Multa de 18 millones por pactar precios para comedores escolares

La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto una multa de 18 millones de euros a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores de los colegios públicos vascos, por actuar de manera concertada e impedir la libre competencia, incrementado los costos. Su investigación ha puesto al descubierto la existencia de un cártel que causaba serios perjuicios económicos al erario público.

Las empresas ahora multadas han estado repartiéndose de forma “concertada” el mercado generado por el Departamento de Educación “al menos durante diez años”, el periodo investigado comprendido entre 2003 y 2014.

A lo largo de estos ejercicios los presupuestos de las contratas anuales, abonadas para suministrar los menús de las comidas a los centros públicos, sumaron un total de 854 millones. En tan importante cantidad justifica el organismo administrativo lo elevado de la multa ahora impuesta, la más alta de las acordadas a lo largo de toda su historia.
Las empresas sancionadas son: Eurest Colectividades, S.L., con 6.640.713 euros; Auzo Lagun Sociedad Cooperativa, con 6.108.446 euros; Gastronómica Cantábrica, S.L., con 1.626.662; Gastronomía Vasca (Baska) S.A, con 1.546.226; Tamar Las Arenas, S.A., con 1.108.347; Cocina Central Magui, S.L., con 775.827; Cocina central Goñi, con 522.879; y Eurest Euskadi, S.L., con 135.497.

La cuantía de las multas varía entre el 3,05% y el 7,40% - la ley permite hasta un 10%- del volumen de negocio de las compañías sancionadas y está calculada en base a su participación en la infracción, la reiteración de la conducta, el peso de los contratos en su facturación total y la relevancia del mercado afectado.

Competencia asegura que ha quedado demostrado que las ocho empresas dejaron de competir realmente para hacerse con el servicio de comidas en los centros escolares. Las ocho firmas fueron las únicas que superaron la primera fase de contratación, la que les acreditaba para presentarse a todos los concursos. Sin embargo, no lo hicieron y “orquestaron” una pauta para repartirse, ya en la segunda fase del procedimiento, los lotes que Educación sacaba a licitación.

El Departamento fragmentaba la contrata de las comidas para escolares por comarcas y fijaba un precio de salida que no se podía superar. A raíz de la concertación establecida cada empresa se solía presentar sólo y con mejor precio a lotes específicos, dejando de concurrir a otros similares para los que estaba igualmente cualificada o, en el caso de que lo hiciera, adoptando posturas de “cortesía”, es decir sin entrar a rivalizar con aquella a la que le estaba destinado, según han asegurado a El Español fuentes de la investigación realizada.

La práctica acordada garantizó a cada una de las empresas la adjudicación del mismo lote anual, “y a un precio alterado al alza por la concertación”.

Un ahorro de siete millones

Competencia no fija a cuánto asciende el dinero que se podía haber ahorrado el Departamento vasco de Educación si hubiera funcionado el sistema de libre competencia. Ofrece, no obstante, un dato significativo. El servicio a los comedores escolares en 2015, cuando ya estaba iniciado el expediente ahora resuelto, se adjudicó en 7 millones menos, “sin merma alguna” en la calidad dispensada. Una cantidad que se refiere a un único año.

El órgano administrativo vasco da mucha importancia a la repercusión social de la conducta desarrollada por el cártel de empresas. Los comedores de los colegios públicos prestan servicio a un elevado porcentaje de población y sus costes son financiados por el Gobierno vasco y por las familias de los escolares. El Ejecutivo se hace cargo de forma directa de un 35% del presupuesto del menú diario, pero además aporta más dinero público de forma indirecta a través de ayudas otorgadas a los estudiantes becados.

En la resolución en la que comunica la sanción, Competencia expone que el cártel conformado por las ocho empresas impidió tanto a la Administración como a las familias vascas “beneficiarse de las diferencias en precio y calidad del servicio que se derivan de la libre competencia”.

Concluye además que esa alteración “tan sofisticada “ de la contratación pública “ha supuesto un beneficio extraordinario e ilícito para las empresas y un grave perjuicio al interés general”.

Todos estos argumentos arman la resolución de la institución, que recuerdan que el reparto del mercado es una infracción “muy grave” contra la Ley de Defensa de la Competencia y que la ley permite en esos casos multas de hasta el 10% del volumen total de las empresas en su ejercicio anterior.

Denuncia ante Competencia

El caso del cártel que operaba sobre el servicio de comedores escolares fue descubierto por otra empresa del sector, Aibak, que denunció los hechos ante la Agencia Vasca de Competencia en 2013.

El asunto llegó también al Parlamento Vasco pero la investigación ya en curso, abierta en 2014, impidió a los parlamentarios profundizar en los datos puestos encima de la mesa.

Años antes, en 2011, el propio Departamento de Educación , controlado por la socialista Isabel Celáa, trató de modificar el procedimiento de contratación pero algunas de las empresas recurrieron los nuevos pliegos de condiciones y la Administración vasca se vio obligada a anularlos y prorrogar los anteriores. El sistema no cambio hasta esta legislatura, ya de la mano del PNV.

Su actual titular, la consejera Cristina Uriarte, ha exculpado de lo sucedido a funcionarios y cargos del Departamento y ha hecho únicamente responsables a las empresas afectadas. Ha rechazado que las familias se hayan visto perjudicadas por los sobrecostes porque ha dicho que pagan una cuota fija de comedor, independiente del precio de licitación, y ha señalado los cambios introducidos en la contratación por su Departamento. Se ha ampliado el número de lotes y para adjudicarlos se exige al menos la presentación de dos ofertas.

El Gobierno vasco, a través de su portavoz, Josu Erkoreka, ha anunciado que estudiarán la resolución de Competencia para ver si es posible reclamación alguna y que las mercantiles multadas, que actualmente siguen prestando el servicio de catering, podrán continuar haciéndolo mientras no estén inhabilitadas judicialmente.

Las empresas recurrirán

Al menos la mitad de las empresas de catering sancionadas – que siguen cubriendo el servicio de comedores- han anunciado ya que recurrirán la multa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Ausolan, propietaria de Auzo Lagun, Cocina Central Goñi y Cocina Central Magui, rechaza haber realizado actos “contrarios o restrictivos” de la libre competencia en sus 47 años de actividad profesional. Afirma, a través de una nota en su web, que la resolución está basada en “información no contrastada” y que la denuncia fue interpuesta por un competidor no homologado por el Gobierno vasco al que la vía judicial no le dio la razón.

Gastronomía Baska niega igualmente en un comunicado las prácticas irregulares que se le imputan y considera que la resolución es “desproporcionada”y “no se ajusta a derecho”. “Sostenemos que no ha existido acuerdo o concertación con nadie y subrayamos que hemos trabajado siempre de forma intachable y obteniendo las mejores calificaciones”, expone en su página web.