ETA ultima el show del desarme ante la pasividad del Gobierno de Rajoy

A pocas horas para la fecha fijada, ETA puede estar segura de que podrá llevar a cabo sin obstáculos la escenificación de su entrega de armas. A lo largo de tres semanas, los mediadores a los que la banda encomendó la gestión de su desarme han podido desarrollar sus actividades ante la pasividad de las autoridades. Eso a pesar de haber reconocido públicamente su relación con los terroristas y la gestión de su material. "El armamento no está ya en manos de ETA, nosotros lo gestionamos", llegó a decir uno de ellos, Txetx Echeverry, en una entrevista. La propia ETA, a través de la BBC, ha confirmado este hecho en su último comunicado.

Mientras tanto, en lo que respecta al Ejecutivo de Rajoy, este asunto ha sido relegado a un segundo plano. El Gobierno le ha dado un tratamiento de perfil bajo renunciado a agotar todos los mecanismos posibles que podrían evitar el show propagandístico que, según las fuerzas de seguridad, pretende ETA con este movimiento previsto para el sábado en Francia. Mariano Rajoy ha intervenido poco para valorar este supuesto desarme. En el Congreso del PP vasco en Vitoria hace dos semanas, el presidente dijo que el Gobierno “seguirá aplicando la Ley”, no sólo para “preservar la dignidad de las víctimas” sino porque además se ha mostrado como la forma más eficaz para la disolución definitiva de la banda. A partir de ahí, la oposición frontal a cualquier intento de edulcorar la derrota de ETA a través de este desarme ha recaído casi en exclusiva en el PP vasco, en el ámbito regional.

Paralelamente, el paso que presuntamente dará la organización terrorista este sábado coincide con el momento más dulce en muchos años de las relaciones entre el PP y el PNV. El Partido Nacionalista Vasco negocia su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, después de que los populares votarán a favor de los Presupuestos de Íñigo Urkullu en el País Vasco. Rajoy tampoco olvida que el PNV fue el único partido que apoyó el decreto de la liberalización de la estiba, que fue rechazado por la mayoría del Parlamento.

Acercamiento de presos

Este clima de confianza ha facilitado un diálogo mucho más complejo que, tal y como desveló EL ESPAÑOL, mantienen PP y PNV para el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco. El desarme total, si se confirma, abre un escenario distinto al del alto el fuego del 2011. La negociación prevé varios escenarios para acabar con la dispersión, pero no se aplicará de forma inmediata. El Gobierno no quiere dejar de lado a las víctimas y mucho menos vincular este diálogo a los Presupuestos.

Fuentes conocedoras de los actos que tendrán lugar el sábado en Bayona avanzan que durante la mañana estos mediadores harán entrega a varios miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) de un documento con la geolocalización de los zulos de ETA. Al menos los que la banda tiene controlados. Acto seguido, estos verificadores -los mismos que ya intervinieron en el falso de desarme de la caja de cartón en 2014- harán entrega de ese documento a las autoridades judiciales francesas. Está previsto que después alguno de esos verificadores internacionales haga público el inventario detallado en dichos zulos. Los organizadores del acto han pedido donaciones económicas para sufragar la organización o incluso afrontar las consecuencias jurídicas del evento. 

Los mediadores -llamados "artesanos de la paz" por la izquierda abertzale- a los que ETA ha encargado su desarme ya fueron detenidos el pasado diciembre en Francia en una operación de la Guardia Civil y la Policía gala. Su arresto se produjo cuando trataban de destruir un 15 por ciento del arsenal de ETA en connivencia con la banda. La Justicia francesa les dejó en libertad provisional, pero eso no ha impedido que continuasen sus actividades sin que haya tenido consecuencias para ellos. El Ejecutivo de Rajoy ha dejado en manos de las autoridades galas la respuesta al desarme, pero sin activar la presión diplomática de otras ocasiones. En Francia este asunto tampoco ha acaparado la atención por parte de un Gobierno saliente y un país inmerso en un proceso electoral.

Petición de las víctimas

La Audiencia Nacional también ha medido sus tiempos en función del calendario del 8 de abril impuesto por ETA y su entorno. Desde el pasado 22 de marzo tiene un escrito del Colectivo de Víctimas del País Vasco (COVITE) en el que se pide que se cite a declarar a los mediadores que dicen mantener interlocución con ETA y gestionar su arsenal. No obstante, los jueces han dejado pasar los días sin dar respuesta a esa solicitud. "Cada día que pasa significa que un etarra pueda estar más lejos", lamentaba a este periódico un portavoz del colectivo de víctimas. Fuentes de la Audiencia Nacional no ocultan a este periódico que pedir la citación de ciudadanos franceses que están en Francia sería una intromisión en las competencias de las autoridades locales.

COVITE se basa en el precedente de 2014, cuando la Audiencia Nacional sí llamó a declarar a los verificadores que se reunieron con varios encapuchados en un domicilio para escenificar el desarme. Estas personas fueron interrogadas acerca del lugar en el que se había grabado el vídeo que se difundió a los medios, quiénes eran sus interlocutores y qué sucedió con las armas. De este modo se supo que los etarras, tras meter de nuevo las armas en la caja de cartón, no se las entregaron a los verificadores, sino que se las llevaron otra vez. Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL explican que la diferencia en este caso es que los mediadores se hallan ahora en Francia por lo que seria necesario cursar una comisión rogatoria a las autoridades galas. En el caso de que Francia aceptase, difícilmente habrían prestado declaración antes del sábado.

La única respuesta conocida desde la Audiencia Nacional es la petición de Fiscalía al juez Eloy Velasco para que inste a Francia vía comisión rogatoria a que informe del material que entregan los terroristas. El objetivo es saber si entre las armas hubiese alguna pista que sirviese para esclarecer alguno de los cerca de 300 crímenes de ETA sin resolver. Precisamente, desde las fuerzas de seguridad advierten de la importancia de anticiparse a la posibilidad de que los terroristas u otras personas manipulen el material y eliminen indicios.

Pese a que el discurso oficial del Gobierno es que la única verificación posible es la que realizan la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad francesas, en este caso para poder actuar contra los mediadores es necesario que un juez autorice una intervención policial, extremo que en este caso no se ha producido. Desde el Gobierno de Rajoy, siempre se han interpretado como un éxito las operaciones contra el depósito de ETA porque les alejaba de la escenificación de una entrega como aquella de 2014 a partir de la cual solicitar contrapartidas. Expertos de la lucha antiterrorista consultados por este periódico están convencidos de que eso es exactamente lo que va a tener lugar el sábado con la participación de los verificadores internacionales.