Caso De Miguel: arranca el macrojuicio por corrupción que afecta al PNV

Este lunes, 8 de enero, arranca en el Palacio de Justicia de Vitoria el macrojuicio por el mayor asunto de corrupción de los investigados en el País Vasco hasta el momento. La vista del conocido como caso De Miguel sienta en el banquillo de los acusados a tres ex dirigentes del PNV en Álava y a 23 personas más, en su mayoría vinculadas a la formación nacionalista. No es un juicio contra el partido de Andoni Ortuzar, no hay datos que acrediten un supuesto de financiación ilegal; pero la relevancia de los cargos y el poder político que ejercieron y utilizaron algunos encausados en su nombre salpican necesariamente a la organización peneuvista que siempre ha presumido de “honradez de serie”.

Será un juicio largo y complicado, tanto por el número total de procesados, 26, como por las diversas ramificaciones de la supuesta trama que, según la Fiscalía, utilizó su influencia política para la obtención “irregular” de adjudicaciones públicas y el cobro de comisiones “ilegales” por contratos otorgados a terceros o gestiones urbanísticas realizadas en su favor. Irregularidades que se cometieron con la intervención de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV, como quedó también reflejado en el auto de cierre de la instrucción judicial.

El tribunal, presidido por el magistrado Jaime Tapia, deberá decidir sobre la existencia o no de once tipos de delitos, entre los que figuran prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios y defraudación fiscal. Las peticiones de cárcel son en algunos casos muy elevadas. Sólo para los tres promotores de la supuesta red y exdirigentes del PNV alavés – Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano –, el fiscal solicita más de 119 años de prisión aunque en caso de condena ninguna superará los 15, el triple de la correspondiente al mayor delito imputado.

La sede de los juzgados vitorianos ha tenido que acometer reformas por valor de 100.000 euros para albergar la vista, que suscita además una gran expectación mediática. El calendario previsto por la Audiencia Provincial de Álava prolonga su celebración al menos hasta el 25 de octubre y sólo las cuestiones previas y su resolución consumen más de un mes del tiempo estimado. Hasta el 19 de febrero no empezará a practicarse la prueba. Entre acusados, peritos y testigos serán llamadas a declarar unas 150 personas y la vista se dividirá en doce piezas para hacer más digerible el macrojuicio y casarlo con las agendas de los abogados. 

Políticos, constructores e inversores

El caso De Miguel toma su nombre del considerado como principal cabecilla o cerebro de la trama, el exdiputado foral alavés Alfredo De Miguel. Junto a él y sus dos compañeros en la dirección del partido, serán juzgadas también sus esposas, acusadas de actuar como testaferros, un viceconsejero y un director del Gobierno vasco bajo el mandato del lehendakari Ibarretxe, una exalcaldesa y un exconcejal del PNV, un exauditor del Tribunal vasco de Cuentas, dos constructores y un grupo de inversores catalanes.

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Estos son los políticos y excargos implicados:

Alfredo Txitxo De Miguel.- Fue número dos de la dirección alavesa del PNV por su cargo de secretario en la Ejecutiva del partido, el Araba Buru Batzar (ABB). Era diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial de la Diputación de Álava, con competencias en Urbanismo, en el momento de su detención en 2010.

Aitor Tellería.- También formó parte de la dirección alavesa del PNV. Fue concejal en Vitoria y miembro de las Juntas Generales de Álava. Al estallar el caso era responsable de CEIA, una sociedad pública.

Koldo Otxandiano.- Integró igualmente la Ejecutiva del PNV en Álava. Fue gerente del Instituto Foral alavés de Bienestar Social. Al ser detenido ejercía de director financiero en el Parque Tecnológico de Miñano.

Alfonso Arriola.- Era gerente del Parque Tecnológico de Miñano en 2006 cuando tuvo lugar la adjudicación que desencadenó la investigación judicial. Al hacerse pública fue cesado como asesor del Tribunal Vasco de Cuentas.

Julián Sánchez Alegría.- Alto cargo del Departamento de Industria, dirigía la red de Parques Tecnológicos del País Vasco y suscribió el contrato de Miñano.

