Carlota Guindal

Rodrigo Rato tiene su futuro judicial cada vez más complicado después de que el juez haya interrogado a su secretaria de toda la vida, la persona que conoce a la perfección los negocios del expresidente de Bankia. Su confianza llegaba hasta tal punto que incluso Teresa Arellano consta como administradora de varias de sus sociedades. 

El juez Antonio Serrano-Arnal ha acorralado a los testaferros de Rato con el objetivo de averiguar si eran personas de paja en distintas sociedades cuyo beneficiario real era el exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI). Junto a su secretaria, también fue detenido el miércoles Miguel Ángel Montero. Ambos quedaron en libertad con la obligación de comparecer una vez al mes en el Juzgado después de haber pasado 48 horas en los calabozos del Instituto Armado.

La semana pasada también fue citado a declarar Domingo Plazas, quien confesó que él hacía lo que Rato le pedía, reconociendo el control del exministro de Economía en las sociedades que administraba. Junto a la detención e ingreso en prisión de Alberto Portuondo,  el instructor está cerrando el círculo de las personas que bajo su nombre le ayudaron a ocultar parte de sus fondos y blanquearlos en el extranjero.

Serrano-Arnal ya tiene cercados a los testaferros. Pero no solo eso, también ha imputado a los más altos directivos de dos empresas de publicidad que consiguieron contratos millonarios con Bankia y de los que se sospecha habrían pagado a cambio comisiones ilegales al que fuera el presidente de la entidad bancaria a través una sociedad a través de la cual se movió el dinero hasta acabar invertido en un hotel en Berlín de su propiedad. 

Laberinto de sociedades

El siguiente es el propio Rato. El magistrado le ha citado a declarar el próximo martes después de que la Guardia Civil ya le interrogara durante horas la tarde del jueves. La parte en la que está citado es la que se encuentra bajo secreto de sumario y por la que están tanto los testaferros como los directivos de la empresas de publicidad imputados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.

Fuentes del caso señalan que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil interrogaron al expresidente de Bankia sobre el desvío de dinero entre sociedades para ocultarlo al fisco y posteriormente blanquearlo. Otro de los puntos que se desconocía hasta ahora es que Rato habría cobrado el pago por su participación en congresos y conferencias a través de la sociedad Arada SL, que a su vez financia Vivaway y de ésta el dinero pasaría a Bagerpleta GMBH, cuyos fondos eran invertidos en la explotación del hotel alemán.

Estos datos constan en la resolución del magistrado, que rechaza la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de rechazar asumir el caso. Esto significa que ninguno de los dos se sienten competentes para seguir con el proceso. Hasta que un superior jerárquico tome una decisión, Serrano-Arnal deberá seguir con la instrucción.