Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.

España

La ley de secesión catalana prevé la independencia inmediata si no hay referéndum

El texto del borrador da por hecho que, de lograrse la independencia, Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea.

La Ley de Transitoriedad Jurídica, la llamada "ley de ruptura" catalana, prevé declarar la independencia inmediata de Cataluña si el Gobierno de España impide que se celebre el referéndum separatista previsto para después del verano y, entre otras medidas, fija la pregunta de esa consulta.

Según consta en el borrador de la ley, mantenido hasta ahora en secreto por el Gobierno catalán y al que ha tenido acceso el diario El País que publica sus disposiciones en su edición de este lunes, se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución catalana durante dos meses y que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la "república parlamentaria" de Cataluña.

El Parlament ya se encargó de modificar el reglamento para permitir una aprobación exprés de esta ley de ruptura con una simple lectura única lo que supone que se podría activar en sólo 48 horas.

Su contenido establece toda la organización de una futura República Catalana, aunque con lagunas legales. Se dice quiénes sería sus ciudadanos, cómo se obtendría la nacionalidad, qué leyes seguirían en vigor, qué pasaría con los contratos firmados, con los edificios públicos del Estado...

En su disposición final, el borrador de la "ley de ruptura" establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta popular para la secesión y que ello se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament catalán "constate este impedimento".

La pregunta del referéndum

Desvela asimismo, la pregunta que se realizaría en ese eventual referéndum: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?", y señala que el resultado de la consulta sería vinculante, sin necesidad de un mínimo de participación ni de una mayoría cualificada para la secesión, todo ello supervisado por observadores internacionales "cualificados", para el reconocimiento pleno del nuevo Estado catalán.

El borrador aclara que estos supervisores serán acreditados por la Sindicatura Electoral de Cataluña y se les facilitará "la acogida y el desarrollo libre de sus actividades". Podrán asistir a los procesos de formación de las mesas, de votación, de escrutinio y de proclamación de los resultados al final de la jornada.

El borrador de la ley, según recoge El País, da por hecho que Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán.

Respecto a la organización de la Justicia, elimina la división de poderes y da un control absoluto al Govern catalán sobre el poder judicial, de manera que el presidente de la Generalitat nombraría al Fiscal General de Cataluña -ahora es potestad del jefe del Gobierno español y del fiscal general del Estado- y al presidente del Tribunal supremo catalán.

Los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley secesionista, "podrán concursar en las plazas que se convoquen" en el hipotético estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Cataluña y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.

Amnistía para las causas secesionistas

La amnistía para todos los imputados y condenados por causas secesionistas (medida que afectaría al expresidente catalán Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta independentista de 2014 y al exdiputado Francesc Homs); la obligación a policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, o la de que los funcionarios públicos aprendan catalán para poder trabajar, son otras disposiciones recogidas en el texto de la ley.

Asimismo, establece que se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Cataluña en el pasado. En todo caso, dice, ello "no exige" renunciar al pasaporte español.

En cuanto a los bienes públicos, la Generalitat pasaría a ser titular de "cualquier clase de derecho real" sobre todos aquellos que estén en territorio catalán y se "subrogaría" los contratos de obras y servicios formalizados por el estado y que afectan a Cataluña.

La Generalitat publicó hace unas semanas un inventario previo para conocer cuál es el volumen de propiedades estatales, en el que aparecieron 1.080 edificios y terrenos con un valor conjunto de 685 millones de euros que serían susceptibles de cambiar de manos.

Precisamente este lunes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, pronuncian en Madrid una conferencia sobre "Un referéndum para Catalunya. Invitación a un acuerdo democrático".