Xabier Sánchez Robles.- Director de Juventud del Departamento vasco de Cultura, que adjudicó contratos a la presunta red corrupta.

Gurutz Larrañaga.- Viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco, firmó los contratos decididos por Sánchez Robles.

Iñaki San Juan.- Exconcejal del PNV de Leioa (Bizkaia). Acusado de crear empresas tapadera para el cobro de comisiones y adjudicaciones irregulares. Sospecha que también recae en Josu Montes, que llegó a integrar el consejo del teatro bilbaíno Arriaga a propuesta del PNV.

Justina Ángulo.- Alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV. Bajo su mandato se puso en marcha la operación urbanística de recalificación de terrenos cuestionada en el sumario. Para ella el fiscal pide la pena más baja, de cuatro años y medio de cárcel. 

Junto a los políticos se sientan también en el banquillo las esposas de De Miguel (Ainhoa Bilbao), Tellería (Araceli Bajo) y Otxandiano (Iratxe Gaztelu-Urrutia), y una hermana del principal acusado (Aintzane de Miguel).

Los dos constructores afectados son Prudencio Hierro y Jon Iñaki Etxaburu, contratistas habituales del PNV, a quienes se señala por el presunto pago de comisiones. A Etxaburu se le adjudicó la ampliación de Miñano, contrata por la que se enjuicia también al responsable de un estudio de Arquitectura, Sergio Fernández Oleaga, y a la directora técnica del Parque Tecnológico, Miren Bilbao.

La operación de Zambrana hace que la ex alcaldesa de la pequeña localidad alavesa sea juzgada junto a cuatro miembros de la familia Arruti (Jesús, sus hijos Josu y Estíbaliz y el marido de ésta última, Gorka Errazti), propietaria de la empresa Sidepur, que intermedió en la captación de inversores, y el grupo de promotores catalanes liderado por Francesc Fernández Joval. El industrial comparte banquillo con Placid Casas, Joaquín Sabater y Ramón Tomás.

Una denuncia que destapó la trama

La investigación judicial comenzó a finales de 2009. Una empresaria, Ainhoa Alberdi, denunció ante el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que estaba siendo extorsionada por Alfredo De Miguel y Aitor Tellería. Alberdi era socia de Urbanorma Consulting, adjudicataria de la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, y relató que los dos políticos la presionaban para el pago de una comisión de 100.000 euros por la contrata. Ella, según dijo, desconocía que su ex socio, el constructor Jon Iñaki Etxaburu, militante del PNV, había pactado previamente su entrega. Sustentaba su testimonio, considerado clave en la vista oral, en unas grabaciones que aportó a la Fiscalía. En una de ellas se escucha decir a Etxaburu que la cantidad a abonar entra “dentro de lo normal”.

Así empezó el largo proceso judicial. Tras la denuncia por extorsión las sucesivas pesquisas pusieron al descubierto la existencia de una empresa pantalla, Kataia Consulting, desde la que operaban a través de sus esposas De Miguel, Tellería y Ochandiano. Kataia había sido adjudicataria de varios contratos menores a dedo desde el Gobierno vasco cuya realización se cuestionaba. Tirando del hilo aparecieron otras compañías vinculadas al diputado foral – Errexal y Ortzi Muga- que por trabajos también dudosos habían facturado más de 300.000 al Departamento de Juventud.

Fue solo la punta del iceberg. La compleja instrucción repleta de obstáculos, llevada minuciosamente a cabo por el magistrado Roberto Ramos, destapó una intrincada red de sociedades mercantiles creada, según el juez, para acceder a contratos públicos en administraciones controladas por el PNV o intermediar en las adjudicaciones mediante el cobro de comisiones ilegales. En un voluminoso sumario de casi 21.000 folios, instruido a lo largo de más de seis años, Ramos concretó en dos casos la cuantía de la comisión. Según la documentación incautada se elevó al 4% del coste del proyecto en las obras adjudicadas a Etxaburu en Zigoitia y Lapuebla de Labarca (Álava). En total los beneficios supuestamente obtenidos de forma ilícita rondan los 700.000 euros.

