¿Qué es la pobreza energética?
El Gobierno presenta el Plan Social para el Clima con un año de retraso: 9.099 millones para proteger a vulnerables
Las ayudas podrían entrar en vigor a finales de año si se cuentan con los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados.
Más información: Falta consenso en el Congreso: España pierde 9.000 millones de euros del Plan Social para el Clima para familias vulnerables
El Gobierno ha sometido a información pública el esperado Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC) dotado con 9.099 millones de euros para proteger a los colectivos más vulnerables ante la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles.
Pese a que, según mandato de la Comisión Europea, tenía que haberse presentado en junio del año pasado, la presión de los grupos sociales y ecologistas ha permitido finalmente que los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Transportes y Movilidad Sostenible y de Vivienda y Agenda Urbana hayan agilizado finalmente el trámite.
La intención del Ejecutivo es remitirlo, debidamente consensuado y antes de que concluya el presente 2026, a la Comisión Europea para su aprobación.
"El anuncio de la presentación del borrador del Plan Social para el Clima es una noticia positiva, que llevábamos casi un año esperando, habida cuenta de los plazos que marca al respecto la normativa europea", ha dicho Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima Justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, a ENCLAVE ODS.
"Aunque todas las medidas propuestas en el borrador del Plan Social para el Clima son positivas desde el punto de vista de la movilidad sostenible hay varias de ellas que, en nuestra opinión, no parece que puedan considerarse plenamente coherentes con lo dispuesto en el reglamento europeo del Fondo Social para el Clima".
Y ha puesto varios ejemplos. "La construcción de infraestructuras (carriles bus, carriles bici...) o instalación de puntos de recarga eléctrica no están destinados a los colectivos vulnerables, objeto de este Plan, sino a cualquiera que los use".
"El Gobierno no debe olvidar que el objetivo del Fondo Social para el Clima es beneficiar a los usuarios vulnerables y no financiar con ese dinero proyectos que favorecen genéricamente a cualquier usuario, sea vulnerable o no".
Pero ha reconocido que "afortunadamente, hay otras medidas, como la del abono único social, descarbonización del transporte pesado, o las de transporte a demanda y movilidad compartida en el medio rural, que van muy en línea con nuestras propuestas".
Ayudas sociales
Según el comunicado del Gobierno, la transición energética es una oportunidad para las empresas y las familias de reducir su exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, ganando en competitividad, calidad de vida y contribuyendo a la vez a la lucha contra el cambio climático.
El PSpC, que abarca el periodo 2026-2032, centrará su capacidad inversora en colectivos vulnerables, en dos ámbitos clave: los edificios y del transporte por carretera.
En concreto, busca reducir las necesidades energéticas de los hogares y las empresas vulnerables con medidas de eficiencia energética, así como el acceso a alternativas de movilidad limpias y asequibles para estos colectivos.
Cofinanciado por la UE
El PSpC se enmarca en el Fondo Social para el Clima, iniciativa europea destinada a proporcionar a los Estados miembros recursos para financiar inversiones estructurales en los ámbitos de la edificación y el transporte por carretera. Los 9.099 millones destinados serán aportados por España en un 10,52% de los recursos totales y una aportación nacional del 25% del presupuesto total del Plan.
La distribución de los fondos se estructura en dos grandes áreas: el 52% del presupuesto (4.723 millones) se destinará al sector de los edificios, mientras que el 48% restante (4.376 millones) se dirigirá al sector del transporte.
Sólo serán elegibles los hogares vulnerables, especialmente aquellos en situación de pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas que no disponen de recursos para rehabilitar sus viviendas.
También se incluyen los usuarios de transporte vulnerables, afectados por la falta de alternativas viables al vehículo privado de combustión, así como las microempresas —de menos de 10 empleados y menos de dos millones de facturación anual—, con una elevada dependencia de combustibles fósiles en sus flotas.
Vivienda asequible
El objetivo es modernizar el parque residencial español, que todavía presenta un elevado número de viviendas con baja eficiencia energética.
Las medidas previstas buscan reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico frente a fenómenos meteorológicos extremos y disminuir de forma significativa las emisiones de CO2.
Para ello se prevé promocionar vivienda asequible (1.813 millones) con la construcción de nueva vivienda asequible y la rehabilitación integral de edificios actualmente sin uso residencial. También rehabilitar barrios y entornos urbanos vulnerables (1.220 millones).
Se priorizarán zonas con mayores índices de vulnerabilidad, incluyendo rehabilitación energética, climatización renovable o el desarrollo de redes de calor y frío de distrito.
Otra partida será para la rehabilitación de edificios residenciales (923 millones) y otro tanto para viviendas individuales (278 millones), comunidades energéticas y consumidores activos (300 millones).
Por último, unos 162 millones será para medidas de rápida ejecución para hogares en situación de urgencia térmica y actuaciones de mejora de climatización en centros públicos educativos y asistenciales.
Movilidad sostenible
En este capítulo se movilizarán 4.376 millones con el objetivo de facilitar el acceso a alternativas limpias, reforzar la cohesión territorial y reducir la pobreza de transporte, así como apoyar a microempresas y autónomos cuya actividad está centrada en el transporte por carretera.
Entre las opciones se incluye descarbonizar el transporte por carretera (2.269,6 millones), con 846,2 millones a apoyar la renovación de flotas de vehículos pesados por vehículos eléctricos en microempresas vulnerables mediante ayudas que podrán cubrir hasta el 100% de ese sobrecoste, así como el achatarramiento de vehículos anteriores a 2020 (que emiten unas siete veces más NOx que uno nuevo).
También 642 millones para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros de trabajadores autónomos y microempresas vulnerables. Además, se incluyen 381,4 millones para la electrificación de flotas de transporte público urbano y una partida transversal de 400 millones para el despliegue de puntos de recarga en las instalaciones propias de las empresas.
Por otro lado, se financiarán carriles reservados para autobuses por valor de 224,3 millones y se impulsará un sistema tarifario unificado mediante el 'Abono Único Social' (740,5 millones), únicamente disponible para los colectivos vulnerables —como los perceptores del Ingreso Mínimo Vital— que permitirán viajes ilimitados y multimodales con tarifas altamente reducidas.
Por último, se plantea una línea de movilidad rural a la demanda y compartida (702 millones), financiando plataformas digitales y flotas de cero emisiones destinadas a servicios de transporte a demanda (551 millones) y soluciones de movilidad compartida local (151 millones), también la movilidad activa con 370,5 millones, intermodalidad (26,2 millones) y puntos de intercambio para carpooling (43 millones).
"Esperamos que todos los partidos políticos expresen su apoyo a la transposición de la nueva directiva ETS [Directiva (UE) 2023/959, adoptada en mayo de 2023], cuyo trámite parlamentario se encuentra estancado desde hace meses, y cuya aprobación es necesaria para poder empezar a recibir el dinero europeo del Fondo Social para el Clima" que supone el 75% de los 9.099 M€ de los que contará el Plan Social para el Clima en España", ha concluido Carlos Bravo a este diario.
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