El consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona,  y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba

El consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona, y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba Álvaro Sierra

España FRACASA EL PLAN PIRINEOS

Aragón acaba con el multimillonario plan de depuración del agua

Las cuatro concesionarias afectadas reclamarán al Gobierno hasta 36 millones de euros por incumplimiento de contrato.

El Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán se ha visto obligado a dar marcha atrás en el macroplan que pretendía instalar depuradoras en casi todos los municipios de Aragón, un plan que ideó su compañero y expresidente aragonés Marcelino Iglesias junto a los aragonesistas del PAR.

El conocido Plan Pirineos, incluido en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, tenía fecha hasta 2049 pero el Gobierno ha rescindido el contrato de la mayor parte. El proyecto supuso un auténtico boom de la construcción en el Pirineo disfrazado de gigantescas depuradoras en pueblos deshabitados, núcleos de población sin tendido eléctrico o sin agua corriente

El tiempo ha demostrado que fue un despropósito político –y económico- que el Gobierno de Aragón se ha visto obligado a reconducir. La presión incansable de más de cien alcaldes del Pirineo, un informe demoledor de la Cámara de Cuentas de Aragón publicado en exclusiva en EL ESPAÑOL y la apertura de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón le han dado la puntilla. El Ejecutivo aragonés se ha visto obligado a adelgazar el plan más ambicioso de Europa para depurar aguas residuales y ahora queda reducido a los 19 municipios más importantes.

Depurar agua en pueblos sin habitantes

El Plan Pirineos, conocido técnicamente como el PIDPA, es un proyecto para depurar las aguas de los municipios del Pirineo aragonés. Se urdió para construir 297 depuradoras con un coste estimado en 350 millones de euros

La idea era actuar en el 95% de los municipios del Pirineo, pero a finales de 2015, tan sólo se habían construido -y estaban en servicio- 10 de las 297 plantas previstas

El proyecto ha sido criticado con dureza por más de un centenar de alcaldes de municipios pirenaicos y varios ayuntamientos se han negado a cobrar un impuesto autonómico a sus habitantes para financiar la depuración de las aguas residuales. El alto coste las depuradoras, instaladas en municipios abandonados, sin tendido eléctrico ni agua potable, ha sido clave.

Informe devastador del proyecto

El informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, al que tuvo acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, desmontó el Plan Pirineos. El órgano fiscalizador denunciaba que la construcción de depuradoras en los municipios de más de 600 habitantes era “altamente improbable” y que había un “alto riesgo de incumplimiento” en los municipios de menos de 600. Toda una enmienda a la totalidad del plan.

Tras la publicación del informe de la Cámara de Cuentas, Podemos promovió una comisión de investigación en las Cortes de Aragón para depurar responsabilidades.

Se busca un plan "más sensato"

En la mañana de este martes, el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona, comparecía para explicar un nuevo plan "más sensato".

"Las modificaciones de los contratos planteadas por las concesionarias podrían incurrir en alguna ilegalidad", según Olona, quien adelantó que se rescinden los contratos de las cuatro zonas contempladas en el Plan Pirineos. El nuevo cronograma prevé que antes del año 2021 estén en servicio las depuradoras de tan sólo 19 municipios, con un coste de 75 millones de euros para las arcas autonómicas.

Depuradora instalada en el Pirineo

Depuradora instalada en el Pirineo E.E.

En total habrá 19 depuradoras de las 297 plantas previstas, y todas en pueblos con con más de mil habitantes: Ansó, Astún, Candanchu, Canfranc-Estación, Canfranc, Castiello, Hecho-Siresa, Villanúa, Pueyo de Jaca, Escarrilla, Sallent-Formigal, Piedrafita, Aínsa-Boltaña, Broto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler, Benasque-Anciles.

Las concesionarias no habían cumplido su trabajo

Según fuentezs de la Administración aragonesa, las cuatro concesionarias a las que se les ha rescindido el contrato no habían cumplido su trabajo, que costaba a la Administración aragonesa un total de 350 millones de euros.

