Yasmin y su hija Yairy, el rostro de la lucha por una educación inclusiva.
La barrera del 25% de discapacidad: el nuevo Real Decreto que reduce el apoyo a escolares con sordera en España
El Ministerio de Educación supedita las becas a un porcentaje administrativo, ignorando el criterio del docente y la realidad de la infancia en las aulas.
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A sus 12 años, Yairy Alejandra no sabe de leyes, pero conoce bien el silencio. En su habitación de Elda (Alicante) dibuja personajes de anime y sueña con ser veterinaria, mientras la música que tanto le gusta suena a través de su nuevo implante auditivo. Ella tiene hipoacusia bilateral, una reducción de la capacidad de oír en ambos oídos que dificulta procesar el lenguaje.
A pesar de que su familia y sus profesores en 1º de la ESO saben que sin apoyo técnico Yairy se desconecta del aula, para el Estado español su sordera "ha mejorado". Al menos, desde un análisis burocrático, no científico ni pedagógico. Un reciente cambio de valoración le otorgó un 22% de discapacidad.
Ese número, aparentemente inofensivo, es hoy un muro. Al no alcanzar el 25% que exige el nuevo Real Decreto 179/2026, Yairy ha quedado fuera de las becas de apoyo educativo.
"Para mi hija, contar con una valoración justa no es un lujo, es una necesidad", explica su madre, Yasmin, quien ahora debe hacer una reestructuración financiera para costear de su bolsillo la logopedia que el gobierno ya no cubre.
Yasmin cuenta que, sin los implantes auditivos, "mengua su rendimiento académico y su seguridad al relacionarse e interactuar con la sociedad que la rodea, se frustra y se vuelve más introvertida". Algo que ha quedado demostrado por el tiempo que estuvo sin ellos.
En España, más de 1,2 millones de personas conviven con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado. Según la última Encuesta de Discapacidad del INE. A esta cifra se suman 3.400 niños y niñas de entre 2 y 5 años que, como Yairy, dependen de un apoyo temprano para no quedar rezagados.
De hecho, los datos de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia revelan que cada año cerca de 1.890 nuevas familias reciben el diagnóstico de sordera de un hijo.
Es una realidad que impacta mayoritariamente, en más del 95% de los casos, en hogares donde los padres son oyentes y carecen de experiencia previa para gestionar esta discapacidad.
Diagnóstico de oficina
La historia de Yairy no es un caso aislado, sino el síntoma de un cambio de lógica que comenzó en 2020. Hasta entonces, la llave para acceder a las ayudas era el informe psicopedagógico del centro escolar. Si un profesor detectaba que un niño necesitaba apoyo, la beca se concedía.
Sin embargo, el sistema actual ha desplazado la decisión de las aulas a los despachos administrativos. Ahora, el derecho al apoyo depende de un certificado de discapacidad que mide la dificultad para las tareas de la vida diaria pero que, según denuncia Raquel Prieto, directora general de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) , "en absoluto valora las necesidades educativas".
Se evalúa cómo vive el niño, pero se ignora cómo aprende. Prieto agrega que les sorprende que soliciten como acreditación "algo que no valora en absoluto la necesidad educativa, sino cómo se desenvuelven en la vida". Máxime cuando son unas becas destinadas a cubrir las carencias generadas por una necesidad educativa especial, derivada de una discapacidad. "Evidentemente, nos quejamos".
Esta barrera administrativa crea una brecha social insalvable, mientras unas familias pueden pagar apoyos privados, otras ven cómo el futuro de sus hijos se detiene por falta de recursos.
Laura hace patinaje artístico y acrobacia aérea en telas y trapecio, deportes que exigen esfuerzo. Foto Cedida
A cientos de kilómetros de Elda, en Badajoz, Laura vive atrapada en la misma red burocrática. Al igual que Yairy, tiene 12 años, es una deportista apasionada del patinaje artístico y sueña con ser cirujana. Su diagnóstico es claro: hipoacusia neurosensorial bilateral moderada-severa, en los dos oídos. Pero su certificado oficial marca un 24% de discapacidad.
