La cultura y las industrias creativas constituyen pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y la cohesión social en Iberoamérica.

De acuerdo con un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la CEPAL, en 2019, las industrias culturales y creativas representaron entre el 1,7% y el 3,2% del empleo total en la región, demostrando ser un sector vibrante y en continua transformación.

Y es que, en los últimos diez años, la contribución del sector cultural al PIB en los países iberoamericanos ha superado el 3%. Esto revela que la cultura no solo debe ser vista como un componente vital de la economía regional, sino también como un ámbito con alta capacidad de empleabilidad y que atiende a la diversidad étnico-racial, de género y etaria.

Pese su impacto, una de las principales problemáticas que enfrentan las personas artistas y trabajadoras de la cultura es la falta de reconocimiento de su labor como digno y con valor social.

La naturaleza de su trabajo presenta condiciones particulares: intermitencia, multifuncionalidad, independencia, informalidad, precariedad, formación autodidacta, movilidad y baja asociatividad.

Estas características limitan el ejercicio de derechos fundamentales, como los derechos laborales, tributarios, de seguridad social y de protección de derechos de autor, así como otros conexos.

En el ámbito laboral, la definición de la figura de la persona artista no es clara en muchos países, y las dinámicas de trabajo, por lo general, no ofrecen las mismas garantías y derechos que se reconocen en otros sectores.

Esto conduce a que muchos artistas y gestoras de la cultura trabajen en la informalidad, sin una remuneración adecuada, en condiciones de inestabilidad e inequidad salarial, y sin contratos que respalden sus derechos.

La falta de reconocimiento formal también afecta su acceso a la seguridad social, dejando a muchas en situación de vulnerabilidad frente a riesgos laborales, sin seguros adecuados ni protección ante accidentes de trabajo.

Por otro lado, en materia de derechos de autor y conexos, existe un amplio desconocimiento por parte de las propias personas artistas sobre cómo proteger sus obras y derechos, lo que los hace vulnerables a abusos y apropiaciones indebidas, especialmente, en un contexto de digitalización y avances en inteligencia artificial que transforman la producción y monetización artística.

La explotación irresponsable y desigual de sus obras se ha convertido en una problemática creciente que requiere atención urgente.

Por no hablar del campo tributario, en el que el sector cultural enfrenta vacíos y disputas fiscales debido a la heterogeneidad de sus actividades.

La inestabilidad laboral, la diversidad de oficios y la variabilidad en la capacidad contributiva dificultan la aplicación de criterios fiscales que promuevan el sector.

La circulación de bienes culturales también resulta costosa en términos impositivos, y existe una falta de claridad en el tratamiento de patrocinios, apoyos económicos y exoneraciones fiscales que consideren el retorno social del arte y la cultura.

Frente a estos desafíos, organismos internacionales y regionales tienen un rol fundamental en el desarrollo de propuestas normativas, mapeo de instrumentos replicables en los territorios y programas de cooperación técnica que incidan en estas problemáticas.

A nivel global, destacan la Recomendación de 1980 de la Unesco sobre la condición del artista, la Convención de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, y el Programa Unesco-Aschberg para personas artistas y profesionales de la cultura.

En el ámbito iberoamericano, la Carta Cultural Iberoamericana de 2006 establece un marco de referencia para la articulación de políticas culturales comunes, a la vez que el informe de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) sobre la seguridad social de la persona artista de 2022 nos da pistas respecto al desafío de garantizar una reforma justa para el sector.

Algunos países iberoamericanos han avanzado en la implementación de medidas de protección. España y Portugal, por ejemplo, han avanzado estatutos que sirven como referentes para la región.

Asimismo, destacan iniciativas como el proyecto Condiciones de trabajo digno para artistas jóvenes en Costa Rica, el informe sobre las condiciones laborales en Perú, y la recién aprobada "Política Regional para la Promoción y Protección de las Personas Artistas y Trabajadoras de la Cultura de la Región SICA al 2030", realizada por el Sistema de la Integración Centroamericana con el apoyo de Unesco.

En este contexto, la OEI, en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y con el apoyo de la Fundación Alternativas y Unesco, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para desarrollar un estatuto de la persona artista y trabajadora de la cultura en Iberoamérica.

Este marco referencial busca atender a las necesidades comunes del sector, respetando las especificidades nacionales y ofreciendo asistencias técnicas para mejorar las condiciones laborales, tributarias, de seguridad social y de protección de derechos de autor.

También busca promover un diálogo entre los países que comparten desafíos similares y fomentar el intercambio de experiencias.

El pasado mes de julio y este mes de agosto han marcado un hito en este proceso: tras culminar un diagnóstico situacional en la región, se inició una etapa de diálogo participativo para la construcción del estatuto, con la conformación de un comité intergubernamental integrado por 19 países, además de instancias de consulta con la sociedad civil y expertos en la materia.

Se espera que el proceso concluya a finales de 2025 con la presentación del documento final —que estará disponible para su descarga libre y gratuita— y que, en 2026, la OEI emprenda su puesta en marcha en terreno de la mano de los países que requieran su asistencia técnica.

El gran interés de los países iberoamericanos en este proceso demuestra que la cooperación internacional sigue siendo clave para avanzar en la implementación de políticas públicas apoyadas en la evidencia y en el intercambio de prácticas y experiencias que se producen en estos valiosos espacios de encuentro y escucha activa.

*** Mariana Soares Ribeiro es especialista en Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).