Así se abrirá la nueva tele valenciana para que no sea otro Canal 9

El parlamento valenciano ha aprobado este jueves la ley para la creación de la nueva radiotelevisión pública de la Comunidad Valenciana tras el cierre que el gobierno popular de Alberto Fabra ejecutó en noviembre de 2013. La aprobación se ha hecho con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP y con el enfado de los extrabajadores hacia los miembros del Consell. Este colectivo sostiene que se han visto vulnerados sus derechos laborales porque el texto no les da prioridad a su contratación en el nuevo ente.

La nueva radiotelevisión pasará a llamarse Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y la ley aprobada incluye medidas para que la nueva televisión no vuelva a ser ‘una Canal 9’, es decir, un referente en manipulación informativa, despilfarro y enchufismo laboral. La reapertura fue una promesa electoral del presidente valenciano, Ximo Puig, y de sus socios de gobierno.

"Hoy es un día importante para la sociedad valenciana, que vuelve a tener la voluntad y la proyección de una nueva radiotelevisión pública que nos dé un espacio comunicativo potente, nos ayude a coser la Comunitat, nos haga más fuertes como pueblo, capaces para proyectar nuestra cultura y fomentar nuestra economía", ha dicho al término de la votación. La ley se ha aprobado después de una comparecencia de Puig para reclamar una reforma inmediata de la financiación autonómica con alusiones a los problemas presupuestarios actuales.

El futuro ente tendrá una aportación pública todavía sin definir pero que en todo caso no será inferior a los 54 millones ni superior a los 108. El texto establece un suelo y un límite de gasto con el objetivo de evitar que la radiotelevisión vuelva a ser foco de despilfarro. Se trata de una de las medidas para no volver a tener una tele como Canal 9.

TECHO DE GASTO PÚBLICO

La anterior RTVV ha dejado una deuda de 1.200 millones y una herencia de contrataciones ruinosas como la adjudicación a la red Gürtel de las pantallas para la visita del Papa a Valencia por 7,4 millones. Un asunto que ha acabado en los tribunales. La nueva ley establece que el ente sólo recibirá fondos públicos con un presupuesto del 0,3 al 0,6 del presupuesto de la Generalitat. Esto es, entre un mínimo de 54 millones y un máximo de 108. El resto deberán ser ingresos por publicidad o por comercialización de productos. Será un consejo rector el que decida qué presupuesto fijar y cuántos trabajadores tendrán en plantilla.

Tampoco podrá el nuevo ente incurrir en un déficit importante y solo podrá recurrir al endeudamiento (también con límite) para financiar inversiones. Y hay garantías para evitar el derroche: la cúpula cesará si tienen un déficit de al menos un 10% de la subvención pública o una caída de los ingresos previstos de más del 25%.

CARGOS NO NOMBRADOS DESDE EL PALAU

La nueva corporación estará a cargo de un consejo rector formado por 10 personas de las cuales cinco serán elegidas por las Cortes Valencianas. Las otras se elegirán del siguiente modo: uno por un consejo de la ciudadanía (ciudadanos valencianos elegidos en un proceso abierto y sin vinculación política ni sindical), dos por un Consejo Audiovisual (un organismo autónomo e independiente que estará integrado por expertos en comunicación) y otro por los propios trabajadores. Finalmente, las Cortes también elegirán a quién será el presidente.

Los altos cargos de la radiotelevisión serán el presidente del consejo rector y un director general. Ninguno de ellos se elegirá directamente desde el Palau de la Generalitat. Es uno de los mecanismos de control introducidos para evitar que la tele sea un instrumento para difundir los dictados del presidente de turno. Para la elección del presidente se abrirá una convocatoria pública y será el Consejo Audiovisual quien nombre tres candidatos.

Los tres deberán pasar por el Parlamento, exponer sus proyectos. El nombramiento será por mayoría cualificada. Solo si no hay acuerdo podrá haber un presidente por mayoría absoluta, pero en este caso solo podrá ejercer durante medio año hasta que se halle un candidato de consenso. También el director general será elegido por un concurso público entre profesionales de la comunicación.

“Hay medidas para que esto no vuelva a ser un coladero de amigos y familiares y para no tener un endeudamiento insoportable”, ha dicho Antonio Montiel, portavoz de Podemos, partido que ha llevado las riendas de la elaboración de la ley aunque no ha podido introducir una enmienda para la contratación prioritaria de los extrabajadores.

CONTROL ‘ANTIMANIPULACIÓN’ 

La ley establece la creación de un consejo informativo integrado por trabajadores con el objetivo de garantizar la independencia y evitar mandatos editoriales. Tendrán el poder de decisión en la elección el jefe de informativos. Este es uno de los contrapesos establecidos para evitar que los informativos sean ejemplo de la manipulación que Canal 9 llevó al extremo con el accidente del metro y con el procesamiento del expresidente Francisco Camps, entre otros casos.

Otra de las novedades de la ley es la creación de un consejo de la ciudadanía que estará formado por trece personas elegidas por un proceso abierto entre valencianos mayores de 16 años que no estén en un partido político ni en sindicatos, entre otros requisitos como el de tener un “entendimiento claro” de lo que es un servicio público de radiotelevisión.

Este consejo elaborará informes que, aunque no son vinculantes, analizarán la programación. También tendrán la función de defensa del espectador. Su creación supone una forma de velar por los contenidos de la nueva televisión y poner coto a que se puedan generar programas como el que en su día supuso Tómbola, con dudoso beneficio social.

CONFLICTO CON LOS EXTRABAJADORES

El Comité de Empresa de la extinta RTVV ha mostrado el enfado por la aprobación de esta ley porque creen que les “ha chafado” y “no reconoce” sus derechos laborales ni lo firmado en el ERE de 2012. Este documento estableció que de reabrirse Canal 9 antes del verano de 2017 debería darse prioridad en la contratación a quienes integraron su plantilla. Así que, según el Comité, la ley “provocará mucha inseguridad jurídica” y derivará en “más demandas judiciales”.

Este ha sido uno de los principales puntos de controversia. Podemos quería introducir una enmienda para reflejar esta prioridad, pero un acuerdo de socialistas con Compromís y Ciudadanos ha hecho que sólo sean tenidos en cuenta de forma prioritaria durante la apertura de una televisión en pruebas pero no en la plantilla definitiva, que deberá ser elegida por concurso público y abierto.

Los extrabajadores han anunciado este jueves que seguirán dando la batalla para defender lo que creen sus derechos de incorporación al nuevo ente.