El greenwashing, también conocido como ecoblanqueo o lavado de imagen verde, es uno de los principales riesgos durante años advertido por la Unión Europea, que se ha convertido en una preocupación creciente a medida que el mundo se enfrenta a la necesidad urgente de prácticas sostenibles.
¿En qué consiste? Básicamente, en la práctica engañosa de representar una imagen falsa de respeto al medio ambiente. Este es el caso por ejemplo, del marketing verde, que presenta productos como 'verdes', 'CO2 neutrales' o 'sostenibles', cuando ninguna de esas etiquetas se corresponde con la realidad. O en el caso de las finanzas sostenibles, cuando el objeto de la financiación denominada como 'verde' o 'social', no se cumple.
La propia Comisión Europea ha indicado que el 53% de las declaraciones medioambientales examinadas son vagas, engañosas o infundadas, un 40% no cuenta con evidencia para respaldarlas, y el 50% de las etiquetas verdes no ofrecen ningún tipo de verificación.
Con el objeto de abordar este problema y atajarlo mediante una regulación apropiada, en un esfuerzo conjunto, la Unión Europea y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos están adoptando medidas significativas para combatir y promover una verdadera responsabilidad sostenible.
Dentro del plan estratégico de la UE en materia de sostenibilidad y finanzas sostenibles, se han desarrollado una serie de normas que aportarán tanto seguridad jurídica y condiciones de competencia equitativas para las empresas, como más transparencia a los consumidores e inversores.
El 10 de marzo de 2021 entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, conocido como SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), cuyo objetivo es aumentar la claridad y la transparencia sobre las características medioambientales y sociales de los productos financieros.
En sus poco más de dos años de vida, esta norma ha supuesto un cambio fundamental en el mundo de la inversión sostenible: los inversores pueden ya tomar decisiones más informadas sobre cuestiones de finanzas sostenibles, tienen mayor y mejor información al decidir sobre sus inversiones, y les permite comparar de una manera más homogénea los productos ofrecidos por las distintas entidades financieras.
Como un paso más en la aplicación de la estrategia de la Unión Europea sobre la transición hacia una economía neutra desde el punto de vista climático y eficiente en el uso de los recursos, el pasado 30 de noviembre se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) 2023/2631 sobre los Bonos Verdes Europeos.
Este Reglamento establece unos requisitos uniformes para que los emisores de bonos que deseen utilizar la denominación de 'bono verde europeo' o 'BVEu' lo hagan de una manera homologada y transparente. Además, fomenta la coherencia y comparación en el mercado de bonos verdes, lo cual beneficiará sin duda tanto a emisores como a inversores.
Con el objeto de abordar el problema del greenwashing en el ámbito del consumo, el pasado 22 de marzo la Comisión Europea presentó su propuesta de Directiva sobre justificación y comunicación de declaraciones medioambientales explícitas (Green Claims Directive), conocida también como Directiva de Greenwashing.
Esta Directiva tiene como objetivo que las declaraciones y etiquetas medioambientales sean creíbles y confiables, y por tanto protegerá a los consumidores de la información engañosa ofrecida por las empresas acerca del impacto medioambiental positivo de sus prácticas, productos y servicios.
Para ello, establece unos criterios comunes para un mayor control y transparencia a esas etiquetas que de manera voluntaria utilizan algunos fabricantes para promocionar sus productos. Tengamos en cuenta que actualmente existen aproximadamente 230 etiquetas diferentes, lo que genera desconfianza y confusión entre los consumidores.
Junto a las tres normas citadas, cabe también destacar en línea con el Pacto Verde Europeo presentado por la Comisión Europea el 11 de diciembre de 2019, la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad de 23 de febrero de 2022. El objetivo de esta norma es fomentar un comportamiento corporativo ético y sostenible.
Otra norma clave es la Directiva sobre presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSDR), que entró en vigor el 5 de enero de 2023, y que pretende que las empresas integren los criterios ESG, que son ya una realidad.
Por su parte, la SEC formó en 2021 un Grupo de Trabajo sobre clima y ESG con el objetivo de sancionar a empresas involucradas en prácticas de greenwashing, e identificar de manera proactiva incumplimientos de obligaciones de transparencia e inversión en materias ESG.
El pasado 20 de septiembre, la SEC fue más allá al anunciar la modificación del 'Names Rules', bajo el Investment Company Act, por la cual cualquier fondo de inversión que indique en su nombre que apoya objetivos ambientales, sociales o de gobernanza debe invertir al menos el 80% del valor de sus activos en inversiones que apoyen dichos objetivos. Y aunque esto pueda parecer obvio, no siempre ha sido así.
Conscientes de la universalidad del comercio y la economía, la UE y Estados Unidos están llevando a cabo iniciativas conjuntas como campañas de concienciación pública, intercambio de información y esfuerzos legislativos coordinados, para crear un frente unificado contra las prácticas sostenibles engañosas.
Sendos reguladores están intensificando su escrutinio sobre las prácticas corporativas a efectos de identificar y sancionar los casos de greenwashing, lo que implica auditorías rigurosas, investigaciones e imposición de multas a las empresas declaradas culpables de engañar al público con falsas afirmaciones de sostenibilidad. No cabe duda de que estas medidas actuarán como elementos disuasorios y animarán a las empresas a adoptar auténticas prácticas sostenibles.
La lucha contra el greenwashing requiere de un esfuerzo concertado a escala mundial. A medida que se vaya fortaleciendo el marco normativo, se homogenicen los criterios ESG y se profundice en la colaboración internacional, el mundo se acercará cada vez más hacia un futuro en el que las prácticas sostenibles no serán sólo una herramienta de marketing, sino un compromiso genuino para mantener un planeta más verde y saludable.
***Silvia Madrid es Head of Legal & Compliance en UniCredit
