Uno de los actos celebrados en el Colegio de Abogados de Barcelona este año.

Uno de los actos celebrados en el Colegio de Abogados de Barcelona este año. Europa Press

España Política lingüística

Otro millón para discriminar: si eres abogado y redactas en catalán, cobras más

La Generalitat tiene un fondo de 915.000 euros para premiar a los letrados que prescinden del castellano: les paga un 11% más por caso.

En Barcelona es más fácil escuchar catalán por la calle que en el juzgado. Ese es uno de los argumentos que empleó el Govern de Carles Puigdemont para impulsar uno de sus últimos proyectos: premiar económicamente a aquellos abogados del turno de oficio que utilicen el catalán en lugar del castellano.

Son 14 euros más por cada escrito. Ese complemento, si tomamos como ejemplo el auto de apertura de un caso penal, supone un incremento considerable, superior al 11%: se cobran 134 euros en lugar de los aproximadamente 120. En total, se ha creado un fondo con 915.040 euros dedicados a este programa, que lleva en marcha desde el pasado enero y que ya ha abierto la posibilidad de prórroga para 2018.

Pasados diez meses desde su puesta en marcha, la Generalitat dispone de una lista en la que constan aquellos que se han acogido al programa y que, por tanto, utilizan el catalán jurídicamente. Los pliegos del proyecto obligan al Consejo del Colegio de Abogados a confeccionar esta agenda, actualizarla trimestralmente y facililtarla a la Consejería de Justicia, con un riguroso procesamiento de las altas y las bajas.

Las condiciones de la recompensa

El programa también recompensa a todos aquellos que, además de presentar los escritos en catalán, recuerden al ciudadano la posibilidad de gestionar su caso en esta lengua y hagan un seguimiento del proceso. El letrado peleará para que la respuesta recibida por el usuario sea en catalán en caso de que así lo desee.

Según recoge el documento, será el Consejo coordinador de los Colegios de Abogados el órgano que vigile y abone este complemento. La comisión de seguimiento del proyecto, por otro lado, la integran tres miembros de la Consejería de Justicia y otros tres pertenecientes a los colegios profesionales.

"Sí, yo recibí la circular a través del Colegio de Barcelona. En cada fase, si acreditas con un papel que lo has hecho en catalán, te pagan los 14 euros", relata Juan Carlos Segura, habitual en el turno de oficio. "Lo veo una discriminación brutal porque el que cobra el complemento está haciendo exactamente el mismo trabajo que el que no lo cobra", añade.

Catalán a golpe de talonario 

La Justicia, por su propia condición de Administración estatal, es la china en el zapato de la Generalitat. "Claro, porque muchos jueces son de otros lugares de España y, aunque se les exige conocer el catalán, suelen expresarse en castellano", apostilla este letrado que se confiesa miembro del PP. "Por eso Canarias -por su lejanía- y Cataluña son los dos destinos más evitados".

Otro abogado, que prefiere no revelar su nombre por temor a ser señalado, califica este programa como "una introducción del catalán en el ámbito de la Justicia a golpe de talonario". "Ya no se trata del cliente. Muchas veces atiendes a alguien en la comisaría, luego te vas a presentar en catalán un escrito que quizá ni siquiera vea, y cobras los 14 euros", denuncia.

Según explica este abogado, lo que Puigdemont llamaba "normalización lingüística" ya se da en los juzgados de "forma natural". "La gente tiene sentido común y emplea el idioma que conviene para que se entiendan todos los presentes con la mayor facilidad posible. Por eso lo veo absurdo".

Un programa que genera tensión

Una abogada madrileña afincada en Barcelona que también pide conservar el anonimato califica el programa de "animalada". "El turno de oficio se cobra mal y tarde... ¿Ahora destinan un millón de euros para esto?". "Hablo catalán, lo entiendo perfectamente, pero no lo escribo. Una vez me tocó un juez de Lérida, con un acento muy cerrado, le pedí que cambiara al castellano y lo hizo sin problema. De verdad, el idioma no es una barrera en el día a día", relata antes de advertir de que este proyecto puede tensar las relaciones.

Para llevar a cabo esta medida, el Govern secesionista se agarró al artículo 50 del Estatut, que obliga a los poderes públicos a "proteger el catalán en todos los sectores y fomentar su uso". También a que los documentos son igual de válidos en cualquiera de las dos lenguas sin necesidad de traducción. Los pliegos citan una resolución de 2009 según la cual "el catalán es la lengua propia de los colegios de abogados y, por tanto, la de uso normal y preferente".