en Pollença, votaremos lo mismo que hizo David Alonso [el portavoz del grupo popular], a favor", indicaron otras fuentes al digital mallorquín. "Luchar contra todo lo que viene marcado desde Madrid es complicado de parar". El Partido Popular de las Islas siempre se ha considerado más regionalista.

El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March (Junts Avançam) señaló este lunes como respuesta a la demanda de la Fiscalía que "estas bases fueron aprobadas por unanimidad y son de larga tradición, pues se refieren a subvenciones que se otorgan desde hace más de 20 años y para ayudar a que las empresas fomenten la normalidad", añadiendo que también se dan en muchos otros pueblos de la isla.

El catalán, en primer lugar

La normativa municipal aprobada el 22 de febrero establece que el consistorio de Pollença dará subvenciones "para la elaboración de impresos, rótulos, etiquetas, bolsas, papel de envolver, cartas de restaurante, etc., que sean de uso habitual y que estén solo en lengua catalana". "En el caso de la edición de impresos dirigidos a un público muy heterogéneo se podrá utilizar la versión catalana acompañada de otras lenguas, con la condición de que el texto en catalán esté en primer lugar", según recogen las bases reguladoras "para conceder subvenciones a las empresa que utilicen el catalán como lengua habitual".

El consistorio ha destinado un presupuesto de 5.000 euros a estas ayudas y lo que se subvenciona es el 50% del coste en el caso de la rotulación comercial y los documentos administrativos, y del total del coste para las cartas de bar y restaurante que se hagan "únicamente en catalán" (hasta un tope de 350 euros) y de las actividades publicitarias (con el mismo máximo).

Sin embargo, según indicó el comunicado de la Delegación del Gobierno en Baleares, la doctrina constitucional señala que "la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas". El Constitucional ha establecido en varias sentencias en los últimos años que la cooficialidad -como la vigente en Baleares- ha de sujetarse a un "patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas cooficiales, que impide atribuir carácter preferente a ninguna de ellas".

La Delegación del Gobierno ha recurrido acuerdos similares en otros ayuntamientos por considerarlos inconstitucionales. Por su parte, la Abogacía del Estado ya impugnó en 2017 ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) un acuerdo del Ayuntamiento de Calvià que fijaba exigencias lingüísticas, sociales y medioambientales para las empresas que contraten con el Consistorio, con cláusulas que exigían el uso del catalán en rótulos, publicaciones, avisos y otras comunicaciones, así como que los trabajadores tuvieran el "conocimiento suficiente del catalán".