La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión sin fianza por sedición al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por "promover" el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.
Lamela ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía, tras rechazar su solicitud de enviar a prisión por estos hechos al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, al que ha impuesto medidas cautelares leves, han informado fuentes jurídicas.
Sánchez y Cuixart, a los que la juez acusa de "promover" las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía durante un registro de la Guardia Civil, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación a ese asedio que ingresan en prisión por estos hechos tras reclamarlo la Fiscalía.
La juez Lamela describe la actuación que mantuvieron Sánchez y Cuixart y da por hecho que ambos controlaron la concentración frente al registro en la Consejería de Economía.
“Dichas concentraciones fueron promovidas por diferentes asociaciones soberanistas, siendo las más destacadas por su capacidad de convocatoria las realizadas por los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro, respectivamente”, asegura la jueza en su auto emitido este lunes.
Según dice, “la finalidad última de estas movilizaciones era conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y en particular de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución”.
Lamela añade que, con esa intención, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart “se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines”. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el auto recoge las labores de mediación a las que se ofrecieron ambos investigados.
Según relata, intentaron negociar “al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos”.
“Este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez”, zanja la jueza Lamela, que cifra en más de 135.000 euros los daños ocasionados por los manifestantes a los coches de la Guardia Civil.
