Solo en el 17% de sedes del PP había más candidatos que compromisarios

El Partido Popular cerró este lunes las 1.200 urnas repartidas por las agrupaciones locales de toda España para elegir a los 3.128 compromisarios que acudirán en nombre de todos los militantes al congreso nacional de febrero. Los datos de participación son verdaderamente alarmantes en un partido que presume de democracia interna y critica las primarias de sus rivales. Según datos oficiales, solo hubo “votación real” en 208 agrupaciones, el 17% del total. Son los únicos lugares donde había más militantes aspirantes a compromisarios que puestos a cubrir.

En Madrid capital, dividida en 21 distritos, solo ha habido votación en ocho circunscripciones, según los datos oficiales que maneja el partido. En el distrito de Salamanca, donde hay 5.000 afiliados, solo votaron 147 para elegir las siete plazas del congreso nacional. En el de Aravaca-Moncloa, Cristina Cifuentes y 266 militantes más; en Chamberí, apenas 98.

Los datos avalan la teoría de plataformas de militantes críticas con la democracia interna del PP como son Floridablanca o Foro Bases. Fuentes internas de las dos corrientes coinciden en el diagnóstico: “En la mayoría de las sedes no ha habido urnas para elegir a los compromisarios, que por norma general ocupan cargos orgánicos en el partido a nivel local o regional”.

Casi al mismo tiempo que cerraban las urnas y se elegían a los compromisarios que acudirán al congreso de febrero, el vicesecretario Fernando Martínez-Maillo desgranaba ante los periodistas el nuevo sistema de elección que la cúpula del PP propondrá en el cónclave para abrir la participación a los militantes. La fórmula ha sido bautizada por los conservadores como “doble vuelta”. Sin embargo, los militantes solo podrán votar en la primera. La segunda, la definitiva, queda reservada para los compromisarios.
Todos aquellos militantes que quieran participar deberán inscribirse en un censo y votarán a los candidatos que lo deseen. Los candidatos que consigan el 10% de los votos de los afiliados pasarán a la segunda vuelta. Será aquí donde la última palabra la tengan los compromisarios que se habrán elegido previamente como se hace hasta ahora.

Con este nuevo sistema, la dirección nacional busca satisfacer a los dirigentes regionales como Cristina Cifuentes e Isabel Bonig, que piden abiertamente la participación de los militantes en la elección de sus dirigentes. Fuentes de la cúpula del partido se muestran convencidos de que el sistema funcionará y que será aceptado por todos. Además, alegan que han escuchado todas las peticiones y han buscado una fórmula de consenso que convenza a todos. De momento, los barones más críticos no se han pronunciado sobre la nueva ecuación que ha buscado el partido para contentarles.

La Oficina del Cargo Popular

Los estatutos que presentará la dirección nacional del PP se someterá a votación en el congreso que los populares celebran a mitad de febrero en Madrid. La cúpula enviará los cambios que quieren ejecutar en el partido a todas las agrupaciones antes de final de año. A partir de entonces, serán las federaciones las que tienen la oportunidad de presentar las enmiendas que consideren oportunas al texto oficial. El resultado final se votará en las cinco ponencias que el partido ha dividido el cónclave.

Para prevenir casos de corrupción, la cúpula del PP creará un nuevo órgano que ha denominado la Oficina del Cargo Popular que formarán personas externas al partido y que se encargarán de "supervisar, vigilar y controlar el propio funcionamiento del partido". El objetivo de Génova es controlar a todos los cargos públicos, desde el ámbito territorial local hasta el nacional y evitar "algún tipo de irregularidad. Si lo comete, pillarle y mandarlo al juzgado".

Juicio oral

El PP no quiere claudicar ante Ciudadanos: el partido solo pedirá a sus militantes o altos cargos que abandonen el partido cuando se abra juicio oral, nunca antes salvo delito flagrante. De hecho, fuentes de la cúpula del partido recuerdan que el acuerdo de investidura para hacer presidente a Rajoy se firmó entre los portavoces parlamentarios del Congreso, no con el partido. Por eso se desvinculan de la imposición del partido de Albert Rivera de que se aparte al cargo público mucho antes, cuando se abre una investigación.