Blesa y Barcoj tenían “dominio real” de las retribuciones irregulares de Caja Madrid

La juez de Madrid que investiga posibles irregularidades en las retribuciones de los directivos de Caja Madrid, que provocó un perjuicio económico para la entidad de unos 14,8 millones de euros, señala al expresidente, Miguel Blesa, y a su exdirector general, Ildefonso Sánchez Barcoj, como las dos personas con “dominio real de los hechos que se imputan y en principio , de la iniciativa , diseño de la forma y finalidad de los actos y sus consecuencias”.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que cita a los dos ex directivos de la entidad para que declaren en calidad de investigados el próximo 24 de febrero. En la resolución, explica que la causa debe centrarse en estas dos personas, al ser los máximos responsables del Comité de Dirección de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

De esta manera, la titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, rechaza ampliar la investigación al resto de miembros del Comité ni a otros directivos de la entidad. En la resolución explica que los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción “son muy concretos, y se dirigen frente a dos personas individualizas”.

Rechazada la inhibición a la Audiencia

La juez ha citado a declarar a los dos ex altos cargos de Caja Madrid después de que la Audiencia Nacional rechazara la inhibición planteada por esta instructora, que entendía que los delitos investigados podría afectar a la economía nacional y, por tanto, debía ser un Juzgado Central de Instrucción el encargado. Al haber sido rechazada la inhibición, la titular del Juzgado -distinta a la que acordó enviarlo a la Audiencia Nacional- ha asumido de nuevo la instrucción.

Su primer paso ha sido citar en calidad de investigados a Blesa y Barcoj, ambos recientemente acusados en la pieza conocida como las 'tarjetas black', abierta en la Audiencia Nacional. Para el primero, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado seis años de prisión, mientras que al segundo pide dos años de cárcel una vez aplicada la atenuante por haber devuelto el dinero utilizado con la tarjeta que entregó Caja Madrid a todos su consejeros y directivos.

En este otro asunto de las retribuciones, la juez de Madrid investiga la aprobación de unas retribuciones irregulares de los directivos de la entidad entre 2007 y 2010, que habría supuesto un perjuicio económico para la entidad de unos 14,8 millones de euros, tal y como alertó el propio Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Nueva imputación, después de las 'black'

Blesa y Barcoj están investigados por un delito de administración desleal, tal y como solicitaba Anticorrupción, que considera que en las fechas investigadas se produjeron irregularidades en las retribuciones de altos cargos de Caja Madrid. En su informe, se hace referencia a un Consejo de Administración de 2 de septiembre de 2008 en que se aprobó un incremento de 14,5% respecto a la masa salarial del 31 de diciembre de 2007.

El Ministerio Público presentó una querella tras recibir los datos del FROB. En su escrito afirma que Blesa no sometió el acuerdo a la Comisión de Retribuciones.Alega que finalmente el importe del incremento aplicado entre los nueve directivos del Comité de Dirección ascendió a un 16%, que se cifra en 2.047.248 euros. Pone de relieve que este incremento repercutió en el cálculo de la retribución variable de los miembros del Comité de Dirección, fijándose esta cantidad en 935.047 euros.

También describe que no se ha hallado justificación en el pago de 896.700 euros en concepto de obtención de objetivos, dentro de la retribución variable . Así que la Fiscalía denuncia que parte de las aportaciones del plan de pensiones de los miembros del Comité se incluyó en las nóminas como gratificación extraordinaria, de forma que finalmente la tributación la asumía Caja Madrid , y no los directivos , cifrándose el perjuicio en 1.835.881 euros.

Por último, el Ministerio Público apunta a las posibles irregularidades en los pagos a cuatro directivos al finalizar la prestación de servicios. El Ministerio Fiscal ha calificado estos hechos inicialmente como constitutivos de delitos societarios de administración desleal.