Junqueras y Puigdemont durante la manifestación en apoyo a los Jordis en Barcelona.

Junqueras y Puigdemont durante la manifestación en apoyo a los Jordis en Barcelona. Efe

España DESAFÍO SECESIONISTA

Puigdemont tiende a la independencia pero parte del separatismo pide elecciones

El sector radical del secesionismo pretende promover un choque de legitimidades traumático aunque entrañe un alto riesgo de conflicto civil.

Mariano Gasparet

La activación del 155 ha marcado un punto de inflexión definitivo en la dialéctica acción-reacción sobre la que ha evolucionado el pulso separatista durante los últimos meses. El próximo viernes el Senado dará luz verde al Gobierno para descabezar la Generalitat, ocupar el Govern, tomar el control del TV3 y los Mossos y tutelar y constreñir la actividad del Parlament por un periodo -inicialmente previsto- de seis meses hasta la convocatoria de elecciones. La única posibilidad de revertir la suspensión programada de la autonomía catalana -después de cuatro décadas de provechosa andadura- es que Carles Puigdemont se adelante y convoque primero los comicios, lo que supondría para el independentismo preservar sus resortes de poder, pero renunciando a proclamar la independencia y allanándose al calendario impuesto por Madrid.

Sin embargo, no es la única alternativa. El president podría consumar la rebelión proclamando la DUI y anunciando elecciones constituyentes -escenario más probable-, lo que precipitaría su detención y puede que la de los diputados del Parlament que secunden este salto al vacío. Y también podría refugiarse en una declaración más o menos folclórica contra el yugo español y esperar acontecimientos mientras explota desde un escaño limitado en atribuciones el filón del victimismo. Esta última opción le permitiría ir a elecciones después de una campaña electoral que desgastaría mucho al bloque constitucionalista, pero se arriesgaría a que las causas que tiene pendientes precipitaran su inhabilitación y su expulsión fuera de juego.

Las distintas opciones -elecciones autonómicas, DUI más constituyentes o cosechar nuevos agravios históricos- conllevan ventajas e inconvenientes para Puigdemont, Forcadell, los consejeros... y el futuro del independentismo en general y de la relación entre Cataluña y España.

El 'Ara' pide urnas

La gran pregunta -¿Y ahora qué va a hacer Puigdemont?- mantiene en vilo al país entero y ha exacerbado el debate abierto entre puristas y pragmáticos. Llegados al precipicio, parte del bloque independentista prefiere ir a elecciones, mientras Carles Puigdemont y su núcleo duro tienden a consumar la rebelión contra España en el próximo pleno. La división en el separatismo es patente a tenor de las posiciones editoriales y la divergencia de opiniones que registran sus medios.

El diario Ara pedía en su editorial de este domingo al Govern “plantear la posibilidad de convocar unas elecciones excepcionales de carácter plebiscitario”: el mismo requerimiento, pero con muchísima menos intensidad en su argumentación que La Vanguardia y El Periódico -en su editorial y en el artículo de su director, Enric Hernàndez-, desde donde se alerta sin tapujos del riesgo de que la fractura social degenere en violencia y enfrentamiento civil. Por contra, Vicent Partal, editorialista de VilaWeb, aboga por provocar un choque de legitimidades que se resuelva con enfrentamiento en el que “la ciudadanía organizada en la calle será quien determine quién gana”.

¿Pleno el viernes?

Una clave crucial para despejar la gran incógnita sobre qué va a hacer Puigdemont será saber -este lunes, que se reúne la junta de portavoces del Parlament- si el pleno más importante -para Cataluña y el resto de España- de los últimos años se celebrará antes o después de que el Senado valide el plan de Rajoy. Si la convocatoria es en alguno de los días previos, se puede esperar cualquier cosa, marcha atrás incluida. Si se convoca el mismo viernes, cuando el 155 sea irreversible, es más probable que la decisión de Puigdemont sea apretar el acelerador en busca de un choque de trenes lo más traumático posible.

El consejero de Presidencia y Portavoz, Jordi Turull, ha asegurado que “esta semana será de decisiones y firmeza” y ha descartado que la “convocatoria de elecciones esté sobre la mesa”, lo que refuerza la tesis de la huida hacia delante. Sin embargo, no sería la primera vez que el bloque secesionista refuta o corrige sus pronunciamientos más solemnes; y para muestra basta recordar cómo reinterpretó el propio Puigdemont las leyes de desconexión tras el 1-O, cuando acudió al Parlament a “asumir” y “suspender” una independencia no ratificada por la Cámara -como era preceptivo según su propia ley-, para luego consignarla fuera de la Cámara junto al resto de diputados indepes y allegados como Lluís Llach y los Jordis.

En cualquier caso, las declaraciones de Turull, que horas más tarde añadió que el Parlament “adoptará una decisión respetuosa con el 1-O”, hacen pensar que, efectivamente, el president busca un choque de legitimidades sean cuales sean las consecuencias para la convivencia, para Cataluña y para España.

Junqueras y las cuentas de ERC

En esta tesis estaría también el vicepresidente económico y el consejero de Exteriores. Tanto Raül Romeva como Oriol Junqueras consideran la República “una absoluta necesidad”. Pero más vale no dejarse llevar por la temperatura protocolaria de las declaraciones. Los republicanos aventajan al PDeCAT en todos los sondeos y son conscientes de que el futuro político de Puigdemont -al contrario que el de Junqueras, al menos de momento- está amortizado, así que pueden aspirar a gobernar apoyándose en los comunes, Podemos e incluso el PSC. En este sentido conviene recordar que Gabriel Rufián ha pedido un “gobierno de concentración” -se entiende que secesionista- para hacer frente al colp d’Estat.

Puede resultar paradójico, pero al independentismo y a los partidos constitucionalistas les interesa que sea la parte antagónica la que dé el primer paso para justificar ante los más tibios de los ajenos que su alternativa -155 o DUI- responde a una situación de extrema necesidad. A Puigdemont le interesa declarar la independencia después de que el Senado apruebe el 155 para que su salto al vacío sea estrictamente defensivo. Al Gobierno no le vendría mal para cargarse de razones e implementar el 155 con medidas complementarias más drásticas e incontestables y que el nacionalismo moderado advirtiera la intervención del Estado como el mal menor ante el salto al vacío de Puigdemont.

El independentismo, agotado

Ambas perspectivas parten de una evidencia constatada en el pinchazo de la manifestación del sábado en Barcelona en apoyo a los Jordis. El separatismo puede cargarse de razones a discreción -ancho es el mito de la república catalana-, pero está extenuado porque ha comprobado que la separación no sale gratis, que los bancos y las empresas se marchan, que ya no le bailan el agua ni los corresponsales extranjeros, que no cuenta con apoyo exterior y que puede hacer mucho frío a la intemperie de Europa y de España. Tanto o más que en el patio de la cárcel de Soto del Real.