En la cabecera del río Aragón UTE Acciona Agua y Comsa Medio Ambiente debía haber ejecutado 60 depuradoras; la UTE Elecnor y Tedagua debía haber construido 56 en la zona que abarca la cuenca del Gállego; Acsa y Vialex no hicieron ninguna de las 102 depuradoras que se le asignaron y la UTE Aguas de Valencia-OMS tampocó construyó ninguna de las adjudicadas por 68 millones.

A juicio de la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, el plan ha sido un "dislate". "Se proceden a ejecutar nueve proyectos de depuración prioritarios según marca la directiva europea”, ha dicho.

El consejero de Medio Ambiente asegura ahora que en un año o dos se resolverá el proyecto. Un plan del que Olona ha aprendido una lección: “Uno de los errores del plan ha sido acometer simultáneamente todas las depuradoras”. El nuevo plan permitirá cubrir cerca de un 98% de las necesidades de depurar agua en los valles pirenaicos, según afirman desde el Gobierno de Aragón.

Las dudas del plan 

¿Cuánto dinero le costará al Gobierno de Aragón las rescisiones de los contratos? Sobre la mesa ya hay dos demandas por lo contencioso-administrativo en la zona del río Aragón y Ésera-Ribargozana. Según las cifras que manejan desde el Ejecutivo, cada una de las indemnizaciones podría costar de siete a nueve millones. Es decir, si se pierden los cuatro pleitos con las concesionarias, el Gobierno aragonés podría pagar por indemnizaciones de entre 28 a 36 millones de euros.

Otra de las dudas que surge es si la rescisión exigirá una modificación del convenio firmado en 2008 con el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona. Según fuentes del Ministerio, “se está estudiando jurídicamente la oportunidad de la modificación del convenio” y la ministra Tejerina está a favor, pero deberá solicitar los informes a la Inspección General del Estado. 

Al rescindir la mayor parte del convenio firmado en el 2008 -un coste de 142,6 millones-, la Intervención del Estado deberá decidir si procede una corrección financiera por la que Aragón se vería obligado a devolver al Estado más de 60 millones de euros.

"Queremos nuestra depuradora"

La decisión de rescindir los contratos con las concesionarias por el alto grado de incumplimiento en la ejecución ha sido una batalla constante por más de cien alcaldes agrupados en asociaciones reivindicativas.

El consejero de Medio Ambiente afirma que él inició en el seno del Gobierno el debate, pero no es del todo cierto. La presión de los alcaldes del Alto Aragón y asociaciones, así como el demoledor informe de la Cámara de Cuentas o la petición de la comisión de investigación por Podemos, pusieron al Gobierno contra las cuerdas.

“La decisión es muy acertada”, cuenta el alcalde de Aínsa, el socialista Enrique Pueyo: “Por fin se han dado cuenta desde el Gobierno que no tiene ni pies ni cabeza el plan que hizo Alfredo Boné”, reconoce a este diario. "El año pasado, en un pueblo cerca de Aínsa, pusimos el agua corriente por primera vez y era un pueblo que tenía prevista la instalación de una depuradora. Era demencial”.

Otro de los alcaldes que ha batallado durante años contra los sucesivos gobiernos autonómicos ha sido Jesús Gericó, del PP. "Es una buena noticia pero habría que redimensionar las depuradoras. Se pueden construir menos, pero la nuestra es enorme para los habitantes que somos, pese a que en invierno o verano dupliquemos habitantes”. Y se pregunta: “¿Dónde han ido los 80 millones de euros del Ministerio de Cristina Narbona a Aragón? Aquí no hemos visto un duro, y es evidente porque no tenemos depuradora”.

También se ha mostrado contento el alcalde de Villanúa, Luis Terren. El socialista aplaude  esta buena noticia: "Más que victoria esperamos que esto agilice la construcción de la depuradora”.