La transformación digital representa el mayor experimento social del siglo XXI. Ninguna política, empresa o persona puede escapar a su influencia.
Por ello, las tecnologías que hoy impulsan la educación, la salud, la igualdad y la participación democrática están redefiniendo la manera en que se ejercen y protegen los derechos humanos.
De crearse un nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible, su enfoque debería ser garantizar que los derechos reconocidos en el mundo físico se protejan también en el entorno digital.
Durante años, los organismos internacionales han destacado la digitalización como motor del desarrollo. Con razón: la conectividad ha democratizado el acceso al conocimiento, ha acercado servicios esenciales y ha abierto nuevas oportunidades económicas y sociales.
Sin embargo, todo avance conlleva retos, y la tecnología acarrea un desafío particular: su imparcialidad. No es neutral, pues refleja las decisiones y valores de quienes la diseñan, programan y utilizan.
Esta dualidad, a la vez emancipadora y compleja, nos obliga a repensar cómo se protegen la libertad, la intimidad y la equidad en un mundo interconectado. Si el desarrollo sostenible aspira a que nadie quede atrás, es imprescindible garantizar que todos puedan ejercer plenamente sus derechos en el entorno digital.
Dos generaciones conectadas
En este escenario, donde la frontera entre libertad y vulnerabilidad se redefine a diario, conviven dos generaciones. Una aprendió a habitar lo digital con la memoria del mundo analógico, mientras que la otra nunca ha conocido la desconexión.
Esa doble perspectiva ha puesto en evidencia una brecha de derechos entre el mundo físico y el digital. Para los más jóvenes, la identidad, la amistad, el trabajo y el activismo se viven a través de pantallas.
No obstante, la arquitectura digital no siempre se ha diseñado pensando en su bienestar psicológico, ni en su capacidad de autodeterminación, entre otros derechos fundamentales.
Los derechos que considerábamos garantizados en las sociedades democráticas, como la privacidad, la seguridad o la libertad de expresión, necesitan hoy traducirse al lenguaje del código y la inteligencia artificial, que permea toda la esfera social.
Si la educación o la igualdad de género merecen un ODS, ¿por qué no la protección integral de los derechos fundamentales en la vida digital? La brecha ya no es solo tecnológica, es una diferencia sustancial de derechos.
Esto nos coloca, como sociedad, frente a la responsabilidad ineludible de garantizar que los usuarios de las tecnologías, especialmente los adolescentes y menores, puedan disfrutar de un sistema de derechos sólido, como el que protegió a las generaciones anteriores en el mundo físico.
Un futuro digital inclusivo
Una digitalización responsable no depende únicamente de leyes o códigos éticos. Esta transformación requiere de una cultura cívica que combine regulación, responsabilidad empresarial y alfabetización digital.
En este contexto, los gobiernos deben asegurar que la inteligencia artificial y la automatización, entre otras, se desarrollen con transparencia, rendición de cuentas y respeto a la diversidad.
Asimismo, las empresas tecnológicas deben pasar del lema "moverse rápido y romper cosas" a una ética del cuidado, protegiendo los datos de trabajadores y consumidores e invirtiendo en innovación social tanto como en innovación técnica.
Por su parte, los ciudadanos debemos ejercer una ciudadanía digital consciente, capaces de identificar cuándo se manipulan nuestras decisiones o se mercantiliza nuestra atención.
Este entramado institucional, empresarial y social no busca frenar el progreso tecnológico, sino orientarlo con una brújula moral.
Una tecnología justa y humanista no es utopía: es la base de un progreso verdaderamente sostenible.
Derechos al Futuro
De esta convicción nace Derechos al Futuro, un movimiento impulsado por más de cincuenta organizaciones —fundaciones, universidades, empresas y entidades sociales— que busca situar la dignidad humana en el centro de la revolución digital.
Su propuesta es clara y ambiciosa: que la innovación avance con equidad, ética y responsabilidad, y que la defensa de los derechos digitales se convierta en una causa compartida, no solo en un debate de expertos.
En clave ODS, Derechos al Futuro recuerda que sin derechos digitales no habrá justicia económica, igualdad de género ni instituciones sólidas. Una democracia sostenible requiere ciudadanos libres tanto en el mundo físico como en el virtual.
Un legado que se actualiza
En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció un consenso global sobre la dignidad. Hoy, la humanidad enfrenta un desafío similar: actualizar ese legado a los algoritmos.
No se trata solo de protegernos del abuso, sino de diseñar un ecosistema digital que amplíe nuestras capacidades y refuerce nuestra autonomía.
Defender los derechos al futuro es imaginar una modernidad en la que la tecnología potencie lo humano, en lugar de sustituirlo. Los ODS nos invitan a pensar en 2030. Los derechos digitales nos invitan a mirar más allá, hacia el tipo de ciudadanía que queremos construir en la era del algoritmo.
*** Luisa Alli es directora general de la Fundación Hermes y portavoz del Observatorio de Derechos Digitales.