Susana Díaz durante un acto este lunes.

Susana Díaz durante un acto este lunes. Efe

España

La Junta de Andalucía pierde la batalla judicial por la devolución de la paga extra de Navidad

Un juez comienza a dar la razón a los 1.500 funcionarios de Justicia de Sevilla que reclaman el reintegro íntegro de este complemento. El gasto para las arcas públicas superará los 500.000 euros.

María Rionegro

Susana Díaz vuelve a tropezar. Esta vez ha sido con los tribunales. Un magistrado de Sevilla ha obligado a la Junta de Andalucía a devolver la paga extra de Navidad de 2012 –retirada entonces por el Gobierno central— a los funcionarios de Justicia de Sevilla que no han recuperado el cien por cien de aquel complemento. Según el sindicato Csif-Andalucía, la orden judicial le podría costar al Gobierno andaluz más de medio millón de euros.

El origen de esta reclamación está en una sentencia de noviembre de 2013. Entonces, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla dictaminó “contraria a derecho” la retirada de esta paga extra “sufrida por el actor [un funcionario demandante] en sus nóminas de julio a diciembre de 2012” y declaró el derecho del demandante a “ser resarcido”. Fue la primera sentencia que exigía la devolución del dinero y abría la puerta a más reclamaciones. Y así fue.

Csif-Andalucía, que presentó alrededor de 800 demandas, calcula que finalmente se habrán registrado unas 1.500 de funcionarios de Justicia de Sevilla que no iban a recuperar la paga extra de Navidad de 2012 hasta el mes de febrero de 2018, cuando la Junta les iba a ingresar el 25% que aún les falta por cobrar en virtud de los acuerdos alcanzados. Ahora, los autos judiciales marcan un plazo de 90 días a la Junta para pagar esa parte.

Tras esa primera sentencia, este mismo juzgado recibió un aluvión de reclamaciones que el magistrado Alfredo de Diego Díez comenzó a resolver el pasado viernes en favor de los funcionarios de Justicia de Sevilla afectados por este recorte. En concreto, ha firmado lo que en lenguaje jurídico se denomina “extensión de efectos” de aquella primera sentencia a los nuevos casos que reclamaron posteriormente.

Según ha explicado la responsable del sector Justicia de Csif en Sevilla, Águila Fernández, el juzgado habría emitido ya “unos 50 extensión de efectos”, aunque las reclamaciones planteadas alcanzan las 1.500. En dinero, esto le supondrá a las arcas públicas del Gobierno de Susana Díaz un desembolso de 300.000 euros por la paga extra, otros 240.000 euros por los costes, más los intereses que cada afectado reclame. Es decir, más del medio millón de euros.

Tras este varapalo judicial, el sindicato confía en que la Junta “tome buena nota y no haga esperar al resto de funcionarios de Justicia de Andalucía para la recuperación de un derecho que nunca hubo de ser cercenado de esa forma tan indebida”. Además, han señalado que el Gobierno andaluz podría presentar un recurso de reposición, pero que sería este mismo juzgado el que lo resolvería.