La contaminación generada por el acelerado ritmo de consumo y descarte de dispositivos electrónicos se ha convertido en uno de los mayores desafíos medioambientales del siglo.

Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, la vida útil de estos aparatos decrece a la misma velocidad a la que aumenta el volumen de residuos tecnológicos. 

Ante esta realidad, resulta imprescindible adoptar medidas que mitiguen este impacto y promuevan una mayor concienciación social sobre la importancia de adoptar hábitos de uso más responsables con el entorno.

Uno de los factores de esta crisis es la obsolescencia programada, una práctica que acorta la vida útil de los dispositivos para incentivar su reemplazo.

En España, la vida promedia de un smartphone apenas supera los 3,5 años, según un estudio de Amigos por la Tierra y el Instituto de Energía y Eficiencia. Esta sustitución rara vez se debe a fallos irreparables, si no a diseños que dificultan la restauración y piezas de recambio escasas.

Como consecuencia, la explotación de recursos naturales se dispara y la generación de residuos crece cinco veces más rápido que nuestra capacidad para reciclarlos, tal y como alerta el Global E-Waste Monitor.

Para hacer frente a esta problemática, la Comisión Europea ha aprobado el Reglamento 2023/1669, introduciendo la obligatoriedad de incorporar una etiqueta energética estandarizada en tablets y smartphones comercializados en el mercado europeo.

En vigor desde el 20 de junio, el nuevo sistema recoge información actualizada sobre eficiencia energética, autonomía de la batería, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad del producto. 

Un sistema de clasificación, similar al de electrodomésticos y televisiones, se extiende ahora a la electrónica de uso cotidiano, respondiendo a estudios preparatorios de la propia Comisión que señalan un amplio margen de mejora en la sostenibilidad de estos dispositivos.

De hecho, se estima que esta medida permitirá reducir el gasto energético en un 35% para 2030.

Esta normativa, junto al también aprobado Reglamento 2023/1670 relativo al ecodiseño, suponen un reto considerable para la industria tecnológica, ya que obliga a las empresas a revisar sus procesos.

No se trata únicamente de certificar parámetros técnicos con métodos estandarizados, sino de garantizar que la información permanezca actualizada durante toda la vida útil del producto, incluyendo reevaluaciones obligatorias tras cada actualización de software. 

En la práctica, los fabricantes ahora deberán garantizar el acceso a piezas de repuesto críticas en un plazo de cinco a 10 días laborables durante al menos siete años tras el final de la comercialización del producto en el mercado europeo, o la disponibilidad de actualizaciones del sistema operativo durante mínimo cinco años.

El incumplimiento de las normativas podría traer desde multas hasta la retirada de los dispositivos de los puntos de venta.

No obstante, este esfuerzo de las marcas puede verse recompensado si se aprovecha como una palanca para posicionarse, convirtiendo los nuevos requisitos en mensajes claros alineados con las expectativas reales de sus clientes. 

Cumplir con la nueva normativa brinda a las compañías una oportunidad única para destacar en un mercado cada vez más exigente. En el contexto actual, donde la confianza es un bien escaso y el escepticismo crece, comunicar con trasparencia facilita establecer un vínculo con el usuario final. 

Además de mostrar una letra o un número, se trata de llevar a cabo una labor divulgativa para traducir datos técnicos complejos en mensajes claros.

Si se presenta correctamente, esta información puede permitir a los fabricantes evidenciar su compromiso genuino con la sostenibilidad y la calidad, principios apreciados por los consumidores. 

La etiqueta se convierte así en una herramienta para conectar con un público que busca marcas coherentes con sus valores.

Las empresas pasan de vender un producto a construir una comunidad alrededor de un propósito compartido, abriendo la puerta a nuevas oportunidades en un mercado que valora el compromiso real con el medioambiente.

En este sentido, las nuevas regulaciones establecen un camino para que las empresas se posicionen como agentes activos en la protección del entorno.

No en vano, el éxito de esta transición dependerá de la voluntad colectiva de avanzar hacia un consumo responsable, un modelo tecnológico más respetuoso y una comunicación más transparente.

*** Ángel Gallego es director de evercom tech.