Por un solo punto porcentual, Laura ha perdido el acceso a los apoyos que la Administración antes sí le prestaba. Su padre, Juan Diego, resume la frustración de miles de familias: "Ponen un requisito administrativo para excluir a personas, sin evaluar sus necesidades reales en el entorno escolar".
En clase, la profesora utiliza un micrófono conectado por Bluetooth a los audífonos de Laura, lo que le permite seguir mejor la explicación, aunque no logra oír con la misma claridad a sus compañeros.
El muro del 25% que frena a Laura es una miopía legislativa ante un problema de salud pública creciente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50% de los jóvenes de entre 12 y 35 años en los países desarrollados ya están en riesgo de sufrir pérdida de audición por el ruido excesivo y el uso inadecuado de dispositivos.
Además, la sordera ya no es solo una cuestión de vejez extrema. La Sociedad Española de Otorrinolaringología advierte que la presbiacusia está apareciendo precozmente en torno a los 50 años.
Proteger hoy la educación de quienes la padecen es preparar un sistema que, tarde o temprano, tendrá que atender al 10,6% de la población que, según el estudio Eurotrak 2023, ya tiene serias dificultades para entender una conversación en un tono de voz normal.
Advertencias internacionales
En febrero de 2026, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, recomendó a España que las ayudas al estudio fueran independientes del grado de discapacidad. Una advertencia que, por ahora, el Ministerio de Educación ha decidido ignorar en su último Real Decreto.
Para la directora general de FIAPAS, el mantenimiento de este umbral en el nuevo Real Decreto no es solo una "oportunidad perdida", sino una decisión que ha agotado la vía del diálogo institucional.
Raquel Prieto, directora general de FIAPAS. Foto cedida
Tras tres años intentando que el Ministerio de Educación corrigiera lo que consideran un error administrativo, la organización ha decidido trasladar la batalla a los tribunales. Actualmente, tanto FIAPAS como el CERMI (la plataforma que aglutina a las principales organizaciones de la discapacidad en España) mantienen un recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional, a la espera de una sentencia que devuelva el sentido común a las aulas.
"Presentamos ese recurso porque durante años intentamos hacer ver al Ministerio el error que cometía y no lo conseguimos", explica Prieto. La demanda busca proteger el derecho a la educación de todo el alumnado con necesidades especiales derivadas de una discapacidad, sin restricciones ni porcentajes arbitrarios.
El objetivo jurídico es claro: que la llave de las ayudas vuelva a ser el informe del equipo pedagógico, que es quien realmente conoce las barreras del niño, y no un baremo de discapacidad que ignora el entorno escolar.
Meta sin base
El nuevo Real Decreto ha destacado una mejora para la etapa universitaria, la posibilidad de que los estudiantes con discapacidad reduzcan su carga lectiva sin perder la beca, además de un incremento en las cuantías para quienes superen el 25 % de discapacidad.
Sin embargo, para FIAPAS, este avance funciona como un "espejismo" que oculta una realidad más cruda en las etapas obligatorias. Es decir, de la educación infantil a la secundaria. Estos son los años donde se construye el cimiento de todo el futuro.
Como advierte Prieto: "De nada sirve facilitar la estancia en la facultad si previamente se ha retirado la escalera necesaria para que los niños con sorderas leves o moderadas puedan siquiera completar su formación básica en igualdad de condiciones".
Este análisis se fundamenta en una realidad biológica y pedagógica: la plasticidad cerebral se da en etapa temprana, especialmente de los 0 a los 6 años. Un momento fácilmente moldeable y donde los aprendizajes se producen de forma más autónoma.
Al negar las becas de apoyo, el Estado ignora que la inclusión real no empieza en la universidad, sino en el aula de primaria, donde un niño necesita logopedia y apoyo escolar para adquirir el lenguaje y el resto de los aprendizajes y no quedar rezagado.
