La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Mariano Rajoy.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Mariano Rajoy. Efe

España VENCEDORA O VENCIDA

Soraya se juega su futuro en su respuesta de perfil bajo al pulso separatista

El éxito de su política en Cataluña la colocaría en la línea de sucesión de Rajoy.

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El futuro político de Soraya Sáenz Santamaría está condicionado irremediablemente a cómo se desarrolle en Cataluña el desafío secesionista. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene todas las alarmas puestas ante el reto más grave al que se enfrenta España: evitar que el 1 de octubre se celebre el referéndum independentista. Sin embargo, el Ejecutivo guarda bajo siete llaves el secreto de la legislatura: cómo evitará que los independentistas pongan las urnas el 1-0.

Generalitat y Gobierno juegan a no dar pistas sobre las bazas que esconden para consumar su objetivo. El objetivo de Moncloa es desactivar el referéndum; el de Carles Puigdemont, colocar las urnas el 1 de octubre. De momento, ninguno quiere dar por roto el diálogo para no ser señalado por la opinión pública como intransigente.

Mariano Rajoy encomendó en diciembre a la vicepresidenta del Gobierno que evitara a toda costa un choque de trenes entre las dos administraciones. La estrategia de Sáenz de Santamaría pasa por mantener un perfil bajo a un desafío enorme. "Ella evita entrar a cualquier provocación de los independentistas, que es lo que buscan en cada puesta en escena", afirman desde su círculo más próximo. "Ha evitado y seguirá evitando replicar a cada anuncio que hace el Govern", explican. "Responde con hechos exclusivamente a los hechos", añaden. 

Los servicios jurídicos que trabajan al servicio de Vicepresidencia escuchan al detalle cada una de las palabras que pronuncian los líderes independentistas. "Solo cuando un anuncio va acompañado de una decisión tomada actuamos. Antes, nunca", resumen las mismas fuentes. El objetivo es "no darles pie a convertirlos en víctimas ante su electorado. Si buscan que enviemos los tanques a Las Ramblas no lo van a conseguir". La respuesta que ha dado el Estado a cada paso que ha dado el Ejecutivo catalán ha sido recurrir al Tribunal Constitucional para que anule las nuevas reglas de juego que tratan de imponer.

Desde que Santamaría cedió la portavocía del Gobierno a Íñigo Méndez de Vigo y asumió las competencias de Administraciones Públicas, se convirtió en una especie de "ministra para Cataluña" y su futuro ha quedado irremediablemente ligado a la salida que pueda darle al desafío secesionista. La vicepresidenta es la miembro del Gobierno mejor valorada en el CIS por los españoles y está posicionada mejor que nadie de cara al postmarianismo, según la encuesta que Sociométrica confeccionó para EL ESPAÑOL. Pero su carrera política se hundiría estrepitosamente si el 1 de octubre Carles Puigdemont consuma su desafío. 

Con la vicepresidenta encabezando el frente común antiindependentista, el Gobierno brindó la oportunidad a Puigdemont de que el Congreso de los Diputados votase el plan que tiene para su región. El president rechazó la invitación. En este tiempo, el Ejecutivo central también ha anunciado una lluvia de millones para infraestructuras en Cataluña. El reclamo tampoco ha calmado las ansias independentistas. Santamaría llegó a cuestionar públicamente el recurso que el PP interpuso ante el Tribunal Constitucional al Estatut de Zapatero. Entonar el mea culpa, de momento, tampoco ha servido de mucho.

Una de las primeras decisiones que Santamaría tomó cuando asumió el problema catalán fue abrirse un despacho en la sede catalana de la delegación del Gobierno. Es rara la semana que no la ha pisado desde entonces. La vicepresidenta ha elegido Cataluña hasta para pasar unos días de vacaciones en familia.

Bloque constitucionalista unido

La número dos del Ejecutivo mantiene un "constante" y "fluido" diálogo con los dirigentes del PP regional, tutelados por Xavier García Albiol, según ha podido saber este diario de fuentes internas del partido.

En este tiempo ha conseguido también tejer una red invisible de confianza con los líderes de los partidos constitucionalistas presentes en el Parlament, Miquel Iceta (PSC) e Inés Arrimadas (Ciudadanos), y con ellos habla cada vez que el Gobierno responde a las fichas que mueve la Generalitat a favor del referéndum. El bloque constitucionalista, aseguran, "se mueve unido contra los independentistas".

Si finalmente el Gobierno consigue desactivar el desafío, Soraya Sáenz de Santamaría será sin duda la candidata mejor posicionada a suceder a Mariano Rajoy. Ni Alberto Núñez Feijóo, el único barón que gobierna con mayoría absoluta, ni Cristina Cifuentes, también favorita en las encuestas. Con el debate de la sucesión todavía sin abrir, el presidente del Gobierno se ha limitado a anunciar en su parón estival que se siente "en forma" para continuar más tiempo en su puesto. 

No aplicar el 155

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, marcó este martes la frontera que el Gobierno no está dispuesto a traspasar: descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución que supondría que el Estado asumiera las competencias de Cataluña "por razones temporales y jurídicas". 

La vida política vuelve al Parlament este miércoles y la expectación ante la primera reunión de la Mesa de la cámara catalana es máxima. Por si finalmente el órgano rector decide en el último momento admitir a trámite la ley que regula el referéndum del 1 de octubre, Mariano Rajoy ha citado por la tarde a sus ministros en Moncloa con la excusa de resolver la huelga de El Prat. El presidente y su gabinete podrán analizar cualquier decisión que tome el Parlament, si es que finalmente toma alguna.

Al mismo tiempo, la diputada de la CUP Anna Gabriel abría la puerta este martes a que la Ley de transitoriedad se pueda aprobar antes del referéndum. En una entrevista para la ACN, la dirigente anticapitalista abrió la puerta a que la aprobación de la norma llegue durante la campaña del 1-0. "Podría ser, porque el calendario de septiembre será el que será, es un escenario". Sobre esta ley que debe marcar la ruptura legislativa con el Estado, ha admitido que será "muy continuista" para poder dar suficiente soberanía al proceso constituyente que debe tener lugar después del referéndum si gana el sí.