La Comisión Europea define la economía circular como un modelo en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos "se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, y se reduce al mínimo la generación de residuos". Este nuevo paradigma surge porque el modelo lineal tradicional (extraer-fabricar-consumir-desechar) ha dejado de ser sostenible: según Global Footprint Network, la humanidad consume hoy en torno a 1,7 veces los recursos que la Tierra puede regenerar anualmente.

A la clara contribución de la economía circular en términos de eficiencia económica, competitividad, descarbonización y resiliencia climática, hay que añadir su lógica geoestratégica, al reducir la dependencia de otras regiones en el abastecimiento de, por ejemplo, materias primas fundamentales para las transiciones digital y energética.

Acelerar la transición circular resulta, por tanto, imprescindible y urgente.

El papel esencial de las ciudades

A escala global, se estima que las ciudades consumen alrededor del 75% de los recursos materiales y la energía, generando en torno al 50% de los residuos y alrededor del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. En la Unión Europea, las áreas urbanas y metropolitanas concentran alrededor del 75% de la población, generan en torno al 65% del PIB y agrupan más de la mitad de la superficie construida.

Las ciudades tienen un papel esencial en el desempeño circular de sectores intensivos en recursos identificados como prioritarios en el vigente Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión Europea, como es el caso de la construcción, los bienes de consumo y el agua. En particular, según la Agencia Europea de Medioambiente, la vivienda y la alimentación concentran en torno al 70% de la huella material del conjunto de la economía.

Aprovechar este enorme potencial requiere una estrecha coordinación y colaboración entre las distintas administraciones implicadas. En España, el marco normativo en materia de economía circular se determina en gran medida a escala de la Unión Europea y se transpone al ordenamiento nacional.

Su aplicación práctica recae en buena medida en las comunidades autónomas, que aprueban planes multianuales de actuación y gestionan una parte importante de las autorizaciones en materia de residuos y otras políticas ambientales. Al mismo tiempo, las empresas desarrollan y aplican sus propias políticas de circularidad y sostenibilidad.

Por lo tanto, las administraciones locales españolas no cuentan con total autonomía para fijar normativas circulares en sus municipios, aunque sí disponen de múltiples palancas para alinear las ordenanzas, la fiscalidad local y su modelo de gestión con los principios de una economía circular. Podemos destacar tres palancas en particular:

  1. Compra pública. La legislación europea impulsa la integración de criterios ambientales en la contratación pública, orientándola hacia soluciones y modelos de negocio que optimizan el uso de los activos, bienes y servicios adquiridos a lo largo de su ciclo de vida. Ejemplos de esto son los sistemas de pago por uso o la incorporación en los pliegos de licitación de requisitos de ecodiseño, durabilidad, contenido reciclado o periodos de garantía ampliados.
  2. Servicios urbanos. Una gestión circular de los residuos municipales busca maximizar la separación en origen por parte del ciudadano y minimizar el volumen enviado a vertedero, aplicando, por ejemplo, sistemas de pago por generación y estrategias de reutilización, compartición, reparación o reciclaje de los recursos que usamos o consumimos. Por otro lado, la gestión del agua en clave circular persigue optimizar su consumo y favorecer la reutilización allí donde sea técnica y ambientalmente viable.
  3. Urbanismo y construcción. La planificación urbanística puede integrar criterios de economía circular, como la optimización del uso del suelo, la utilización flexible de los edificios o el despliegue de infraestructuras verdes. A su vez, el otorgamiento de licencias de obra o rehabilitación puede vincularse al cumplimiento de requisitos como el uso de materiales con baja huella de carbono, la adopción de soluciones modulares o la consecución de objetivos de recuperación de los residuos generados.

Algunas ciudades europeas están activando estas y otras palancas, integrando explícitamente los principios de la economía circular en su estrategia y gestión operativa. El caso más paradigmático es Ámsterdam, que ha adoptado un enfoque sistémico con el objetivo de convertirse en una ciudad 100% circular en 2050.

Para ello, el ayuntamiento aprobó la estrategia "Amsterdam Circular 2020-2025" y ha lanzado una Agenda de Implementación 2023-2026 con más de 70 iniciativas, un equipo dedicado de en torno a 20 personas y un presupuesto de alrededor de 14 millones de euros.

Una oportunidad única

En España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presentó en 2019 un Modelo de Estrategia Local de Economía Circular, que ofrece a las administraciones locales un marco de posibles líneas de actuación en ámbitos como la minimización de recursos naturales, la gestión del agua, la sostenibilidad de los espacios urbanos, la promoción de espacios y conductas saludables y palancas transversales como la compra pública.

Este documento está alineado con la Agenda 2030 y la Agenda Urbana Española y busca servir de guía para que los ayuntamientos integren la circularidad en sus políticas municipales.

Actualmente podemos encontrar múltiples ejemplos de iniciativas circulares en las ciudades españolas, especialmente en áreas como la contratación pública y la gestión de residuos. Sin embargo, la economía circular como tal rara vez se formula como un eje prioritario y transversal para la ciudad y sigue siendo, en gran medida, un tema "invisible" en la narrativa estratégica municipal, al quedar diluida entre distintas políticas funcionales.

El próximo ciclo 2027-2031 de gestión municipal es una ventana de oportunidad única para impulsar la economía circular como un pilar estratégico de las ciudades españolas y capturar toda su contribución potencial en términos económicos, medioambientales y sociales. Sería una excelente noticia ver en los programas electorales del próximo año que la transición circular se aborda como un objetivo estratégico, respaldado por medidas concretas con alcance sistémico.

***Iñigo Jodra es fundador y CEO de ESGGIA.