En nuestro país, un reto común como el de la energía se ha transformado en un arma política arrojadiza que, lejos de fomentar soluciones, divide a una sociedad que no está dispuesta a renunciar al consumo energético pero que, al mismo tiempo, muestra reticencias ante la instalación de aerogeneradores, placas solares o plantas de biogás.
Estas últimas, aunque gozan de una aceptación social mayor que las controvertidas centrales nucleares, tampoco están exentas de polémica.
Garantizar un suministro eléctrico estable implica que las energías intermitentes; como la solar, la eólica o la mareomotriz, deban convivir necesariamente con fuentes de base, como la hidroeléctrica, la nuclear o el gas natural, entre otras.
A día de hoy, no es posible sostener un país únicamente con fuentes intermitentes, por mucho que algunos lo crean. La energía a nivel nacional no puede depender de las condiciones meteorológicas, es decir, no basta con esperar que sople el viento o que brille el sol de acuerdo a nuestras necesidades.
Los enamorados de las energías renovables contemplamos con esperanza los enormes progresos en términos de energía hidroeléctrica y, en particular, gracias a las nuevas centrales reversibles o de bombeo, donde podemos devolver el agua empleada para la generación de energía eléctrica al embalse original.
Esto abre una nueva puerta a las renovables en nuestro país, donde ya existen algunas plantas en funcionamiento y se han aprobado otras nuevas, como la proyectada por Iberdrola en Alcántara. No obstante, el agua, que a priori parece una energía limpia y segura, también es objeto de polémica política, aunque en este caso por acusaciones de derribos de presas y azudes.
Un tema casi prohibido en el debate parlamentario se asocia a la energía nuclear, sobre la cual siempre se ha preferido cerrar los ojos y seguir adelante, ya sea alargando la vida de algunas de sus centrales, cerrándolas o adquiriendo dicha energía eléctrica a países vecinos.
En Europa existe una fuerte división sobre la consideración de la energía nuclear, y esto complica la necesidad de abordar de forma comunitaria el abastecimiento y la independencia energética de los Estados miembros.
Sinceramente, es una lástima no contemplar un debate serio sobre ella en nuestro país, independientemente de la decisión final que se pueda tomar.
Los famosos reactores modulares pequeños, conocidos como SMR, han comenzado a operar en China y Rusia, son mucho más seguros que las plantas convencionales al contar con sistemas pasivos de seguridad y son capaces de generar hasta 300 megavatios.
Desde luego, lo que carece de sentido ético es adquirir la energía de plantas nucleares de otros países por no querer tener plantas en tu propio país.
Las plantas de biogás se concibieron en Europa como un recurso eficaz para disponer de combustible destinado a la producción de energía eléctrica.
Alemania es un claro ejemplo de esta apuesta por el biogás, como lo demuestra con sus más de 10 000 instalaciones en operación. Una infraestructura tan sólida responde, en gran medida, a los incentivos que han promovido que prácticamente cada granja del país disponga de una planta de biogás.
Evidentemente, esto permite reducir las emisiones a la atmósfera y lograr una mejor gestión de los residuos, con la consiguiente ventaja de transformar un desecho en un combustible útil.
En España, pese a que alrededor del 10% de las emisiones proceden de la ganadería, no se ha apostado por la implementación de estas plantas, que contribuirían a mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo.
La construcción de estas instalaciones en nuestro país tampoco está exenta de discusión. Independientemente del tipo de residuo que traten, suelen surgir movimientos y asociaciones en contra de su desarrollo, motivados en muchos casos por razones políticas que no siempre se basan en criterios científicos. Ya que siempre será peor seguir acumulando residuos en vertederos que intentar tratarlos y mitigar sus efectos.
La realidad es que, aunque nos consideremos ecologistas, pocas personas están dispuestas a renunciar a las comodidades que nos brinda el siglo XXI.
Un ejemplo claro es el proyecto de la planta de biogás de Colmenar Viejo, donde una solución que podría ser positiva para muchos de nuestros residuos permanece estancada por motivos políticos que no responden a los datos técnicos. ¿Acaso es mejor depositar los residuos en un vertedero o valorizarlos? ¿Existen otras formas más eficaces de reducir su impacto ambiental?
Reducir las emisiones de carbono exige tratar los residuos de los que somos responsables como ciudadanos y como productores, y entender que nuestro problema no termina cuando el camión de la basura se lleva lo que generamos.
La creciente sensibilización social en torno al medio ambiente debe ayudarnos a comprender que nuestros residuos contaminan el planeta en su conjunto, no solo nuestras calles o municipios.
Somos muy sensibles en este país al tema de la proximidad: cuanto más lejos está algo, menos creemos que nos afecta. Sin embargo, olvidamos que esta forma de pensar nos mantiene en una dependencia infantil de terceros, aquellos que nos suministran la energía y se hacen cargo de nuestros residuos.
Es hora de despertar a una madurez verde que nos permita entender que, si somos capaces de generar nuestra propia energía, no dependeremos de otros para obtenerla. Cabe recordar en este punto la guerra de Ucrania, o los apagones, que han puesto de manifiesto que, por muy europeos que seamos, somos tan vulnerables como cualquier otro país.
Garantizar la seguridad energética, modernizar las instalaciones tradicionales o poner en marcha nuevas plantas de producción es esencial para lograr la estabilidad de la que sabemos que actualmente carecemos.
Un debate responsable sobre la cuestión energética en España exige el compromiso político, una verdadera concienciación ambiental por parte de los ciudadanos y un plan de futuro para el país.
Es hora de debatir, de forma seria, abierta y transparente, cómo queremos afrontar el porvenir. Y eso no pasa por imponer, sancionar u olvidar a ningún sector de la sociedad, sino por construir una hoja de ruta que nos permita alcanzar la independencia energética.
***Alberto García-Peñas es director del Máster Universitario en Ingeniería Circular de la Universidad Carlos III de Madrid.