Hay una verdad numérica que, al principio, apenas se siente. Luego se nota en las calles, en los hospitales, en las aulas y en las pensiones que pesan más que los salarios. 

España y Europa están envejeciendo de manera profunda y sostenida. No pensemos que es un cambio ligero o pasajero. Más bien diría que es una transformación de la estructura demográfica que tiene consecuencias reales sobre la salud, la economía y la cohesión social.

Si vamos a los números, o como se suele decir, los datos oficiales: España ya supera los nueve millones de personas de 65 años o más, lo que representa alrededor del 20% de la población total. La proporción de mayores de 80 años ha alcanzado el 6,1%, y quienes superan los 90 son más de 600.000. 

Además, este proceso continuará acelerándose en las próximas décadas debido al envejecimiento de las generaciones del baby boom y a unas tasas de natalidad muy bajas. 

En el conjunto de la Unión Europea, la tendencia es la misma. La edad media de la población crecerá, alcanzando más de 48 años en 2050. Por otra parte, la proporción de personas mayores de 65 años aumentará significativamente, con una expansión notable de los grupos de edad avanzada. 

Remarco que esto no es un fenómeno estadístico abstracto. El envejecimiento poblacional tiene impactos tangibles en la vida de las personas y en la sostenibilidad de los sistemas que damos por sentados: salud, empleo, pensiones, economía y relaciones intergeneracionales.

Mas, desgranemos la situación con la ciencia como guía. 

Desde la biología hasta la economía, pasando por la salud pública, la evidencia científica describe tres efectos principales del envejecimiento demográfico.

El primero es el incremento de la morbilidad crónica. A medida que la población envejece, las enfermedades no transmisibles —hablo de la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las patologías neurodegenerativas— se vuelven más prevalentes.

Las personas mayores son más vulnerables a estas condiciones que requieren atención continua, lo que configura una carga mayor para los sistemas sanitarios.

El segundo efecto es el aumento de la dependencia. Con menos personas en edad activa y más en edad de dependencia, la ratio de dependencia —personas no productivas respecto a personas activas— crece, afectando la productividad y la capacidad de sostener servicios sociales y de salud pública. En algunos escenarios europeos esta carga se proyecta al doble de lo que era en décadas anteriores. 

Un grupo de personas mayores.

Un grupo de personas mayores. Istock

El tercer efecto es socioeconómico: la desaceleración del crecimiento. El envejecimiento reduce la proporción de trabajadores jóvenes, lo que tiende a ralentizar la expansión del PIB, afecta la innovación y dificulta mantener niveles de bienestar sin ajustes profundos. 

De hecho, varios organismos europeos han señalado que el envejecimiento poblacional podría reducir el crecimiento anual del PIB per cápita en buena parte del continente y otras parte del mundo si no se adoptan políticas estructurales. 

Si estos datos muestran el qué, entonces la ciencia y las políticas públicas deben centrarse en el cómo responder y qué cambiar para enfrentar este reto con dignidad y eficacia.

La primera palanca de acción es promover un envejecimiento activo y saludable. El segundo eje es fortalecer la atención primaria de salud y los cuidados integrales. Y en tercer lugar, hay que adaptar el entorno físico y social para las personas mayores. 

¿Cómo hacerlo?

España puede convertir el envejecimiento en una ventaja con tres medidas claras: una Tarjeta Oro Salud que prescriba ejercicio, nutrición y participación social desde Atención Primaria; una red estable de médico y enfermera de barrio que lleve el sistema sanitario a los hogares para prevenir dependencia y hospitalizaciones; y un Plan España Amable que rediseñe ciudades y viviendas para que la autonomía cotidiana funcione como una verdadera infraestructura de salud pública.

Además, es imprescindible repensar la educación y la formación profesional para todas las edades. Sabemos que las capacidades cognitivas no se detienen al llegar a cierta edad. Programas de aprendizaje permanente pueden mantener activas las funciones cognitivas, favorecer la reinserción laboral de mayores y reducir la brecha generacional en habilidades digitales.

Si nos vamos a la macroeconomía, los análisis demográficos alertan de la importancia de políticas que estimulen la natalidad y gestionen la migración de forma estratégica. 

La fecundidad española se encuentra entre las más bajas del mundo, lo que ha transformado la pirámide demográfica en una figura de ánfora más que de pirámide tradicional. Políticas de conciliación laboral y familiar, apoyo a la maternidad y a la paternidad, y mecanismos que reduzcan las barreras económicas para tener hijos son parte esencial de una respuesta a largo plazo.

¿Y la migración?

He de decir que juega un papel relevante. La entrada de personas en edad laboral puede aliviar la presión sobre los sistemas de pensiones y contribuir a mantener la base de la pirámide demográfica.

Organizaciones internacionales han recomendado aumentar la inmigración regular y activar a trabajadores mayores para mitigar la caída proyectada de empleo y sostener el crecimiento económico. 

Más allá de políticas públicas concretas, la ciencia nos enseña que la equidad intergeneracional debe ser un principio rector. Un país envejecido con tensiones entre generaciones corre el riesgo de polarizar recursos, expectativas y oportunidades. 

Mantener el diálogo social, promover la participación de personas de todas las edades en el diseño de políticas y reforzar los mecanismos de solidaridad permitirá una transición demográfica más justa.

En última instancia, un país envejecido no es una tragedia inevitable. Pero sí es un desafío que requiere estrategias informadas por datos científicos, diseñadas con sensibilidad humana y ejecutadas con voluntad política. 

Significa repensar la educación, el trabajo, la salud, el urbanismo y la cohesión social para convertir una tendencia demográfica en una oportunidad colectiva.

España y Europa tienen recursos científicos, institucionales y humanos para adaptar sus sociedades al envejecimiento. Lo que falta es coherencia en la implementación de políticas integrales que pongan la evidencia científica al servicio de la justicia social.

La ciencia no promete certezas absolutas, en cambio, sí da herramientas para enfrentar lo que viene con dignidad, eficacia y humanidad. Y es —como siempre— un refugio imprescindible cuando el futuro se construye sobre la realidad y los datos.