La juez envía a juicio a la cúpula de la CAM y les impone una finanza de 1.600 millones

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acaba de acordar llevara juicio a ocho ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por las irregularidades presuntamente cometidas en la entidad. Les impone una fianza de 1.592 millones de euros para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudieran imponerse y que deberán pagar en un plazo de 24 horas.

En un auto, la magistrada envía a juicio al último presidente de la caja, Modesto Crespo, los dos últimos directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los también directivos en el momento a que refieren los hechos investigados Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, quienes deberán hacer frente a la citada fianza de forma conjunta y solidaria. Deberán responder de dicha cantidad como responsables civiles subsidiarios el Banco Sabadell, la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (Fundación CAM) y como responsable civil directo Caser.

La juez abre juicio oral por delitos de falsedad en cuentas anuales e información social, delito relativo al mercado y a los consumidores, manipulaciones informativas, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y estafa agravada.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación señalando al presidente y los dos últimos directores generales de la entidad a la cabeza, por falsear las cuentas de la caja a través de operaciones con títulos fallidos de modo que en el último año y medio de vida de la entidad se declararon beneficios cuando en realidad se arrastraban pérdidas.
A esto se añade que contabilizaron incorrectamente tanto el reparto de dividendos de las sociedades filiales como el cobro de indemnizaciones por prejubilación y otras retribuciones de las que se habría beneficiado el comité de dirección.

Venta de créditos fallidos

Esta investigación arrancó centrada en los estados financieros de la CAM de 2010 y los primeros seis meses de 2011 y que tanto según los informes periciales que aportó la representación procesal de la CAM, como los elaborados posteriormente a petición del fiscal, concluyen que las cuentas no reflejaban la imagen real de la entidad. Esto ocurría como consecuencia, sobre todo, de una práctica conocida como titulizaciones, que consiste en la venta de créditos fallidos para minimizar riesgos, sólo que en el caso de la CAM se vendían con opción de recompra, con lo que en realidad el riesgo no se traspasaba, sólo se ocultaba durante un tiempo. Esto llevó a que el resultado contable del ejercicio 2010 debía haber sido menor que el presentado en casi 170 millones de euros.

La Fiscalía también apreciaba indicios de un incorrecto reparto de dividendos de las sociedades filiales de la caja y de la dotación relativa al fondo de prejubilaciones, concepto por el que miembros del comité de dirección habrían cobrado indebidamente alrededor de 20 millones por varios conceptos retributivos (indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser).

La apertura de juicio oral se acuerda después de que el juez Javier Gómez Bermúdez -titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 hasta su designación como juez de enlace en Francia- cerrara la investigación y fijara el procesamiento para los ocho ex directivos, por el saqueo de la caja de ahorro, a la que hubo que inyectar 5.249 millones de euros de fondos públicos. La CAM fue vendida por un euro al Banco Sabadell en febrero de 2013, previa suscripción de un seguro contra pérdidas que superaba los 10.000 millones, también sufragados por el Estado.

En juez ya apuntaba las maquinaciones supuestamente desplegadas por los ex directivos para exprimir en su beneficio la caja que ellos mismos quebraron al exponerla al monocultivo del ladrillo en los años del 'boom' inmobiliario.

El instructor concluyó que los gestores de la CAM supuestamente alteraron las cuentas de 2010 y del primer semestre de 2011 en 210,3 millones de euros “para poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad”.