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Los negocios de la presunta trama continuaron en la pequeña localidad alavesa de Zambrana en torno a la fallida instalación de un polígono industrial. De Miguel impulsó desde la Diputación una modificación urbanística contraria a la norma que fue abortada finalmente en la Comisión Provincial de Urbanismo, pero el fiscal sostiene que en esa operación el grupo de inversores catalanes interesado, reunido en torno a Francesc Fernández Joval y Construcciones Riera, abonó en comisiones más de tres millones de euros. Aunque se siguió la pista del dinero, cobrado en gran medida por los Arruti, propietarios de Sidepur, y su entorno, no se pudo determinar el destino final de la mayoría de las cantidades abonadas. Algunas, más de medio millón acabaron en las empresas controladas por De Miguel.

El PNV, entre el desmarque y el apoyo

El impulso de la investigación del caso De Miguel ha correspondido siempre al juez instructor y al fiscal aunque hay otras acusaciones aparte del Ministerio Público. El Gobierno vasco no pide penas de cárcel. Sólo ejerce la acción civil y se limita a solicitar el resarcimiento económico de una indemnización conjunta de 221.779 euros a los excargos del PNV implicados en las adjudicaciones otorgadas desde la Dirección de Deportes del Gobierno vasco si es que queda probada su irregularidad.

Cuestionado por la tibieza de su actuación, el Ejecutivo de Urkullu se ha escudado siempre en que su papel no es el de la Fiscalía y que a él no le concierne la persecución de todos los hechos delictivos. Objeta que su responsabilidad está acotada a la defensa de los “intereses económicos” de las arcas de la Administración vasca. Se olvida de que el parque tecnológico de Miñano es un organismo público dependiente en última instancia del Gobierno autonómico.

Mucho más contundente, la Diputación de Bizkaia, también controlada por el PNV, pide penas de seis años de prisión para cada uno de los dos principales integrantes de la familia Arruti, Jesús y Josu, por la comisión de varios delitos fiscales contra su Hacienda. Asimismo demanda indemnizaciones por daños y perjuicios por valor de 700.000 euros y 554.000 más en multas.

Destituidos y sin carné

El PNV destituyó de sus cargos a los acusados y les obligó a entregar el carné del partido, hecho que sucedió diez meses después de las primeras detenciones, tras largos tiras y aflojas y la exigencia realizada en público por el lehendakari Urkullu.
El partido de Ortuzar se ha desmarcado de los imputados al mismo tiempo que ha reivindicado su presunción de inocencia. La organización nacionalista ha tratado de mantener cierta distancia con los acusados, aunque esa línea de prudencia se quebró de forma rotunda en una ocasión. Su portavoz en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, los arropó personalmente fundiéndose en un estrecho abrazo con De Miguel cuando éste tuvo que comparecer ante la comisión de investigación de la Cámara en 2011.

Tanto el lehendakari como el presidente del PNV presumen de que la corrupción no encaja con la cultura y los valores de su formación y de que en el País Vasco sólo puede haber, como mucho, casos aislados de los que únicamente son responsables sus protagonistas. Una circunstancia que no ha impedido que sus dirigentes hayan mantenido una postura muy crítica contra el fiscal y el juez de la causa, a quienes han acusado de tratar de dañar la imagen del partido con los autos emitidos durante la instrucción judicial.

El principal encausado, Alfredo De Miguel, ha guardado silencio todos estos años. Una de las pocas ocasiones en las que lo rompió lo hizo para negar las conclusiones del escrito de acusación del Ministerio Fiscal e incidir en la falta de pruebas sobre el enriquecimiento personal o colectivo de los investigados. “Si se acusa de haber formado una trama para cobrar comisiones ilegales, lo mínimo es señalar dónde está el dinero supuestamente recaudado y a favor de quién”, argumentó en marzo de 2016 en un escrito remitido a la agencia Efe. Tampoco el resto de los imputados ha admitido nunca los cargos.