Cristina Cifuentes durante su intervención en el acto de entrega de las Medallas de la Comunidad de Madrid

Cristina Cifuentes durante su intervención en el acto de entrega de las Medallas de la Comunidad de Madrid Efe

España Ante su comparecencia

Cifuentes logra 19 asientos en la comisión de corrupción para evitar un linchamiento

Con una lista original de 45 personas, el PP forzó un reparto proporcional de las butacas de la sala.

Daniel Ramírez

Cristina Cifuentes comparece en la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid. Es la primera vez que participa un presidente en activo. PSOE, Podemos y Ciudadanos han agriado su discurso en las últimas semanas. Los tres partidos han dejado claro que apretarán a la líder del Ejecutivo madrileño. La pondrán entre la espada y la pared.

Con los ojos en la grada, el PP presentó una lista de 45 invitados que pudieran copar la sala donde declarará Cifuentes. A tenor del reglamento, cualquier parlamentario puede ocupar una silla durante la comparecencia, sin que exista la posibilidad de echarle. Por miedo a un linchamiento, a una declaración con todo el público en contra, los populares entregaron al órgano rector un listado mucho mayor de lo habitual para forzar una decisión salomónica. Y así ha sido. La representación será proporcional, siendo el PP, lógicamente, el grupo con más asientos reservados.

El dibujo de la sala

La sala José Prat -que será más bien un estadio- dispone de 6 butacas para invitados y 27 para diputados no miembros de esta comisión, además de los reservados para los portavoces que la integran. El dibujo será el siguiente: PP, 19; PSOE, 13; Podemos, 11; y Ciudadanos, 8. Cada partido de la oposición cuenta con 4 portavoces y el resto de sus asientos, hasta completar la cifra, responden a la condición de invitados o diputados no miembros. Los populares dispondrán de 13, poseen 6 parlamentarios ya miembros de la comisión originalmente.

Debido a la alta demanda esperada, la Asamblea ya ha planificado habilitar una sala anexa en las que puedan alojarse todos aquellos que no consigan entradas para el interrogatorio al que será sometida Cifuentes, siendo esto algo habitual, que también ocurrió cuando los interpelados fueron Ignacio González y Esperanza Aguirre, ambos ya fuera de la presidencia.

¿Qué piensa la oposición?

En Ciudadanos, partido que preside esta comisión, reconocen que el gran número de solicitudes ha desencadenado esta "solución proporcional". Fuentes del PP reiteran a este periódico que en ningún momento se concibió meter a 45 personas: "Si no hubiéramos entregado esa lista, podríamos quedarnos sin asientos". Un socialista, en conversación con EL ESPAÑOL, bromea con un símil futbolístico: "Era demasiado, querían meter a toda su hinchada. Menos mal que hemos racionalizado".

Con la resolución acordada, el PP evitará que los pasillos de la Asamblea se conviertan en una carrera de diputados en busca de un asiento en la comparecencia más ansiada por la oposición.

La lista original del PP, comidilla de tertulia en el hemiciclo vallecano, reunía al grueso de sus diputados y a los miembros del Gobierno que no ocupan escaño. Una vez conocido el reparto, la Asamblea permitirá que distribuyan los asientos obtenidos al libre albedrío entre los 45 candidatos iniciales.

Bronca en el pleno

Este jueves, la comparecencia de Cifuentes capitalizó el debate en el pleno. La presidenta, en línea con esa estrategia de evitar su linchamiento un día después, pasó al ataque y acusó a Podemos de "llevar pederastas" en sus listas.

Ya desde un principio, el PP buscó enmarcar la presencia de la presidenta en una fecha marcada en el calendario, pero la oposición unió fuerzas para abrir una nueva convocatoria y situarla en el punto de mira. Finalmente, los populares se apuntaron un tanto importante, logrando incluir en el orden del día a Antero Ruiz, de IU y miembro de la mesa que otorgaba los contratos de cafetería que la Guardia Civil investiga.

Cristina Cifuentes responderá por los contratos de restauración de la propia Asamblea adjudicados entre 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco -empresa del exlíder de la patronal madrileña Arturo Fernández-, que investiga la Guardia Civil en el marco de la operación Púnica.